El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley de asilo y otro de reforma de la ley de extranjería en plena crisis en Ceuta
- Las medidas se toman para adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde junio
- Se agilizará la tramitación de solicitudes de asilo pero con un "un enfoque garantista y de protección de los DD.HH."
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto para una nueva ley de asilo y otro para reformar la ley de extranjería. Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el objeto común de ambos textos es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y en vigor desde junio. La decisión se toma en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la llegada de entre 70.000 y 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio, de los cuales varios miles siguen en la ciudad.
Según ha explicado Marlaska, los reglamentos europeos derivados de aquel Pacto son de aplicación directa, pero "dejan abiertas posibilidades de regulación o graduaciones". Por ello, se implementa una "nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos", pero a la vez con "un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos de aquellos solicitantes de protección internacional".
Este enfoque garantista "es compatible con una regulación que ayude a garantizar la gestión de nuestras fronteras y también a evitar cualquier posibilidad de utilización indebida del sistema de protección internacional". En cuanto a los menores, será "muy excepcional" aplicar el llamado procedimiento en frontera, el mecanismo de tramitación urgente de solicitudes en los puestos fronterizos que introduce el Pacto de Migración y Asilo.
Aligerar tiempos para resolver solicitudes de asilo
La nueva ley de asilo modificará cuestiones "procedimentales" y permitirá aligerar tiempos a la hora de aprobar o denegar solicitudes de asilo, pero "en modo alguno genera la no tramitación de ningún expediente de protección internacional". Según ha explicado Interior, la intención es responder mejor al aumento de solicitudes, pasando de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.
El nuevo sistema de protección será "más ágil, eficaz, ordenado y garantista". Se presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y a la reunificación familiar. Esta norma de asilo incorpora "realidades" que ya se tenían en cuenta en la práctica, como la persecución por género, identidad de género y discapacidad.
La futura ley distingue entre el "procedimiento ordinario de examen" y otro "acelerado", que tiene que estar resuelto en un plazo máximo de tres meses.
También se fija el "procedimiento en frontera", de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante de protección estará "a disposición de las autoridades españolas". Se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y "facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional".
Reforma de extranjería: un "triaje" de máximo 72 horas
En cuanto a la ley de extranjería, Marlaska ha explicado que la reforma incorpora la figura del "triaje", el proceso de recogida de información de los extranjeros que han entrado irregularmente, sin pasar por los controles fronterizos. El triaje incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.
El triaje es obligatorio para los Estados miembros, y aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirá siendo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para así "limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en instalaciones policiales habilitadas".
Sobre el retorno de los migrantes a sus países de origen, ha explicado que el proceso llevará como máximo 12 semanas.
Las normas se aprueban en primera vuelta, por lo cual ahora deben recibir los dictámenes de órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Tras ello, llegarán a las Cortes como proyecto de ley. Marlaska ha confiado en que esto ocurra "a la mayor brevedad".
