Las seis de La Suiza aplauden el indulto, pero advierten: "Los derechos sindicales siguen estando en tela de juicio"
- El grupo de sindicalistas, condenado a tres años y medio, se muestra "preocupado" por el precedente que sienta su caso
- "Ha habido de todo, subidones, bajones… Siempre nos hemos mantenido fuertes, unidas y con mucha dignidad"
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Las seis de La Suiza se han convertido en un referente de la lucha sindical. El grupo, de la CNT y compuesto por cinco mujeres y un hombre, fue indultado este martes por el Gobierno central tras haber sido condenado a tres años y medio de cárcel por coacciones y obstrucción a la justicia. Y aunque este miércoles, en una rueda de prensa en Gijón, han aplaudido la medida, han señalado que nunca se les tendría que haber privado de su libertad.
El grupo fue condenado por la batería de protestas que convocaron a las puertas de la pastelería La Suiza, en Gijón, después de que una empleada recurriese a la CNT para intentar cerrar el conflicto laboral que mantenía abierto con los propietarios del establecimiento. Un juzgado de Gijón sentenció que las manifestaciones y otra serie de acciones impulsadas por el sindicato fueron constitutivas de un delito de coacciones graves. El Tribunal Supremo refrendó el fallo en el verano del 2024.
Aunque a las condenadas, como han recordado Laura Carro y Héctor González, dos de los integrantes del grupo y los encargados de valorar el indulto pronto se les aplicó el tercer régimen penitenciario y diez días después de entrar en prisión pudieron salir a dormir a sus casas, consideran que el proceso judicial ha sentado un precedente “preocupante”.
"Aunque nosotras ahora disfrutemos del indulto y de la libertad, los derechos sindicales siguen estando en tela de juicio porque se ha sentado una jurisprudencia y eso es algo que nos preocupa de cara al futuro", han señalado ante la prensa.
Las seis de la Suiza, en la primera comparecencia pública tras la aprobación del indulto, han insistido en que en las manifestaciones que convocaron y a las que en algún caso llegaron a asistir decenas de personas, nunca se registraron actos violentos ni incidentes. "No hubo ningún atisbo de violencia", han defendido, al tiempo que han recordado que todas fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno.
A lo largo del proceso judicial, el grupo de sindicalistas ha estado acompañado por diferentes movimientos sociales y sindicales que exigieron el indulto. La petición fue respaldada además por varios partidos políticos e instituciones, como el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y encargado de llevar el asunto este martes al Consejo de Ministros, así como el Gobierno de Asturias, en manos del PSOE.
Los dos representantes del grupo han señalado que nunca pensaron que terminarían condenados. Antes de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que posteriormente fue ratificada por otras instancias judiciales, el caso había pasado por otros juzgados, pero siempre había acabado archivado.
"Parece que según donde caiga, los mismos hechos pueden terminar siendo juzgados y determinados como delictivos o simplemente [considerados] como derecho sindical", ha censurado Carro. La sentencia, además de los tres años y medio de cárcel para cada uno de los integrantes, contemplaba una indemnización de 150.000 euros para el dueño de la pastelería, que acabó cerrando el negocio.
"Siempre nos hemos mantenido fuertes"
Carro y González también han explicado cómo han vivido en el plano personal la condena: "Ha habido de todo, subidones, bajones… Siempre nos hemos mantenido fuertes, unidas, con mucha dignidad y con la tranquilidad de todo el apoyo que hemos tenido". Y han señalado que ellas también han sufrido una "persecución" a lo largo de los nueve años que ha durado el proceso.
El caso abrió un fuerte debate sobre los límites de las protestas laborales y de la acción de los sindicatos y a este respecto, González ha defendido que los límites al ejercicio del derecho sindical, de la defensa de los derechos laborales y de reunión de y manifestación "nunca" pueden considerarse una "buena noticia".
El caso se remonta a 2016. Una trabajadora de la pastelería embarazada, según el relato de la CNT, pidió marcharse a casa porque estaba indispuesta. El responsable se negó y la mujer alertó a su marido, que acudió al establecimiento. Allí, en el transcurso de una discusión, el hombre rompió un frigorífico. La empleada solicitó la baja y tras dar a luz y cuando todavía estaba de baja por maternidad contactó con el sindicato para negociar su marcha de la empresa.
La central sindical abrió una negociación con los propietarios de la pastelería, pero estos no aceptaron las condiciones propuestas: 6.000 euros de indemnización y la retirada de la denuncia que habían interpuesto por la rotura del frigorífico. Fue entonces cuando la CNT puso en marcha las movilizaciones a las puertas de la pastelería.
