Las empresas forestales de Castilla y León no intervendrán en más labores de extinción: "La situación es insostenible"
- Reclaman a la Junta el cumplimiento del estatuto de los trabajadores y de las condiciones de salud y seguridad
- El Gobierno autonómico asegura que les tiende la mano, pero señala que los contratos "hay que cumplirlos"
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Unos 950 bomberos forestales de Castilla y León no acudirán desde este jueves a la extinción de incendios tras la decisión de la Asociación de Empresas Forestales de España (Asemfo), que responde a una "absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa".
Las empresas forestales de Castilla y León asociadas han decidido por unanimidad no participar en la extinción de incendios forestales "tras constatar la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa", ha señalado Asemfo en un comunicado. La Asociación explica que la decisión, adoptada en asamblea, responde a una situación que califica de "límite e insostenible" provocada por más de un año de requerimientos "ignorados" por la Administración autonómica y la "campaña de acoso y derribo" emprendida por la Inspección de Trabajo, que sanciona las condiciones exigidas por la Junta en la extinción, propias de una emergencia.
"Esta contradicción ha derivado en una inseguridad jurídica absoluta, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios", ha añadido Asemfo, que ha explicado que las empresas se ven "atrapadas" entre "dos criterios incompatibles que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales".
Asemfo recuerda que, desde marzo de 2025, ha reclamado de forma reiterada el cumplimiento de las condiciones "mínimas" necesarias para operar con seguridad. Sin embargo, asegura que la respuesta de la Junta ha sido "el silencio y la inacción", en una actitud que la asociación considera "irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial".
Situación "insostenible"
Por otra parte, ha explicado que la Inspección considera la actuación de las empresas como un trabajo ordinario, no una emergencia, y por tanto no sujeto a las excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores. "La situación es insostenible y las administraciones se tienen que poner de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común", ha aseverado la organización.
Además, ha afirmado que el "desmantelamiento" de la participación privada en la extinción de incendios y la sustitución por la empresa pública Tragsa "no mejora el operativo" y genera "graves perjuicios" a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal como la subrogación ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.
Asemfo ha añadido que la prioridad debe ser "un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada" y ha advertido de que la retirada de la extinción de incendios forestales "no responde a una estrategia de presión", sino a la imposibilidad "real" de trabajar en condiciones de seguridad jurídica.
La Junta señala que los contratos "hay que cumplirlos"
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha ofrecido este jueves ayuda a las empresas forestales, después de que Asemfo anunciara que no realizará más labores de extinción, aunque le ha recordado que los contratos que les unen están en vigor y son de obligado cumplimiento.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por el aviso realizado en la tarde de ayer por la Asociación Nacional de Empresas Forestales, que criticó la "negligencia" de la Junta y de la Inspección de Trabajo a la hora de establecer las condiciones de seguridad laboral, Carriedo ha reconocido que el cambio en la normativa estatal en 2024 condiciona este problema. Sin embargo, no ha concretado cuál sería la alternativa en caso de que haya en los próximos días un incendio grave que precise de la actuación de estos 950 bomberos forestales dependientes de empresas privadas, más allá de dar por hecho que estas compañías están obligadas a cumplir los contratos que tienen con la Junta.
Se da la circunstancia de que estas empresas están en contra de la decisión adoptada por la Junta de dejar de contar con ellas para el operativo de prevención y extinción de incendios, que será de carácter público íntegramente de forma progresiva en los próximos tres años, a medida que los contratos vayan terminando su vigencia y sea contratada la empresa pública Tragsa.
Preguntado por si hay margen para una marcha atrás en esa decisión, tomada tras los graves incendios del pasado 2025, el portavoz de la Junta ha indicado que la idea se mantiene y va a llevarse a cabo en los próximos ejercicios, aunque ha preferido no detallar ahora cuántos de estos contratos serán ya con Tragsa en esta próxima campaña de incendios, a la espera de que la presente el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Preguntado por el plan b, en caso de un incendio grave en los próximos días, Carriedo ha asegurado que el plan tiene "dos ejes", en primer lugar que hay unos "contratos en vigor de obligado cumplimiento" y en segundo lugar "colaborar con estas empresas" para que puedan cumplir con la normativa en materia de seguridad y salud laboral
