La represión silencia a los vivos en tiempos de guerra en Irán: ejecuciones, aislamiento y asfixia
- Unas 31 personas vinculadas a las protestas de enero ya han sido ejecutadas, según Human Rights Activists News Agency
- El control sobre la población no se limita a la acción física en las prisiones, sino que se extiende a una vigilancia tecnológica
El calendario de la represión en Irán registra un punto de inflexión el 28 de febrero de 2026. Ese día, el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre objetivos en territorio iraní activó un mecanismo de control interno. "La represión ha aumentado, sin lugar a dudas. La guerra ha dado más alas al régimen para ejercer mayor represión sobre la población civil", denuncia el responsable de países en Amnistía Internacional (AI), Carlos de las Heras, lo que considera como una "instrumentalización" del conflicto.
Según el experto, la situación bélica ha permitido acelerar los procesos judiciales y duplicar el uso de la pena de muerte respecto a años anteriores. "Estamos hablando de un incremento bastante alto de condenas y de ejecuciones. Este 2026, Irán es el segundo país donde más ejecuciones se han llevado a cabo", añade, solo detrás de China. En lo que va de año, que en Irán arrancó casi con la ola de protestas populares, las autoridades de la República Islámica han impuesto la pena capital a al menos 32 personas, pero en 2025 se situó a la cabeza con más de 2.150 ejecuciones, marcando niveles récord desde 1989, según el último informe de Amnistía Internacional publicado esta semana.
En este contexto de militarización, el Estado ha señalado a la comunidad bahá'í como uno de los objetivos prioritarios. Susana Díaz, de la Comunidad Bahá'í de España, detalla que esta minoría sufre una "discriminación sistemática que viene ordenada de parte del gobierno" desde 1979. Díaz explica que las autoridades utilizan la guerra para reactivar acusaciones de espionaje. "Se nos acusa siempre de espías de Israel. Cada vez que hay cualquier tipo de pequeña crisis a nivel nacional, ellos siempre utilizan a los bahá'ís como chivos expiatorios para diversificar la atención", denuncia. Según la portavoz, esta estrategia busca la invisibilización total de la comunidad. "Tienen como objetivo borrar a los bahá'ís del mapa de Irán; lo que quieren es que desaparezcan". Se estima que en el país viven hasta 350.000 fieles de esta confesión, la minoría no musulmana más numerosa.
El expediente de los primos Peyvand y Borna Naimi en la prisión de Kerman se enfrentan a ejecuciones simuladas. Peyvand, de 33 años, fue detenido el 8 de enero y, según los registros de la oficina de asuntos públicos, ha sido sometido a dos ejecuciones simuladas. Su primo Borna, de 29 años, fue arrestado el 1 de marzo bajo acusaciones que Díaz tilda de fabricadas. "Le presionaron con amenazas contra su esposa y su hija pequeña, diciendo que su hija de tres años sería enviada a un orfanato estatal si no firmaba la confesión contra su primo". Los documentos confirman que a Borna le provocaron quemaduras en los pies mediante descargas eléctricas para obtener declaraciones que implicaran a Peyvand en delitos que ocurrieron cuando este último ya se encontraba bajo custodia policial.
La guerra llegó después de protestas sin precedentes en la historia reciente del país persa. Lo que comenzó a finales de diciembre como una manifestación gremial en el Gran Bazar de Teherán por la estrepitosa caída del rial y la inflación descontrolada, escaló rápidamente hasta convertirse en un levantamiento nacional en las 31 provincias de Irán, desafiando directamente el liderazgo del fallecido Alí Jameneí. El régimen reaccionó con una brutalidad inédita desde 1979, recurriendo a un apagón digital absoluto y al uso de la fuerza extrema para sofocar las revueltas. El régimen reaccionó con una brutalidad inédita, recurriendo a un apagón digital absoluto y al uso de la fuerza extrema. Mientras las cifras oficiales hablan de 3.117 víctimas, expertos internacionales advierten que el balance final podría situarse entre los 20.000 y 30.000 muertos conforme avanzan las investigaciones.
