David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a primera hora a la Audiencia de Badajoz, donde se le juzgará por una supuesta contratación irregular vinculada a la Diputación de Badajoz y por la que las acusaciones reclaman hasta tres años de cárcel. En total, once personas se sientan en el banquillo de los acusados, incluido el antiguo líder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
El juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación alguna, arranca con las cuestiones previas y la próxima semana será el turno de los testigos. Los acusados declararán ya en el tramo final.
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Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, analiza en el libro La corrupción en España. Un problema enquistado la desafección ciudadana de lo que, señala, es un problema sistémico y crónico. En Las mañanas de RNE hablamos con el coautor de esta obra que aborda causas estructurales, casos destacados y el impacto en la democracia y la economía.
En un momento marcado por las ya habituales investigaciones a las principales fuerzas políticas del país Jiménez propone hacer una reflexión y cambiar de actitud tras "200 años construyendo un régimen liberal con pies de barro". Asegura que existen dos problemas principales: "la falta de responsabilidad política" y "no atacar los incentivos que generan los comportamientos corruptos".
El juez Santiago Pedraz sitúa en el centro de la trama para dificultar causas judiciales contra el PSOE al exsecretario de organización, Santos Cardán, también a Leire Díez y al empresario Pérez Dolset como ejecutores. Y como colaboradores necesarios a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, al abogado de Cérdan, Jacobo Teijelo, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Leire Díaz y Doset saltaron a los medios hace ya un año.
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Pedro Sánchez repite que agotará la legislatura: "Son cuatro años y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno de España". No cede a la presión de la oposición, de una parte de sus socios e incluso de algunos socialistas críticos: "Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista", ha señalado este miércoles desde Roma.
Dice que lo que ha conseguido el Gobierno no puede ser impugnado por las investigaciones en marcha. La entrada de la UCO en Ferraz le ha pillado llegando al Vaticano.
"Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no de un registro. Sin restar importancia a la gravedad de estas investigaciones", ha apuntado Sánchez.
Desde Roma, garantiza colaboración y defiende la respuesta de su partido ante el caso Leire Díez hace un año. Sánchez se ha enterado por los periodistas de que la gerente del PSOE estaba imputada. Pide para ella respeto a la presunción de inocencia. Igual que para Zapatero, una vez leído el auto y el sumario del caso: "Todo mi apoyo. No hay motivos para cambiar esa posición".
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El auto que hemos conocido este miércoles investiga si en el PSOE se montó una estructura para obstaculizar las causas judiciales abiertas contra el partido o el Gobierno. Ese auto señala el momento que supuso un punto de inflexión para actuar. Y ese momento es, siempre según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los cinco días de abril de 2024 cuando el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se retiró a reflexionar tras la imputación de su esposa.
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Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no convoque elecciones tras conocer el último supuesto caso de corrupción: la trama para socavar las causas judiciales del PSOE. Muñoz asegura que los socialistas llevan tiempo "traspasando la líneas rojas" y dilucida que si el presidente no convoca elecciones es porque "ya no tiene futuro político".
También ha atacado a los socios del Ejecutivo. En concreto, de Sumar ha dicho que "es cooperador necesario de la corrupción del partido socialista", después de que Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, les haya recordado el pasado judicial del PP. Según la portavoz del PP en el Congreso, "no solamente pueden dar lecciones, sino todas las que consideren oportunas."
En cuanto a la posibilidad de que los populares presenten una moción de censura, Muñoz confiesa que no ha hablado con ningún partido político sobre esa cuestión.
Tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, repasamos cómo se regula en los países de nuestro entorno la actividad de los exgobernantes en la empresa privada, desde Francia hasta Alemania. Fuera de Europa, Canadá es uno de los países que exige mayor ejemplaridad a sus políticos.
Justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunía en el Vaticano con el papa León XIV, todos los focos estaban puestos en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz. Hasta allí se desplazaron agentes de la UCO para una diligencia vinculada con las investigaciones abiertas a la exmilitante Leire Díez.
Sánchez ha prometido "colaboración" con la justicia y actuar con "contundencia" si se destapan nuevas irregularidades. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que también ha reiterado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa abierta por las presuntas corruptelas vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información por los presuntos pagos irregulares del partido a la exmilitante socialista Leire Díez vinculados a "supuesta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno". Además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en esta causa al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a la propia Leire Díez, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, entre otros.
Desde Roma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado colaboración tras las entrada de la UCO en Ferraz.
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Quedan menos de 24 horas para uno de los juicios del año. El que sentará desde mañana en el banquillo de la Audiencia provincial de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por su presunto enchufe en la Diputación pacense. Junto a él, el ex secretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles "colaboración" con los tribunales tras los registros y requerimientos iniciados a primera por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en varios lugares, incluida la sede centro en la madrileña calle Ferraz, y sin restar "ni importancia ni gravedad" a las investigaciones puestas en marcha por la Audiencia Nacional, ha llamado a respetar "los tiempos de la justicia". Lo ha hecho en una rueda de prensa tra su encuentro en el Vaticano con el papa.
Sobre esta rueda de prensa hemos hablado con María José Canel, catedrática de Comunicación Política y Sector Público de la Universidad Complutense de Madrid. Canel considera que "la rueda de prensa de hoy, como tantas otras del presidente Sánchez, formarán parte de los libros de comunicación". "El relato de Sánchez ante el Gobierno es 'nosotros y nuestras buenas acciones, nosotros los progresistas, frente a la derecha y la extrema derecha. Somos el mejor antídoto contra la extrema derecha y todo vale. Somos el mejor antídoto contra la extrema derecha y todo vale. Somos el mejor antídoto contra la extrema derecha y todo vale'. Claro, la entrada de Ollín Ferraz rompe esas gafas porquedesde el Partido Socialista hace tiempo y desde socios hace tiempo también que vienen diciendo, bueno, habrá un punto a partir del cual ya no todo vale, que es si hay financiación ilegal", ha señalado María José Canel.
"La realidad es que hay ciertos actores que no quieren reconocer que las gafas se han roto. Que no pueden reconocer que lo que ha ocurrido, si es verdad que hay una financiación ilegal del Partido Socialista, donde yo había dicho que ahí estaría mi límite, para apoyar a este gobierno, ahora me tengo que desdecir, porque es que no puedo dejar de apoyarle. Las gafas no las quiero ver rotas", ha concluido.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes disciplinarios abiertos a mandos que investigan al PSOE, según ha podido confirmar RTVE. La operación se enmarca en el caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y que también ha llevado a los agentes a acceder la sede del PSOE en Ferraz a primera hora de la mañana, para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante socialista.
En la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, el teniente coronel Balas y sus agentes, por orden judicial, han tomado declaración a sus compañeros de Régimen Disciplinario que recibieron la orden de investigar a mandos del Cuerpo por la sospecha de que hubieran filtrado información de los casos Ábalos y Cerdán, y que tramitaron esas actuaciones disciplinarias. Sin embargo, según han asegurado fuentes de la investigación a RTVE, no se llegó a completar ninguno de estos expedientes. Únicamente se abrió una información reservada que acabó sin responsabilidades.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido "colaboración" tras la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede central del PSOE, en un requerimiento judicial derivado de las investigaciones abiertas sobre la exmilitante Leire Díez. Desde Roma, ha llamado a respetar "los tiempos de la justicia" y ha dicho que, si surgen nuevas informaciones, el partido actuará con "contundencia".
Sánchez ha reiterado además su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pese a las informaciones relativas al caso Plus Ultra y ha descartado adelantar las elecciones, por lo que su intención sigue siendo agotar la legislatura y llegar a 2027.
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