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Los casos de ciberdelincuentes que secuestran información a través de un virus informático y piden un rescate han aumentado y los expertos creen que es porque muchas víctimas acaban pagando. Han llegado a pedir cantidades superiores a 150.000 euros. Las grandes empresas son ahora su objetivo.

El Telediario de TVE ha podido ver un ejemplo con una empresa. Los cibercriminales han bloqueado sus ordenadores y la empresa no puede trabajar. Al ponerse en contacto con ellos les piden 2.000 dólares y sea realiza el pago automáticamente, pero acto seguido los ciberdelincuentes aseguran que se ha pasado el tiempo y el precio ha subido a 3.000 dólares, por lo tanto la empresa afectada rompe la negociación, pero ha perdido todo su material.

Los expertos recomiendan no pagar porque además de fomentar un negocio ilegal y el chantaje puede continuar. Hace unos meses la Universidad Oberta de Cataluña sufrió un ciberataque y tardó cuatro meses en restablecer la normalidad. Las universidades centran ahora el interés de los ciberdelincuentes. El ataque hace unas semanas a la Universidad Autónoma de Barcelona fue dirigido y planeado.

Para evitar problemas es mejor tener una copia de seguridad actualizada y fuera del sistema. La Agencia de Protección de Datos prevé multas millonarias para las empresas que pierdan datos sensibles.

Foto: Fotografía de archivo del 28 de junio de 2017 que muestra una pantalla de ordenador con un código binario, en Taipei (Taiwán). EFE/ Ritchie B. 

En A Coruña, los tribunales han confirmado la condena a dos años y medio de cárcel a un joven por extorsionar a otro mediante amenzazas con revelar su orientación sexual. La víctima acabó suicidándose. A través de una aplicación de contactos el acusado le exigió dinero a cambio de no difundir que era homosexual. A pesar de recibir 100 euros, las amenazas continuaron y la víctima terminó quitándose la vida en octubre de 2019, preso de la desesperación y de la angustia, según señala la sentencia.

La orientación sexual es el principal motivo de los delitos de odio de nuestro país y eso que sólo se denuncia el 7 %. El caso de la agresión homófoba en Madrid ha puesto en alerta a los colectivos LGTBI que piden a los políticos que no blanqueen los discursos de odio, a los jueces y fiscales más formación y señalan también a las redes sociales. Javier Bustamante, catedrático de Ética de la Universidad Complutense de Madrid, ha subrayado en 14 horas que el anonimato de las redes supone un gran problema. “Los delitos de odios se manifiestan en el mundo real con marcas físicas pero en Internet existe invisibilidad. La gente actúa con una presunción de anonimato e impunidad”.