Los Comuns denuncian a Albiol por un presunto delito de odio tras el desalojo de migrantes
- El alcalde de Badalona defiende que no ha sido una acción contra la inmigración sino contra la "ocupación ilegal"
- La Generalitat confirma el realojo de 120 de los 180 personas más vulnerables
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El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha interpuesto una denuncia ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de la localidad barcelonesa de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo de cientos de migrantes de un antiguo instituto la semana pasada, después de que decenas de ellos hayan pasado varias noches a la intemperie.
La denuncia penal, a la que ha tenido acceso RTVE, acusa a Albiol de un delito de odio y otro de denegación de servicio público por motivos discriminatorios. De manera subsidiaria, le considera potencialmente responsable de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa, a raíz de las decisiones políticas y las declaraciones públicas de estos últimos días.
Los Mossos procedieron el 17 de diciembre al desalojo del antiguo instituto B9, donde vivían unas 400 personas, en virtud de una orden judicial dictada a instancias del Ayuntamiento. Asens recuerda, sin embargo, que en esta misma orden ya se establecía que "la actuación únicamente podía llevarse a cabo si, de manera simultánea, se garantizaba una alternativa habitacional a las personas afectada", un extremo que no se habría cumplido.
Varias decenas de migrantes han pasado hasta siete noches bajo el puente de una autopista y otro grupo ha irrumpido en un albergue en desuso, en un clima de creciente tensión social que, según argumenta el eurodiputado, Albiol cuanto menos permitido. Asens esgrime que el edil 'popular' ha desligado al Ayuntamiento de posibles responsabilidades para facilitar la acogida de los migrantes, a los que atribuyó "problemas de convivencia, incivismo o inseguridad".
El discurso del alcalde de Badalona, prosigue Asens, "mostraba desprecio hacia su origen étnico, situación administrativa y condición social" en un contexto de "vacío de respuesta institucional" hacia las necesidades de los migrantes.
La reunión vecinal del 23 de diciembre
La denuncia atribuye también a Albiol conductas constitutivas de delito en la convocatoria y posterior celebración de una reunión vecinal en la que parte de los asistentes "profirieron expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador", sin que el alcalde las desautorizara de manera "clara e inmediata". Alude a una frase concreta del alcalde: "Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis".
Cree que de estas declaraciones puede entenderse "una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza" y afea a Albiol que no zanjase "llamamientos explícitos a asaltar y quemar el albergue, por parte de personas exaltadas, algunas de ellas con el rostro cubierto".
Tras la reunión, un grupo de vecinos se desplazó hasta el albergue para lanzar "consignas xenófobas", lo que no sólo "confirma el riesgo real" de los discursos previos sino que supuso 'de facto' un bloqueo para la asistencia social de estos migrantes.
Albiol se defiende: "No ha sido una acción contra la inmigración"
La polémica se ha colado este miércoles en un pleno del Ayuntamiento, pese a que oficialmente no estaba incluida en el orden del día. Albiol, que gobierna con mayoría absoluta, ha subrayado que el desalojo "no ha sido una acción contra la inmigración", sino "contra la ocupación ilegal", una lacra que ha prometido combatir sin importar si estos ocupas "ilegales" son "blancos, negros, guapos o feos".
"Yo siempre lo he dicho, esta es una ciudad que tiene inmigrantes y son bienvenidos si vienen a trabajar", ha sentenciado.
La oposición, en cambio, ha cargado contra la corporación de Gobierno. La exalcaldesa Dolors Sabater ha lamentado que el desalojo siguiese adelante "sin ninguna planificación" para atender la "emergencia" posterior y ha acusado a Albiol de "chulearse" incluso de que no quería responder a las necesidades de los afectados.
En esta línea, el socialista Christian Carneado ha afirmado que, aunque desde el PSC respaldan que era necesario desalojar el antiguo instituto, "las cosas se tienen que hacer bien, con humanidad y siguiendo las leyes y las normas".
La Generalitat critica la inacción del Ayuntamiento
Varias entidades sociales se han implicado en las labores de auxilio a los migrantes sociales y el martes estas asociaciones, junto al Gobierno de la Generalitat y la Sindicatura de Greuges, llegaron a un acuerdo para comenzar a realojar a los migrantes. También varios vecinos se han ofrecido a acoger en sus propias viviendas a algunos de los desalojados.
La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mónica Martínez, ha confirmado en una entrevista en 'La Hora de La 1' que de las 180 personas que habían sido identificadas como vulnerables al menos 120 han sido ya derivadas a los recursos de emergencia contemplados para aliviar la situación, especialmente de quienes "tristemente" han pasado una semana pernoctando bajo un puente.
"Somos conscientes de que hay personas que han rechazado ir a estos recursos”, ha admitido Martínez, que confía ahora en un trabajo "intenso" y "a pie" de los trabajadores de los servicios sociales para aliviar la situación de las personas sin techo.
La "acción de emergencia" emprendida por la Generalitat deriva, en palabras de la consellera, de la inacción del Ayuntamiento. En este sentido, ha advertido de que ya desde un principio la administración local estableció un nivel "insuficiente" de derivaciones de los casos identificados en el antiguo instituto como de "extrema vulnerabilidad".
En cuanto a las declaraciones de Albiol, Martínez ha evitado repudiarlas de manera directa aunque sí ha apelado al "rigor" y a "no criminalizar" a un colectivo completo. Aunque ha admitido que el asentamiento migratorio era "delicado" y podía haber focos de delincuencia, ha señalado que "eran minoría" y “muchas personas estaban residiendo allí porque no tenían otra alternativa”.
Por su parte, el director de Cáritas en Cataluña, Eduard Sala, ha lamentado en una entrevista a EFE que que decenas de vecinos impidieran que los migrantes desalojados pudieran cobijarse en el interior de una parroquia, un ejemplo de "deshumanización" a su juicio. Aunque son "una minoría", "hacen mucho ruido", por lo que ha animado a "las personas que son capaces de considerar a los semejantes como seres humanos" a no quedarse callados para no ser "cómplices".
