El Senado argentino aprueba la Modernización laboral de Milei con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones
- Se eliminó el artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad
- El Congreso de Argentina aprueba la rebaja de edad de imputabilidad penal a 14 años
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El Congreso de Argentina aprobó este viernes la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Javier Milei, que implica drásticos cambios en las condiciones de trabajo y acaba con décadas de conquistas de los trabajadores.
La ley, que modifica una normativa de 1976, reduce la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores, plantea alternativas al pago de las horas extra, limita el derecho a huelga y la actividad sindical, entre otras reformas sustanciales a las condiciones de trabajo.
El pasado 11 de febrero, la reforma laboral pasó por el Senado y se trasladó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó con modificaciones, motivo por el que regresó este viernes a la Cámara Alta para su ratificación final.
El debate contó con apenas una veintena de oradores e inició con la intervención del senador de La Libertad Avanza (LLA, oficialista) Juan Cruz Godoy, quien intentó despejar las dudas en torno a la reforma al asegurar que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”.
Entre los puntos que destacó como positivos, mencionó que continúan existiendo las indemnizaciones, que se facilita el registro de los empleados de manera formal y que el sistema "se agiliza" y se vuelve "más económico".
Desde el peronismo fue cuestionada la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos, al asegurar que se trata de un "incentivo a los despidos", según dijo Jorge Capitanich, y una "estatización de la deuda privada" de los empleadores con los trabajadores, según expresó Mariano Recalde, ambos del bloque Justicialista.
Limitación al derecho de huelga es inconstitucional, para el bloque Justicialista
A la hora de los cierres, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, consideró que la limitación al derecho a huelga que plantea la ley es "abiertamente inconstitucional" y que la ley es un "desastre legislativo".
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y jefa del bloque oficialista, cerró el debate argumentando que el régimen laboral vigente hace que "nadie contrate a nadie" y que "en nombre de los trabajadores, se mandó a la informalidad a miles de trabajadores".
"Esta es la estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley", aseguró Bullrich.
Este mediodía, cientos de personas, dirigentes políticos de la oposición y sindicalistas se manifestaron a las puertas del Congreso argentino para protestar contra la ley.
Una vez retirados los sindicatos, cuando comenzaron intentos de disturbios, la jornada finalizó con un saldo de 122 manifestantes heridos y 4 detenidos, según aseguró el organismo de derechos humanos Comisión por la Memoria.
Los cambios esenciales de la nueva ley
La nueva ley modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y excluye del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente. Permite que los salarios puedan ser abonados en moneda extranjera de manera opcional.
El antiguo régimen contemplaba mantener la antigüedad de un trabajador que se reincorpore a un puesto de trabajo, pero la nueva normativa no computa los años trabajados en el pasado si han transcurrido dos años entre el cese de la actividad y la reanudación del vínculo.
Mientras la ley anterior establece el pago de las horas extra, la nueva normativa crea un “banco de horas”, que permite que el tiempo extra trabajado se pueda acumular como un saldo a favor del trabajador y ser compensado con días libres o jornadas de trabajo reducidas.
La norma amplía el listado de sectores considerados esenciales: no se podrá prestar menos del 75 % del servicio en caso de huelga.
Se modifica la Ley de Asociaciones Sindicales, al establecer que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador.
La norma tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a una medida de fuerza.
La nueva ley elimina el principio de que un convenio colectivo sigue vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo. Así, los convenios perderán vigencia al expirar el plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo.
Dispone que los convenios de ámbito menor, como los de empresa, prevalecerán sobre los de mayor alcance, es decir, los sectoriales.
La derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigor 180 días después de la sanción de la ley.
El Senado aprueba también la rebaja de la edad penal de los 16 a los 14 años
El Senado de Argentina aprobó este viernes un nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en la última sesión del período extraordinario que finaliza este sábado para dar lugar al curso legislativo ordinario.
El Senado argentino aprobó el proyecto de reforma por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La iniciativa se convirtió en ley tras haber recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, el pasado 12 de febrero, por 149 votos a favor y 100 en contra.
"Matar no puede ser gratis, ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor", argumentó este viernes la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional del Gobierno de Javier MIlei e impulsora del proyecto.
El objetivo de la ley es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social", dice el texto.
Las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y se podrán cumplir en el domicilio, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
La propuesta original promovida por el Gobierno argentino fijaba el inicio de la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero la elevó a 14 ante las críticas de la oposición. El costo de la implementación del nuevo régimen superaría los 23:000 millones de pesos (unos 16 millones de dólares)
