Un mes desde la tragedia de El Bocal
- La justicia investiga penalmente a cuatro personas como presuntas responsables de la muerte de seis jóvenes en Santander
- La jueza encargada de instruir la causa determina que es Costas la única responsable de su conservación
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El pasado 3 de marzo, superadas las cuatro de la tarde, siete jóvenes, estudiantes en el Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Heras, franquean, en el entorno del Bocal, una de las pasarelas que forman parte de la senda costera santanderina. Un movimiento extraño del puente, quizá un temblor, precede al desplome de la estructura antes de que puedan abandonarla. Ya nada les separa de un angosto abismo de rocas y agua sobre el que se abaten sin remedio. Sólo una de las integrantes del grupo logra sobrevivir. La alavesa Ainara Rodríguez se aferra al cortado y, alentada por dos ciclistas que son los primeros en dar la voz de alarma tras percatarse del accidente, resiste hasta la llegada de los cuerpos de rescate. Sus compañeros, Lluna Vallejo, Celia Lage, Lucía San Martín, Xabier Bayón y Eunate Hervás no corren la misma suerte. Tampoco Elena Sirbu, que permanece desaparecida hasta que un GEO la localiza sin vida casi dos días después.
Lo impactante de la tragedia trae aparejado una búsqueda inmediata de los motivos por los que se ha producido y si existe algún responsable. No tardan en aflorar datos importantes. Apenas un día antes de lo ocurrido, un vecino alertó al 112 del mal estado de la pasarela. El aviso fue trasladado a la Policía Local de Santander, que no actuó. La tregua pactada entre las administraciones con algo que ver en el asunto pronto salta por los aires.
Equipos de rescate y policia local trabajan en el lugar de los hechos. Nacho Cubero Nacho Cubero / Europa Press.
Ayuntamiento de Santander y Demarcación de Costas, entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se acusan mutuamente de ser los responsables del mantenimiento de toda la infraestructura de la senda costera. Filtraciones de documentos y declaraciones públicas enfangan el ambiente. Se sabe que la obra fue pagada y construida por el organismo estatal, hasta que la presión vecinal la frenó y quedó inconclusa. La jueza encargada de instruir la causa determina que es Costas la única responsable de su conservación, aunque recuerda al ayuntamiento que debe velar por la seguridad de cualquier equipamiento existente en el municipio, aunque no sea de su competencia.
Cuatro investigados
Actualmente cuatro personas están siendo investigadas: dos responsables de Costas, la empleada del 112 que transmitió el aviso sobre el mal estado de la pasarela y la policía local que lo recibió. Dos de ellas ya han prestado declaración, así como varios testigos. El proceso judicial sigue su curso.
