Begoña Gómez recurre el intento de Peinado de llevarla ante un jurado popular
- La defensa de la mujer del presidente indica que el auto del magistrado contiene datos falaces y "conjeturas"
- El recurso niega que existan indicios contra Gómez en los cinco delitos que le imputa el juez
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Begoña Gómez ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que su caso sea juzgado por un jurado popular. Lo ha hecho a través de un recurso en el que denuncia que el auto del magistrado contiene datos falaces, "conjeturas" no apoyadas en indicios y "olvidos, demasiados olvidos".
El recurso de reforma, presentado por el letrado Antonio Camacho, sostiene que lo único acreditado en este procedimiento es "la voluntad inquebrantable del Instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla". También indica que se investiga a Gómez "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".
El texto niega que existan indicios contra Gómez en los cinco delitos que le imputa el juez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida. Además, advierte de que reconducir este asunto "muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública" a un jurado popular puede "generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido".
"La única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno", sostiene la defensa de Gómez, que también critica la "redacción confusa" de Peinado.
En la resolución, Peinado señalaba que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en la Universidad Complutense de Madrid, "obteniendo para ello una interlocución singular con responsables" del centro, "empresas patrocinadoras" y "entidades del sector tecnológico". Subrayaba que su condición de pareja de Sánchez "influye en la conducta de cualquier ciudadano" por el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".
Gómez niega indicios de delito
El recurso solicita anular el auto en el que Peinado acumuló todo el procedimiento en una sola causa, atribuyó el caso a un tribunal de jurado popular y citó para el 1 de abril a los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Peinado tomó esta decisión después de que la Audiencia de Madrid revocara su resolución anterior, adoptada sin reunir "indicios concluyentes y consistentes". Con ello, intentó respaldar los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que son competencia del tribunal de jurado, y arrastrar al resto de implicados.
Gómez incide en que el juez utiliza unos hechos —los contratos adjudicados a empresas de Barrabés— que en su momento justificaron la apertura del procedimiento, "pero que desde hace casi dos años no se están investigando en el Juzgado", sino en la Fiscalía Europea, en la que Gómez no ha sido citada como investigada, sino como testigo.
Añade que Barrabés "no intervino en la creación, financiación, desarrollo y consolidación" de la cátedra que codirigió Gómez en la Complutense. Además de asegurar que en la creación ni financiación de la misma no hubo irregularidades, señala que no tuvo "ningún beneficio económico".
Descarta malversación e intrusismo
Sobre el presunto delito de malversación, la defensa rechaza los argumentos que indicarían "un supuesto uso inadecuado de una asistente", en referencia a la asesora Cristina Álvarez. Señala que este puesto siempre ha existido, aunque no exista un Estatuto que detalle sus funciones. Reitera, como ya hizo en otros escritos, que el trabajo de Álvarez consiste en acompañar a Gómez y coordinar su agenda con el servicio de seguridad.
Además, cita los correos enviados entre la asesora y el exrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, todos relacionados con la cátedra que codirigía Gómez. Subraya que "responden a una ayuda puntual" y que "en ningún momento esto ha afectado al cumplimiento de las funciones ordinarias y habituales" de la asesora.
La defensa critica la interpretación del juez sobre actividades privadas e institucionales. Afirma que, de aplicarse así, "supondría que el personal de servicio del Complejo (de la Moncloa) que, por ejemplo, hiciera la comida y se la sirviera a mi representada, cometería un delito de malversación de caudales públicos".
Respecto a la corrupción en los negocios, la defensa argumenta que no hay indicios de irregularidad. El recurso niega indicios de intrusismo y desmonta la acusación de apropiación indebida de un software creado para la cátedra. Según indica, solo registró el logo de la web para "evitar que fuera incorrectamente utilizado" y el dominio siguiendo instrucciones de la universidad, sin lucrarse. "Llevamos dos años investigando un delito inexistente", indica la defensa.
