La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes la intención del Ejecutivo de poner en marcha un comité de expertos que asesore al propio Gobierno en materia de inteligencia artificial y que estudie su buen uso en en el mercado laboral español. Un anuncio que viene a reforzar la aprobación de la denominada 'Ley Rider' que convertirá en asalariados a los repartidores de las plataformas digitales.
El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la nueva regulación que obligará a las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, como Glovo o Deliveroo, a trabajar con repartidores contratados. Con esta ley, bautizada como 'Ley Rider', se pone fin al modelo de autónomos y las empresas tendrán que hacer un contrato a sus repartidores, con los derechos laborales que eso supone, como más protección en caso de accidente, los horarios quedan claros, y vacaciones pagadas, entre otros. Una reforma que afectará a unos 14.000 riders, como el caso de Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, que enLas mañanas de RNE con Íñigo Alfonso ha expresado su malestar porque, según cree, "vamos a perder la libertad y la flexibilidad". Por eso, desde su organización piden "seguir siendo autónomos" aunque con mejora de las actuales condiciones, siguiendo el modelo de Francia o Italia, y anuncian movilizaciones, desde hoy, "y hasta que se derogue esta ley" en muchas ciudades de España. Por su parte, Nuria Soto, portavoz de Riders x Derechos, ha dicho que, aunque es una ley "muy poco ambiciosa" que debería haber ido "acompañada de la derogación de la reforma laboral", sí que se sienten "más protegidos que ayer", sobre todo por la mayor representación del Rider en las organizaciones sindicales, a las que ha llamado a afiliarse. Además, ha criticado "un modelo económico que va a acabar con el estado del bienestar" y ha prnosticado que "las empresas, como siempre, intentarán seguir saltándose la ley".
El Gobierno ha establecido por decreto que el Tribunal Supremo será la instancia judicial que tendrá la última palabra sobre las restricciones que impongan las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia de COVID-19, una vez que decaiga el estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo, al permitir que los gobiernos autonómicos puedan presentar recurso de casación ante el Alto Tribunal si algún Tribunal Superior de Justicia tumba, como ya ocurriera el pasado año, alguna de las medidas sanitarias que se impongan.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha garantizado que tras el fin del estado de alarma primará la coordinación entre las administraciones para hacer frente a la pandemia. Entre las medidas, ha destacado la posiblidad de seguir contando con médicos jubilados para combatir la pandemia y la especial protección a mujeres y menores contra la violencia machista. Tras el Consejo de Ministros, Calvo ha indicado que la salida del estado de alarma se hace con "ponderación, eficacia y en coordinación con el resto de las administraciones·. Subraya que se da entrada a "una vía garantista para que el Tribunal Supremo unifique doctrina y tranquilice a los ejecutivos autonómicos" para poder "seguir trabajando incluso en decisiones que limiten derechos".
El Consejo de Ministros ha aprobado, este martes, otorgar la Medalla al Mérito Civil a los periodistas asesinados en Burkina Faso David Beriain y Roberto Fraile.
La Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido que el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de que los espectadores regresen a los campos de fútbol, siempre y cuando se respeten los criterios que marcan las autoridades autónómicas y sanitarias. "El Gobierno actuará siempre en relación con este materia en relación a los eventos deportivos según las autoridades sanitarias. No estamos en condiciones de confirmar ninguna cuestión pero sí que se está trabajando en ello", aseguró Montero tras el Consejo de Ministros.
El Gobierno ha pedido al PSOE y Unidas Podemos que retiren la reforma que registraron en el Congreso para rebajar las mayorías necesarias en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La registraron los socios de Gobierno, justificándola por el bloqueo del PP. Podemos no ve buena idea retirarla.
Foto: El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) EFE/ CGPJ
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas durante la crisis sanitaria de la COVID-19 dotado con un total de 11.000 millones, y que contempla ayudas directas a pymes y autónomos.
Con la modificación, las comunidades autónomas tendrán "un margen de flexibilidad adicional" a la hora de determinar a qué sectores y empresas conceder los fondos.
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que las autonomías podrán ampliar los sectores beneficiarios y, por ejemplo, podrán beneficiarse las empresas afectadas por el cierre del mayorista turístico Thomas Cook en Canarias y Baleares.
El presidente del Gobierno ha detallado el calendario para los próximos meses. La primera fecha señalada es el 14 de junio, justo antes del verano, entonces deberían estar inmunizadas ya, 15 millones de personas. Un mes después, el 19 de julio, la previsión es llegar a 25 millones de españoles vacunados. Ya finales de agosto esperan que ya hayan recibido la pauta completa, 33 millones de personas, el 70% de la población adulta. Pedro Sánchez lo ha anunciado después del Consejo de Ministros y afirma que no tiene previsto prorrogar el estado de alarma que termina el 9 de mayo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este martes la que será la última reunión del Consejo de Ministros con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo, una salida que obliga a realizar una nueva remodelación en el Ejecutivo de coalición. Tras anunciar que abandonaba el Gobierno para presentarse como candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en los comicios autonómicos del 4 de mayo, Iglesias avanzó la pasada semana que este martes 30 de marzo sería la última vez que acudiría a la reunión del Consejo.
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