Israel ocupa un histórico centro de la UNRWA y estrecha el cerco a la agencia de la ONU en Jerusalén Este
- La operación es parte de una ofensiva legal destinada a impedir que la agencia de la ONU continúe en la ciudad ocupada
- El Gobierno israelí asegura que levantará un complejo educativo con una inversión inicial de 11,5 millones de euros
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Israel ha tomado este martes el control del Centro de Formación de Qalandia, la escuela profesional más antigua de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), situada en Jerusalén Este. Cuatro vehículos blindados y más de medio centenar de miembros de las fuerzas de seguridad han irrumpido en el recinto cuando todavía había una veintena de trabajadores en su interior.
El Gobierno israelí sostiene que ha comenzado a preparar el terreno para levantar un complejo educativo y comunitario destinado a la población palestina de Kafr Aqab. La UNRWA denuncia, por el contrario, la entrada no autorizada de fuerzas armadas en una instalación de Naciones Unidas protegida por el derecho internacional.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asumido directamente la autoría política de la operación. En un mensaje difundido por su oficina, ha asegurado que el desalojo se ejecutó bajo sus instrucciones y ha advertido de que Israel no permitirá que la UNRWA actúe “en su territorio” y empleará contra ella “todos los medios a su alcance”. Netanyahu ha vuelto a justificar la prohibición por la presunta participación de empleados de la agencia en los ataques del 7 de octubre de 2023.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha acudido personalmente al desalojo y lo ha presentado como una demostración de control sobre la ciudad: "La soberanía no se habla; la soberanía se ejerce". La Presidencia palestina ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad y medidas vinculantes para proteger las instalaciones de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados.
La operación es el último paso de una ofensiva iniciada hace casi dos años para expulsar a la agencia de Jerusalén Este. Lo que comenzó con una prohibición legal de sus actividades ha continuado con el cierre de colegios, el corte de suministros, la demolición de su histórica sede y, finalmente, la ocupación de sus edificios.
De la prohibición al desalojo
Israel lleva décadas enfrentado a la UNRWA, pero la presión se aceleró después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En octubre de 2024, el Parlamento israelí aprobó dos leyes que prohibían a la agencia actuar en el territorio que Israel considera bajo su soberanía e impedían a los funcionarios israelíes mantener contacto con ella.
Las normas entraron plenamente en vigor en enero de 2025. Su principal efecto se produjo en Jerusalén Este, ocupada por Israel desde 1967 y anexionada posteriormente en una decisión que no reconoce la ONU ni la mayor parte de la comunidad internacional. En mayo de ese año, las autoridades israelíes cerraron seis escuelas de la UNRWA en esta parte de la ciudad, lo que afectó a más de 800 alumnos.
El 29 de diciembre de 2025, la Knéset (parlamento israelí) endureció la legislación. Las nuevas disposiciones ordenaron interrumpir el suministro de agua, electricidad, combustible, telecomunicaciones y servicios financieros a la agencia, eliminaron las inmunidades que le reconocía el derecho interno israelí y autorizaron la expropiación de sus propiedades en Jerusalén Este. Entre ellas figuraban la sede de Sheikh Jarrah y el Centro de Formación de Qalandia.
En enero de 2026, excavadoras israelíes demolieron varios edificios de la sede de Sheij Jarrah. Cuatro meses después, el Gobierno aprobó la construcción en el solar de un complejo del Ministerio de Defensa que incluirá un museo militar, una oficina de reclutamiento y dependencias para el ministro.
Qalandia había sido objeto durante los últimos meses de repetidas incursiones de las fuerzas israelíes y de empleados del Ayuntamiento de Jerusalén, algunas mientras se impartían clases. Hasta este martes, sin embargo, las autoridades no habían ocupado el recinto de manera permanente.
Centro de Formación Profesional de la UNRWA, situado entre el barrio de Kafr Aqab y el campo de refugiados de Qalandia, al sur de la ciudad de Ramala AFP
Un centro palestino al otro lado del muro
La ubicación del centro explica la acción ordenada por el Ejecutivo israelí. Se encuentra dentro de los límites municipales que Israel atribuye a Jerusalén, pero en el lado cisjordano del muro de separación, junto al campo de refugiados de Qalandia. Israel considera la zona parte de su capital; para la ONU, sigue siendo territorio palestino ocupado.
El centro comenzó a funcionar en 1953 y durante más de siete décadas ha formado a jóvenes refugiados procedentes de distintos puntos de Cisjordania. En el curso 2025-2026 tenía alrededor de 325 alumnos matriculados en 16 especialidades, entre ellas carpintería, mecánica del automóvil, energías renovables, diseño y tecnologías de la información.
El recinto cuenta además con talleres y residencias para estudiantes que llegan desde zonas alejadas. Desde comienzos de este año funcionaba mediante generadores después de que las autoridades israelíes cortaran el suministro eléctrico. La agencia asegura que no existe en Cisjordania otro centro con instalaciones capaces de absorber a sus alumnos.
Israel argumenta que el nuevo proyecto permitirá responder a la escasez de colegios en Kafr Aqab, un barrio palestino densamente poblado y separado del resto de Jerusalén por el muro. El Ministerio de Exteriores ha anunciado una inversión inicial de 40 millones de séqueles —unos 11,5 millones de euros— para construir un instituto destinado a alumnos varones. En fases posteriores, el recinto incorporaría otras escuelas, una mezquita, instalaciones deportivas y servicios sanitarios.