A esta violencia en las calles le ha seguido una cascada de ejecuciones como medida punitiva, alertando que al menos 31 personas vinculadas a las protestas ya han sido ejecutadas, según Human Rights Activists News Agency, (HRANA). Boromand Este endurecimiento cuenta con un respaldo explícito en las instituciones del país. "Si en 2022 cien parlamentarios pedían la pena de muerte, ahora hay 63 parlamentarios que agradecen y celebran en el Parlamento la rápida ejecución de los detenidos. Lo celebran como diciendo: 'Qué bien que has hecho eso'", señala la activista y traductora iraní Ryma Sheermohammadi. Esta activista afirma que el régimen ha abandonado los procedimientos legales mínimos en favor de una violencia de supervivencia. "La República Islámica es una dictadura cuyo principal enemigo es su propia gente. Han sentenciado a un muchacho de 21 años y en 24 horas le han ejecutado. Es una manera obvia de crear ese terror y ese pánico para que nadie se atreva a salir a la calle", lamenta.
El control estatal sobre la población no se limita a la acción física en los centros de detención, sino que se extiende a una estructura de vigilancia tecnológica. Carlos de las Heras señala que el bloqueo de internet es una estrategia clave para asegurar la impunidad. "El apagar internet es una nueva arma que las autoridades están utilizando. Por un lado, dificulta la labor de organizaciones como Amnistía a la hora de investigar violaciones de derechos humanos, pero también deja a la ciudadanía iraní sin la posibilidad de obtener información del exterior o de sus propios familiares", explica. Según De las Heras, este cierre deliberado busca impedir que se conozca el impacto real de los ataques de Estados Unidos e Israel, que según los registros de su organización han causado "unas 3.000 personas muertas y alrededor de 25.000 heridas".
Tortura psicológica en el exterior
Para los iraníes que viven en el exterior, el apagón digital, más allá de una barrera tecnológica, es una forma de tortura psicológica. Nisrin*, de 45 años, vive en España mientras la mayoría de su familia intenta sobrevivir al estado de excepción en Irán. En una entrevista con RTVE Noticias, relata cómo el régimen de los ayatolás persigue a los vivos incluso a través de los muertos.
El 9 de enero, en el marco de las manifestaciones, la prima de Nisrin, una mujer de 60 años, desapareció tras ser detenida. Ante el silencio oficial, su hijo acudió a la morgue estatal. "Le enseñaron una foto que se parecía mucho a su madre. Para entregarle el cuerpo, le pidieron firmar un documento donde reconociera que su madre era miembro de la milicia radical Basij", relata Nisrin. Forzar estas firmas es una estrategia para engordar las cifras de bajas oficiales con civiles inocentes, ya que se trata de una fuerza paramilitar formada por voluntarios fundada por órdenes del ayatolá Jomeiní en noviembre de 1979 y está subordinado a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El hijo se negó inicialmente, pero tras una semana de angustia, regresó dispuesto a firmar cualquier papel con tal de recuperar los restos. Sin embargo, en ese momento le notificaron que aquel cuerpo ya había sido entregado a otra familia. "Resulta que no estaba muerta, sino detenida. Solo después de tres semanas supieron que estaba en una lista de arrestados, pero sin poder hablar con ella. Fue liberada tres meses después", explica su sobrina desde el exilio.
La persecución contra la juventud y la libertad de expresión también golpea directamente al entorno de Nisrin. Su sobrino, de 28 años, ya había estado en el punto de mira del régimen desde las protestas de Mahsa Amini por sus publicaciones en redes sociales. El pasado marzo, la seguridad del Estado volvió a irrumpir en su domicilio. "Entraron de noche creando mucho terror. Se llevaron todos los dispositivos electrónicos y estuvo un año en la cárcel solo por escribir en su página web, sin evidencias ni motivos", detalla Nisrin.
La liberación de su sobrino no ha significado el fin del acoso, sino una nueva forma de asfixia: la económica. "Lo liberaron bajo una fianza que es un dineral; nos pedían lo que cuesta comprar una casa entera", afirma. "Tenemos mucho miedo porque van a ocupar lo que tenemos en Irán. Si tenemos una casa, se la van a quedar", añade Nisrin que sienten miedo.
