Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, asegura en RNE que la situación económica en Ceuta es de "descalabro" en estos momentos. "Nos hemos encontrado con un panorama terrorífico", añade Bulaix, que explica que según sus cálculos, la previsión de pérdida total en agosto para la ciudad autónoma puede ser de 33 millones de euros. El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta explica que la situación no se puede paliar únicamente con dinero y pide la expulsión "de quienes han ocupado Ceuta".
Denuncia que la fisionomía de la ciudad ha cambiado "radicalmente" por lo que la gente "no quiere consumir": "Es imposible que el comercio, que la restauración... que el sector productivo de la ciudad pueda mantenerse". Lamenta Bulaix falta de información y opacidad acerca del número total de personas que han entrado a la ciudad, algo que genera mucha desconfianza e incertidumbre.
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Justo cuando se cumple un mes de la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, cuya población habitualmente es de 84.000 habitantes, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha lamentado que las calles ceutíes están "tristes" y "añoran su modo de vida del 29 de julio".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que Marruecos no provocó la crisis migratoria de Ceuta, señala a Israel, Rusia y la "internacional ultra" como propagadores de los bulos que la propiciaron, y considera que el rey debe visitar la ciudad. El presidente ha hablado este lunes un mes después de su única comparecencia pública sobre la crisis.
Mientras, en Ceuta siguen, por un lado, las protestas vecinales de quienes piden que la ciudad autónoma vuelva a la normalidad y se quejan de la situación en la calle; y por otro, la reubicación de migrantes en los espacios habilitados para que los que aún quedan tras la entrada masiva puedan abandonar la calle y dormir bajo techo, con la mirada puesta en las niñas y los colectivos más vulnerables.
La Policía Nacional ha intervenido este lunes por la mañana en Loma Colmenar, después de que cientos de migrantes magrebíes que permanecían acampados en el exterior del recinto hayan intentado acceder al interior de forma masiva.
Cándido Conde-Pumpido ha defendido la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, que ha definido como un régimen "excepcional" y justificado por tratarse de la única frontera exterior del espacio Schengen en África. El presidente del Tribunal Constitucional ha recordado que la sentencia de 2020 fue aprobada por una amplia mayoría, y ha recomendado una lectura “minuciosa” de su fundamento jurídico octavo. Sobre el mando único en Ceuta, ha señalado que "no puede ser permanente" y debe estar condicionado a las necesidades y a la situación concreta.
Sobre la ley de amnistía, Conde-Pumpido ha asegurado que el Constitucional ya ha dictado 20 sentencias sobre su constitucionalidad y ha explicado que ahora comenzará a resolver los recursos de amparo, con el primero, el de Jordi Turull, previsto para el 22 de septiembre. Ha defendido que, una vez que el Constitucional establezca una doctrina, esta será vinculante y ha apuntado que la decisión sobre Puigdemont podría llegar antes de final de año. También ha lamentado la politización del debate: "Más que la amnistía se discutía el posicionamiento político del partido Junts".
El presidente del Constitucional ha advertido además de que en España existe una "juridificación de la política" que contribuye a mezclar justicia y política, y ha pedido que los distintos poderes del Estado eviten criticarse entre sí. También ha expresado su preocupación por las filtraciones de sumarios y por el impacto de la inteligencia artificial en la Justicia: "Tiene que tener unos controles" y "poner por delante de todo a la persona". Conde-Pumpido ha explicado que el Constitucional ya ha sancionado a un abogado por utilizar sentencias falsas generadas con IA y, sobre la ley trans, ha asegurado que el tribunal está intentando resolver el debate interno para alcanzar una mayoría suficiente, aunque no ha fijado un plazo.
Cientos de trabajadores de los servicios esenciales se han concentrado en la Plaza de los Reyes de Ceuta para reclamar más recursos humanos y materiales y mejores condiciones de trabajo ante la presión derivada de la crisis migratoria. Policías nacionales y locales, guardias civiles, militares, sanitarios, bomberos, docentes, Protección Civil y personal de seguridad privada se han sumado a una protesta convocada bajo el lema "los servicios de primera línea exigen soluciones".
Los participantes aseguran que llevan más de un mes afrontando una situación excepcional que ha incrementado la carga de trabajo de numerosos servicios de la ciudad. Con esta movilización reclaman medidas concretas y refuerzos que permitan mantener la respuesta a la crisis sin comprometer el funcionamiento habitual de los servicios esenciales.
Trabajadores sociales y ONG con casi tres décadas de trayectoria aseguran no haber vivido una situación similar a la de Ceuta tras la entrada del 30 y 31 de julio: las raciones de comida, multiplicadas por cinco, la plantilla, reforzada de urgencia con 20 trabajadores más y un perfil de atención nunca visto, marcado por la llegada de menores solos de tan solo 9, 10 y 11 años.
A la crisis humanitaria se suma la creciente alarma por la seguridad pública. Con 21 investigaciones abiertas por agresión sexual y el reciente traslado de instalaciones desde El Príncipe hasta La Hípica, el temor a represalias domina el día a día de los ceutíes.
