Los sindicatos llaman a la huelga general del 11-N para "subir salarios, reducir la jornada laboral y erradicar la precariedad"
- CCOO y UGT cierran los detalles de la convocatoria, impulsada junto al Sindicato de Inquilinas
- El Sindicato de Inquilinas reivindica la figura de Maricarmen: "Nos hace luchar con más fuerza y con más determinación"
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La huelga general en favor del acceso a la vivienda se celebrará el miércoles 11 de noviembre, dos días antes de que comience la campaña electoral del 29-N, con el objetivo de desbloquear la negociación colectiva para "subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de los trabajadores y erradicar la precariedad". Así lo han acordado CCOO y UGT que esta tarde, junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones, han celebrado una reunión para cerrar todos los detalles de la convocatoria. El paro cuenta también con el respaldo de varios sindicatos autonómicos, entre ellos el CIG gallego y los vascos ELA y LAB, que han anunciado que registrarán en sus respectivas comunidades sus propias convocatorias.
"La especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país. Con cada burofax, con cada subida, con cada acoso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. La especulación nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", ha defendido Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en la rueda de prensa que han celebrado las entidades convocantes tras el encuentro.
Del Río ha elogiado el "legado" de Maricarmen Abascal, la mujer que se ha convertido en el símbolo de las protestas por el acceso a la vivienda después de que fuese desahuciada con 87 años de su piso en Madrid. "Su memoria sigue con nosotras, sigue presente en su la lucha, sigue presente en su legado y será eterna en nuestro sindicato y en la historia de este país. El legado que nos deja nos hace luchar con más fuerza y con más determinación, la que siempre ella nos alentó en cada paso", ha añadido la portavoz, que ha comparecido visiblemente emocionada, pocos minutos después de que trascendiese el fallecimiento de la mujer.
Después de conocerse esta mañana que la huelga general ya tenía fecha: el 11 de noviembre, como ha avanzado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en TVE, esta tarde las entidades organizadoras se han reunido para cerrar los detalles. En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han hecho un llamamiento a movilizarse por "mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo". Las dos centrales defienden la convocatoria como una respuesta ante la "insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de la ciudadanía", pero también contra los empresarios que aprovechan "el crecimiento económico del país para engordar su patrimonio".
Los dos sindicatos sostienen que la huelga general del 11-N es, igualmente, una respuesta a un modelo económico que carga sobre los consumidores los márgenes empresariales para "sufragar los costes de la crisis energética provocada por la infamia de las guerras" y ensalzan el empuje de la sociedad y su compromiso, dicen, con la "lucha colectiva".
"La huelga general del 11-N es un clamor contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas, y especialmente a mujeres y migrantes afectados por una situación de vulnerabilidad económica", añaden las centrales, que cargan contra el discurso de la patronal en torno al absentismo y exigen a las administraciones públicas que impulsen las políticas necesarias para acabar con "la especulación de la vivienda".
Por último, concluyen con el llamamiento a sumarse a la movilización bajo cuatro premisas: subida salarial, reducción de la jornada laboral, mejoras en la salud de los trabadores y erradicación de la precariedad.
Críticas de la patronal
Sin el respaldo de los sindicatos de clase que se han sumado a la propuesta del Sindicato de Inquilinas, la huelga no se hubiese podido celebrar. Solo las entidades que están inscritas como sindicatos tienen la potestad de convocar un paro. De hecho, la patronal CEOE y Cepyme no han dudado en cargar contra la convocatoria. Consideran que sólo responde a motivos políticos y no está justificada por una cuestión laboral. Tampoco la comparten otras centrales, como CSIF.
"Tiene un claro componente político y electoral", ha denunciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En la patronal dudan de la legalidad de la convocatoria, al igual que en el PP, que también ha cargado contra los sindicatos. "Es una huelga política, si no, no se manifestarían contra la oposición", ha sostenido el portavoz del PP, Borja Sémper, en una entrevista este miércoles en RNE. El popular ha reprochado la inacción de los líderes sindicales en los últimos ocho años. "La utilización partidista hace un flaco favor a la credibilidad de los sindicatos", ha censurado.
Para esquivar las críticas y, sobre todo, para que no se les pueda reprochar que la convocatoria no se ajusta a la legalidad, CCOO y UGT han justificado la misma bajo el argumento de que los salarios de los trabajadores no permiten acceder a una vivienda digna. Las dos centrales, en un comunicado difundido a comienzos de semana, recordaron que no es la primera vez que exigen medidas para garantizar un derecho básico, como el de la vivienda, para el común de los trabajadores.
La última gran huelga fue en 2012
La huelga general del 11 de noviembre será la primera de ámbito nacional que se convoque desde 2012 con el apoyo de los grandes sindicatos y la única con un proceso electoral ya en marcha. Desde la llegada de la democracia, se han registrado 13 huelgas generales, la mayoría, ocho, bajo gobiernos del PSOE.
Las dos últimas grandes convocatorias, en 2012, y con Mariano Rajoy (PP) en La Moncloa, se convocaron como respuesta ante las duras consecuencias de la crisis económica de 2008. En marzo de aquel año, los sindicatos llamaron a protestar contra la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo que redujo de 45 a 33 los días de indemnización por despido improcedente, y en noviembre, el motivo fue las políticas de austeridad y los recortes del Estado del Bienestar.