Israel afirma que la parcela pertenece al Fondo Nacional Judío desde 1937 y que esta organización la había cedido al Ayuntamiento de Jerusalén. Según el Gobierno, la UNRWA habría utilizado durante décadas un terreno sobre el que no poseía derechos.
Por su parte, la agencia sostiene que el Gobierno jordano, que administraba Jerusalén Este antes de la ocupación israelí, le concedió en 1952 el uso de la parcela mediante un acuerdo que continúa vigente. Añade que, con independencia de la titularidad del suelo, el centro es una instalación de Naciones Unidas y está protegido por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de la ONU de 1946, que declara inviolables sus locales frente a registros, confiscaciones y expropiaciones.
La posición de Naciones Unidas es que Israel no puede anular esas garantías mediante su legislación interna. En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia concluyó en un dictamen consultivo que Israel debía respetar las inmunidades de la organización y cooperar con sus organismos en los territorios palestinos ocupados.
Las acusaciones contra la UNRWA
Israel justifica estas medidas por la presunta penetración de Hamás en la UNRWA y por la participación de algunos de sus trabajadores en los ataques del 7 de octubre de 2023.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas investigó en 2024 a 19 trabajadores señalados por Israel. En nueve casos concluyó que las pruebas obtenidas podían indicar una posible participación en los ataques, por lo que fueron despedidos. En otros nueve consideró que la información era insuficiente y, en el caso restante, no encontró pruebas que respaldaran la acusación.
Una revisión independiente dirigida por la exministra francesa Catherine Colonna examinó, por su parte, los mecanismos de neutralidad de la organización, pero no la responsabilidad individual de los sospechosos. El informe concluyó que la UNRWA disponía de un sistema de control más desarrollado que otras organizaciones comparables, aunque encontró deficiencias y formuló 50 recomendaciones. También señaló que Israel no había aportado pruebas para sostener su acusación de que un número significativo de trabajadores pertenecía a organizaciones armadas.
En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia concluyó, a partir de la información disponible entonces, que Israel no había fundamentado que una parte significativa del personal de la UNRWA perteneciera a Hamás u otras organizaciones y que tampoco existían datos suficientes para declarar que la agencia carecía de neutralidad. El dictamen, de carácter consultivo, es anterior a los resultados difundidos en 2026 por investigadores estadounidenses.
El 5 de junio de este año, la oficina del inspector general de USAID informó de que había remitido al Departamento de Estado los nombres de 108 empleados o exempleados de la UNRWA para que se valorara su suspensión o exclusión de futuros programas financiados por Estados Unidos.
La oficina asegura haber encontrado indicios de participación en el 7 de octubre o de vinculación con el brazo armado de Hamás. Las remisiones forman parte de un procedimiento administrativo todavía abierto y no equivalen a condenas judiciales.
Seis días después, la UNRWA rescindió los contratos de 70 trabajadores de Gaza tras una evaluación interna de los riesgos para la seguridad de sus operaciones. La agencia precisó que no se trataba de un procedimiento disciplinario ni de una admisión de las acusaciones. Tampoco se ha hecho pública una relación que permita saber cuántos de esos empleados figuran entre los 108 nombres remitidos por los investigadores estadounidenses.
Asamblea General de Naciones Unidas Liao Pan t
Una batalla que va más allá de un edificio
La UNRWA fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1949 y comenzó a operar en mayo de 1950 para atender a los palestinos que perdieron sus hogares y medios de vida durante la guerra de 1948. En la actualidad presta servicios a unos 5,9 millones de refugiados registrados en Gaza, Cisjordania —incluida Jerusalén Este—, Jordania, Líbano y Siria.
Su red educativa atiende a aproximadamente 543.000 alumnos en 706 escuelas y emplea a cerca de 19.000 profesionales de la enseñanza. En diciembre de 2025, la Asamblea General renovó su mandato hasta junio de 2029 por 151 votos a favor, diez en contra y 14 abstenciones.
Israel sostiene que la agencia perpetúa el conflicto al permitir que los descendientes de los desplazados de 1948 se registren como refugiados y considera que sus servicios deberían ser asumidos por otras organizaciones. La UNRWA responde que no es ella quien decide el futuro político de los refugiados, sino que cumple el mandato recibido de la Asamblea General hasta que exista una solución acordada.
La Corte Internacional de Justicia determinó en 2025 que, en las circunstancias actuales, ninguna otra organización puede reemplazar a corto plazo la capacidad de la UNRWA y que Israel debe facilitar las operaciones humanitarias de Naciones Unidas en el territorio ocupado. Israel rechazó ese dictamen y ha continuado aplicando sus propias leyes contra la agencia.
Por eso, lo ocurrido en Qalandia no puede reducirse a la renovación de un centro educativo. Israel pretende sustituir una institución de Naciones Unidas por un complejo sometido a su administración, su currículo y sus leyes en un territorio cuya soberanía reclama. El desalojo vacía unas aulas, pero también reduce la presencia internacional en Jerusalén Este y traslada al terreno un objetivo político que hasta ahora figuraba principalmente en las leyes: acabar con la UNRWA allí donde es un obstáculo para el afán expansionista del actual gobierno de Israel.
