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El Gobierno de Cantabria confía en que la Ley de Autoridad del Profesorado esté aprobada este 2026

  • El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno el proyecto de ley que remitirá al Parlamento para su tramitación
  • La nueva norma busca que la autoridad de los docentes sea garantía de la convivencia escolar
Sergio Silva, Consejero de Educación de Cantabria, habla en una rueda de prensa. Se observan las banderas de España y Cantabria, y el escudo del Gobierno de Cantabria al fondo.
El consejero de Educación, Sergio Silva, explica en rueda de prensa los detalles de la nueva ley LARA REVILLA LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA
Borja Domínguez

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha mostrado su confianza en que la nueva Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar aprobada hoy en Consejo de Gobierno, pueda entrar en vigor a finales de este año. Su intención es que el documento esté registrado en el Parlamento de Cantabria el próximo 29 de mayo, que antes de que acabe junio se fijen las comparecencias en comisión para que éstas puedan comenzar en septiembre. De esta manera, se podría llevar al pleno para su debate y aprobación definitiva en este mismo año. El anteproyecto se presentó en enero y desde entonces, ha asegurado Silva, ha habido contactos con todos los grupos parlamentarios para dar a conocer la filosofía de una norma que pretende recabar el mayor consenso posible.

La nueva norma, que no sustituye, sino que complementa el decreto ya existente, tiene como pilar fundamental la autoridad del profesorado a quien confiere la presunción de veracidad. A este concepto se dedican los cuatro artículos del título primero de la ley. El segundo, que consta de trece artículos, se refiere a la convivencia en las aulas y regula tanto la labor preventiva que debe primar en los centros educativos como la restaurativa cuando se produzca algún conflicto.

Acoso Escolar

El artículo 15, en concreto, recoge y define la figura del acoso escolar y pone, como ha explicado el consejero, "a la víctima en el centro". Además, se definen las sanciones que se deben tomar ante un caso de bullying y que, destaca Sergio Silva, no tiene un objetivo sancionador sino pedagógico. El régimen sancionador establece hasta en veinte los días de expulsión del alumnado en caso de infracción grave. Se establecen también medidas provisionales que pretenden agilizar la restauración de la convivencia.