El Gobierno llevará al Constitucional la derogación de la ley de Memoria Democrática en Baleares
- El Ejecutivo reclama la suspensión cautelar de la norma hasta que se resuelva el recurso
- La ley fue aprobada en marzo con el voto favorable del PP y de Vox
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El Gobierno solicitará al Tribunal Constitucional la impugnación de la ley aprobada en marzo por el Parlamento de Baleares para derogar la ley autonómica de Memoria Democrática, por entender que el nuevo texto "afecta directamente a la dignidad y la integridad moral de las víctimas de la guerra en España y de la dictadura franquista".
La nueva ley salió adelante con el apoyo del PP y de Vox e implicó la derogación de la norma adoptada en abril de 2018, durante la etapa de la socialista Francina Armengol al frente del Ejecutivo autonómico. Según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, han elevado el caso a los tribunales después de que el actual Gobierno balear, encabezado por la popular Marga Prohens, haya rechazado una petición para la restitución íntegra del texto anterior.
En vista de esta negativa, el Gobierno central ya ha solicitado un dictamen al Consejo de Estado, paso previo a elevar el tema ante el Tribunal Constitucional, al que reclamará la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el procedimiento, como ya ha ocurrido en "casos similares anteriores".
El Ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres basa el recurso en la presunta vulneración de principios constitucionales esenciales, como pueden ser derechos vinculados a la dignidad humana y a la integridad moral. Además, sostiene que incumple también una batería de obligaciones internacionales relativas a "derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
Un pulso político
El Gobierno, que ya ha impugnado iniciativas similares en otras autonomías gobernadas por el PP, recuerda que la Ley estatal 20/2022, de Memoria Democrática introduce una batería de compromisos de obligado cumplimiento en todo el país y un "deber de colaboración" entre todas las administraciones públicas para garantizar los derechos de las víctimas y desarrollar políticas públicas de reconocimiento histórico.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática considera que la ley balear deroga las políticas de localización e identificación de desaparecidos, la señalización de Lugares de Memoria, los programas educativos y de formación sobre memoria democrática, así como los mecanismos de colaboración institucional y apoyo a las asociaciones memorialistas.
