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Qué saber de la EU Kids Act que lanza Bruselas: sin redes antes de los 13 y sin cuenta personal hasta los 15

  • Entre los 13 y los 14 años solo se permitirán minicuentas supervisadas por adultos y por un máximo de una hora diaria
  • Bruselas obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros
Bruselas plantea prohibir las redes sociales a los menores de 13 años
Un joven juega online en su habitación Getty Images

Nada de redes sociales antes de los 13 años, ninguna cuenta personal antes de los 15 y plataformas obligadas a demostrar que sus servicios son seguros para los menores. La Comisión Europea ha confirmado este jueves su propuesta formal para la EU Kids Act, un nuevo marco con el que Bruselas pretende cambiar las reglas de acceso de niños y adolescentes al mundo digital y trasladar buena parte de la responsabilidad de las familias a las compañías tecnológicas.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta ejecutiva responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, han detallado en Estrasburgo un sistema progresivo según la edad. Los menores de 13 años no podrán utilizar redes sociales. Entre los 13 y los 14 solo podrán hacerlo mediante "minicuentas" creadas y supervisadas por padres o tutores, con funciones restringidas y un máximo de una hora diaria.

A partir de los 15 años, podrán disponer de cuentas personales, aunque hasta los 18 años las plataformas estarán obligadas a aplicar un diseño seguro por defecto.

La propuesta no se limita además a Instagram, TikTok o Facebook. Bruselas contempla obligaciones para redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos online y chatbots de inteligencia artificial que presten servicios a menores de 18 años, aunque las restricciones concretas variarán según la edad y el tipo de servicio.

La propuesta busca además evitar un mosaico de normas nacionales en un momento en que 17 de los 27 Estados miembros ya preparan o negocian medidas propias para reforzar la protección de los menores en internet.

Del daño a la prevención

Von der Leyen ha situado los efectos de las redes sociales sobre niños y adolescentes en el centro de la defensa de la medida. La presidenta de la Comisión ha advertido de la creciente preocupación médica por su impacto en la salud mental, el cerebro y el desarrollo de la personalidad, y ha citado consecuencias como la falta de sueño, la ansiedad y las autolesiones.

También ha recordado el caso de Oléa, una adolescente de 14 años que vivía en Bélgica y se suicidó hace un mes después de sufrir acoso en internet. Su madre aseguró posteriormente estar convencida de que, “sin estas redes omnipresentes”, su hija seguiría viva. “Ya basta”, ha dicho al recordar el caso.

La preocupación se apoya también en datos recogidos por la propia Comisión. Una encuesta europea publicada en junio reveló que nueve de cada diez adolescentes declaraban al menos un síntoma negativo asociado al uso de pantallas, como fatiga ocular, dolores de cabeza o dificultades de concentración. Casi uno de cada tres afirmaba sentirse estresado, triste o socialmente excluido por las redes sociales, mientras que un 45% reconocía compararse con otras personas en ellas.

Bruselas considera que el problema no reside únicamente en los contenidos a los que acceden los menores, sino también en cómo están construidos los servicios digitales para captar y retener su atención. La Comisión advierte de que herramientas como el scroll infinito, los vídeos cortos encadenados o los contenidos altamente personalizados pueden favorecer que niños y adolescentes permanezcan conectados durante más tiempo.

Según la comisaria europea, antes de elaborar la propuesta, creó un panel especial de expertos en salud, neurociencia, psicología, informática, derechos de la infancia y alfabetización digital, que escuchó también a jóvenes, padres y educadores. Sus trabajos analizaron tanto los riesgos como los beneficios de redes sociales, videojuegos, mensajería y herramientas de inteligencia artificial, además de estudiar modelos aplicados fuera de la UE, entre ellos el de Australia.

Varios jóvenes se conectan a Instagram, una de las redes en el foco de la UE

Varios jóvenes se conectan a Instagram, una de las redes en el foco de la UE Getty Images

Las plataformas tendrán que demostrar que son seguras

Uno de los cambios de fondo del Kids Act será la inversión de la carga de la prueba. Frente a un sistema en el que las autoridades deben demostrar los daños causados por una plataforma o una determinada función, Bruselas quiere que sean las propias compañías las que acrediten que sus servicios son seguros para los menores.

"Las plataformas tendrán que demostrarnos que son seguras", ha insistido Von der Leyen. Además, la Comisión quiere que esa seguridad se incorpore antes de que aparezcan los daños. Las compañías deberán analizar previamente los riesgos que sus productos plantean para niños y adolescentes y adoptar planes y medidas de seguridad para reducirlos.

Entre los 15 y los 18 años regirá el principio de "safe design" o seguridad por diseño, de modo que las protecciones para los menores no dependan únicamente de que estos o sus padres modifiquen posteriormente la configuración de las cuentas.