El Gobierno insiste en que no recibieron información sobre la magnitud de la entrada de migrantes desde Marruecos y anuncia nuevas medidas económicas para la recuperación de Ceuta. En Las Mañanas de RNE, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirma que siguen aumentando el número de plazas en centros de acogida temporal en la Ciudad Autónoma. Defiende la respuesta que ha dado el Gobierno a esta crisis y asegura que han estado desde el primer momento en Ceuta. Saiz insiste además en que no hay evidencias para atribuir a Marruecos responsabilidad en lo ocurrido y sostiene que la colaboración de Rabat tras la entrada de migrantes del pasado mes de julio ha sido fundamental.
La ministra se ha mostrado crítica también con las visitas de dirigentes del PP a la Ciudad Autónoma. "Ha habido quien ha ido a Ceuta a agitar, a hacerse fotos con agitadores", señala, y califica de "irresponsables" declaraciones como las que llamaban a la "caza del inmigrante": "Esa no es la sociedad ceutí".
Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, ha explicado en Las mañanas de RNE, que ha estrenado temporada en la ciudad autónoma, que antes de que se produjese la entrada masiva de migrantes el 30 de julio, las autoridades ceutíes ya habían comunicado al Gobierno que algo estaba pasando. "Habíamos pasado de atender 180 menores el lunes a 800 el miércoles. Eso no era normal", ha asegurado.
Chandiramani insiste en que los ceutíes llevan un mes viviendo en una ciudad que no reconocen. Denuncia que el baile de cifras sobre cuántos entraron y cuántos se fueron es enorme: "No sabemos a cuántas personas hay que dar auxilio porque están en situación de calle. Y todo eso un mes después", afirma. La vicepresidenta de Ceuta quieren que se les explique cuándo van a poder volver a la normalidad, y dice que, como responsable pública, le produce "muchísima tristeza que mi país, después de 30 días, no haya sido capaz de proteger a los ceutíes y a las personas migrantes".
"La normalidad se ha roto por completo". Así de rotundo se muestra Uzman Bersabe, miembro del Movimiento social y vecinal de Ceuta en 'Las Mañanas de RNE'. Una situación, en la que nos dice, no ve una pronto solución. "Cada día que pasa se multiplica el peligro, y llevamos ya un mes". Bersabe asegura se está "perdiendo la coexistencia. Desde antes ya era algo muy liviano. Ahora esta situación la está haciendo estallar..."
"Esto es histórico. Ahora estamos en la segunda fase", señala Uzman Bersabe. "En las 48 primeras horas entraron una cantidad equivalente a la de la ciudad de Ceuta" asegura a preguntas de Juan Ramón Lucas. "En esas 48 horas terribles, todo el mundo pensó que se acabó todo", señala este miembro del Movimiento social y vecinal de Ceuta que, asegura, que la playa de El Trampolín es la cara más visible de esta situación pero "el problema está en la periferia"
"Esto es una emergencia humanitaria, y para eso estamos aquí. Conforme pasan los días no vemos grandes pasos para solucionarla". Así lo relata desde Ceuta a 'Las Mañanas de RNE' Patricia Ruiz de Irizar. La responsable de Migraciones de Médicos del Mundo asegura que, aunque ha bajado un poco, en Ceuta "se respira tensión". Médicos del Mundo, relata, se habían planteado una intervención de un mes pero, asegura, se prolongará más allá de ese tiempo. "Nuestra intervención estaba prevista para un mes, pero vamos a tener que alargar. Estamos evaluando las necesidades".
"Hay muchísimas familias con niños y hay muchos menores (...) Lo que más vemos es crisis de ansiedad, las madres de los niños nos dicen que han dejado de comer, que no duermen", relata la responsable de Migraciones de Médicos del Mundo. "La media son una 100 atenciones diarias (...) Vemos muchas heridas infectadas, traumatismos e infecciones respiaratorias", señala.
Un mes después de la entrada masiva hay unos 1.500 menores en Ceuta, según los últimos datos del Gobierno. Hay 700 niñas y muchos menores de 13 años. La ciudad autónoma confirma que tiene 1.400 menores tutelados.
Durante días, con los recursos de acogida de Ceuta desbordados, cientos de menores durmieron en un polígono industrial. Más tarde se habilitaron dos colegios. Algunas ONG empezaron a recopilar a mano los datos de los menores. La Policía abrió un registro para recoger los datos y empezar los trámites de identificación de todos ellos.
Ningún menor de edad puede ser repatriado sin un proceso de identificación y un análisis de cada caso. Así lo dicen las normativas y convenios internacionales que también recoge el ordenamiento jurídico español.
La administración debe comprobar la situación familiar o social del menor, recabar información en el país de origen y valorar si la reagrupación familiar o la permanencia en España responde al interés superior del niño.
Foto: Marcos Moreno/Europa Press — Migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, en Ceuta