Apagar internet es una nueva arma del régimen
Carlos de las Heras señala que el bloqueo de internet es la pieza clave para asegurar la impunidad y la invisibilización. "Apagar internet es una nueva arma que las autoridades están utilizando. Por un lado, dificulta la labor de organizaciones como Amnistía a la hora de investigar violaciones de derechos humanos, pero también deja a la ciudadanía iraní sin la posibilidad de obtener información del exterior o de sus propios familiares", explica. Según De las Heras, este cierre deliberado busca impedir que se conozca el impacto real de los ataques de Estados Unidos e Israel, que según los registros de su organización han causado "unas 3.000 personas muertas y alrededor de 25.000 heridas".
En las calles, esta presión se manifiesta en lo que Sheermohammadi define como una ocupación militar interna. "La República Islámica despliega dentro del país a sus propias fuerzas militares armadas, incluso con ametralladoras pesadas en las calles. Si hubiera legitimidad y aceptación por parte del pueblo, en momentos de guerra la gente se uniría con el Ejército, pero en Irán la presencia militar es para controlar a la población", afirma la activista. Relata cómo el registro de dispositivos móviles se ha vuelto sistemático: "A dos amigos míos les pararon y les registraron el bolso. Les decían: '¿Qué hace este número extranjero en tu teléfono? ¿A quién estabas llamando?' Es una manera de crear terror y pánico".
La represión se complementa con una política de asfixia económica que afecta especialmente a la comunidad bahá'í. Susana Díaz detalla que el gobierno aplica una directiva para impedir que los miembros de esta fe puedan subsistir de manera autónoma. "Nadie tiene facilidades para ganarse la vida. Aquellas personas que tenían una pensión se les quita; a los funcionarios se les echa de sus trabajos; y a quienes intentan poner pequeñas empresas les ponen todas las pegas posibles, presionando incluso a los vecinos para que no compren en sus tiendas". Sostiene que esta exclusión económica busca el desmantelamiento de la comunidad. "El miedo que tenemos es que el objetivo sea borrar a los bahá'ís del mapa de Irán. Siga la guerra o termine, su plan es que desaparezcamos", apunta. Para ella, dar visibilidad a nombres como los de Peyvand y Borna Naimi es la única barrera que queda frente a la ejecución. "Los medios de comunicación podéis poner presión para que se respeten los derechos humanos que ellos mismos han firmado".
Una sociedad "terriblemente traumatizada"
El uso propagandístico de las víctimas es otra de las herramientas descritas por las fuentes. Carlos de las Heras cita un ejemplo ocurrido tras un ataque a una escuela en Shiraz. "Las autoridades sacaron a las víctimas de los hospitales, la mayoría niños, y las llevaron de nuevo a la escuela bombardeada para hacer fotografías y vídeos que luego el régimen utiliza de manera propagandística". Para Ryma Sheermohammadi, estas acciones son el reflejo de un sistema que utiliza el conflicto exterior para justificar la violencia interna, "La guerra siempre ha actuado a favor del régimen porque le da un pretexto para matar, detener y confiscar propiedades bajo la acusación de que estas personas son enemigas y colaboran con fuerzas del extranjero", denuncia la traductora.
Carlos de las Heras insiste en que el "apagón" es una violación de derechos fundamentales que no debe normalizarse, mientras Ryma Sheermohammadi advierte de que el sistema ha cambiado hacia un tablero más cerrado y controlado. Sin embargo, como concluye Susana Díaz, la resistencia de estas minorías y de la población civil iraní sigue basándose en la defensa de principios que el régimen considera una amenaza, pero que ellos consideran universales: "Pase lo que pase, nuestra comunidad ha trabajado por la igualdad y los derechos durante 180 años. Y eso es algo que no se puede borrar con una ejecución".
El impacto de estas medidas ha generado lo que Ryma Sheermohammadi define como una sociedad "terriblemente traumatizada". Según la activista, la combinación de la crisis económica y la violencia física ha derivado en un estado de supervivencia donde la esperanza de un cambio político se ha visto desplazada por la urgencia de reconstruir lo básico. "La sociedad está absolutamente aterrorizada porque ve cómo han matado a detenidos del movimiento Mujer, Vida y Libertad tras cuatro años en la cárcel, o cómo ejecutan a otros en 24 horas. El mensaje es: 'Atrévete tú a salir'".
*Nombre ficticio