Von der Leyen ha defendido que Europa "no tiene por qué aceptar funciones adictivas" ni que los algoritmos conduzcan a los niños hacia contenidos progresivamente más extremos. También ha puesto como ejemplo el uso de fotografías de niñas para generar mediante inteligencia artificial imágenes sexualizadas.

Von der Leyen sugiere la creación de un Consejo de Seguridad europeo

La presidente de la Comisión Europea este miércoles en Estrasburgo EFE/EPA/RONALD WITTEK

Cómo se comprobará la edad

Uno de los principales desafíos será comprobar si quien intenta utilizar un servicio tiene realmente 12, 14 o 17 años. La Comisión lleva meses desarrollando un sistema europeo de verificación de edad concebido para acreditar que una persona supera un determinado umbral de edad sin obligarla a entregar a la plataforma más información personal de la necesaria.

La prueba podrá obtenerse a partir de un DNI o pasaporte biométrico, una identidad electrónica nacional, una aplicación de terceros que ya disponga de información fiable sobre la edad - como una bancaria - o incluso mediante una comprobación presencial. Una vez certificada, la plataforma recibe únicamente una prueba anónima de que el usuario supera la edad requerida, sin conocer su nombre, su fecha de nacimiento ni otros datos de identidad.

La solución incorpora la llamada tecnología de “zero-knowledge proof” o prueba de conocimiento cero, diseñada precisamente para acreditar un dato - en este caso, la edad - sin revelar el resto de la información personal. La Comisión la denomina también “mini-wallet”, porque utiliza las mismas especificaciones técnicas que las futuras carteras europeas de identidad digital.

España forma parte de los siete países pioneros, junto con Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda e Italia, que trabajan ya en adaptar y desplegar esta tecnología. Bruselas ha recomendado que todos los ciudadanos de la UE tengan acceso a sistemas de verificación de edad robustos y respetuosos con la privacidad antes de que termine 2026.

La Comisión considera este sistema una pieza esencial para que los nuevos límites no se queden únicamente en declaraciones de edad fácilmente eludibles, como ocurre actualmente en numerosos servicios.

Autentificación en un teléfono móvil con sistema de identificación facial

Autentificación en un teléfono móvil con sistema de identificación facial Gema Alejo Gema Alejo/Getty Images

Más allá de las redes: videojuegos e inteligencia artificial

El Kids Act refleja además cómo ha cambiado el ecosistema digital utilizado por los menores. Las obligaciones planteadas por la Comisión alcanzan también a servicios de vídeo, videojuegos online y chatbots de inteligencia artificial que interactúan con menores de edad, siendo estas algunas de las principales novedades anunciadas este jueves.

No significa, sin embargo, que todos estos servicios queden sujetos exactamente a la misma prohibición que las redes sociales. El texto establece un sistema diferenciado según la edad, el tipo de servicio y los riesgos que pueda plantear.

La inteligencia artificial preocupa especialmente a Bruselas por su capacidad para generar contenidos manipulados y por la aparición de chatbots y asistentes capaces de mantener interacciones cada vez más personales con niños y adolescentes.

La Comisión quiere también limitar los mecanismos de diseño concebidos para prolongar al máximo el tiempo de conexión. Von der Leyen ha señalado que ese problema no afecta únicamente a los menores y ha anunciado que Bruselas presentará este otoño una Digital Fairness Act, un marco más amplio para combatir el diseño adictivo entre el conjunto de los usuarios.

"No basta" con prohibir

Virkkunen, quien ha intervenido a continuación de Von der Leyen, ha incidido, durante la presentación, en que fijar límites de edad no resolverá por sí solo el problema. La Comisión quiere reforzar la educación y alfabetización digital de niños, adolescentes y familias para que conozcan los riesgos de internet y dispongan de herramientas para desenvolverse en él.

Bruselas presenta así el Kids Act no como una exclusión de los menores del mundo digital, sino como un sistema progresivo de autonomía: prohibición de redes sociales antes de los 13 años, acceso supervisado entre los 13 y los 14 y cuentas personales desde los 15, manteniendo protecciones especiales hasta la mayoría de edad. "Cada edad tiene sus propias sensibilidades", ha explicado Von der Leyen.

Sin embargo, EU Kids Act es todavía una propuesta legislativa. El texto tendrá ahora que ser negociado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de convertirse en ley, por lo que su contenido puede sufrir modificaciones.

De momento, la Comisión ha dejado fijado el principio con el que quiere cambiar el modelo actual: que sean las plataformas las que adapten sus productos a los menores y demuestren previamente que son seguros, y no que recaiga únicamente sobre niños y familias la responsabilidad de protegerse de productos diseñados por las propias tecnológicas.