El Gobierno busca acabar con el secreto salarial y cambia las normas de los procesos de selección
- El Ejecutivo reconoce el derecho a tener información sobre las retribuciones medias por género
- A través de un real decreto-ley, prohíbe preguntar a los candidatos por su sueldo en anteriores trabajos

Dos trabajadores se estrechan la mano en una oficinaGetty
"Se acabó el secreto salarial en las empresas". Con estas palabras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la aprobación de un real decreto-ley, que modifica las reglas de los procesos de selección y reconoce el derecho de los trabajadores a indagar si existen desigualdades salariales en su organización.
Se trata de la transposición de dos directivas europeas: sobre igualdad de género en los salarios y sobre la transparencia en las condiciones laborales, que ya se empezó a adoptar hace unos meses y ahora se extiende a todos los contratos, con independencia de su duración.
El texto, aprobado en el Consejo de Ministros y que tendrá que ser ratificado en el Congreso, reconoce el derecho de los trabajadores a preguntar por escrito sobre su salario y las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes realizan su mismo trabajo o uno equivalente. Deberán recibir la información en un plazo máximo de dos meses, según la norma, que también anula las cláusulas en los contratos que prohíben a los empleados divulgar cuánto cobran.
Normas para los procesos de selección de candidatos
Además, según ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las ofertas de empleo deberán escribirse siempre en lenguaje neutro (no podrá decirse "se busca camarera", por ejemplo, ha dicho Díaz) e indicar cuál es el salario o nivel inicial de retribución, con base en criterios objetivos y neutros con respecto al género, así como el convenio colectivo del sector. Asimismo, prohibirá preguntar a los candidatos por su retribución en anteriores trabajos, algo que penaliza sobre todo a las mujeres, según el Ejecutivo.
Periodos de prueba, empleos paralelos y represalias
Por otro lado, el real decreto-ley limita los periodos de prueba a un máximo de seis meses, solo ampliables por convenio y cuando se justifiquen bien las causas por la naturaleza del empleo, necesidades del trabajador o porque se requiera más tiempo para la evaluación, por ejemplo, en casos de ERTE, permisos por nacimiento o incapacidad temporal, entre otros. El periodo de prueba será de un mes como máximo en los contratos de seis meses y se reducirá proporcionalmente en los de menor duración.
Para los trabajos a tiempo parcial, establece que si una empresa cancela unas horas de trabajo previstas, deberá pagarlas igualmente. Los trabajadores también tendrán derecho a rechazar tareas cuando la empresa no respete el preaviso legal o no se concreta el día y la hora.
Respecto a los empleos en paralelo, las empresas no podrán prohibir ni limitar que las personas trabajadoras presten servicios en otras organizaciones, salvo que haya causas objetivas o que exista un pacto de plena dedicación con compensación económica.
Finalmente, se reconoce el derecho tanto a recibir información como a solicitar la conversión del contrato o un nuevo puesto de trabajo con condiciones más estables y previsibles, al tiempo que se protege frente a represalias por reclamar derechos y se endurecen las sanciones en caso de no informar de las condiciones esenciales del contrato o de discriminar, entre otras cuestiones.
