Asociaciones de víctimas de la dana protestan ante las Corts contra la gestión autonómica de la catástrofe
- El acto sirve además como antesala de la manifestación convocada para este fin de semana
- Critican que Carlos Mazón, pese a haber dimitido, conserve su acta de diputado
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Las asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este jueves ante las Corts de Valencia en un acto simbólico para protestar contra la gestión del Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón. Los participantes han acudido con carbón en las manos y se han situado de espaldas a las puertas del Parlamento autonómico como forma de denuncia. Con esta acción, las asociaciones quieren visibilizar su rechazo a la respuesta institucional a las riadas ocurridas hace un año y lanzar un mensaje de crítica política y social.
El acto sirve además como antesala de la manifestación convocada para este fin de semana, en la que se pedirá que se asuman responsabilidades por la tragedia. Las asociaciones han convocado a la ciudadanía a sumarse a esta protesta y han señalado que, tras un año de movilizaciones y presión social, consideran insuficientes las explicaciones y medidas adoptadas.
Critican que Carlos Mazón, pese a haber dimitido, conserve su acta de diputado y reclaman que declare ante la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la dana. También acusan al actual Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, de proteger a su antecesor y de mantener, por cálculo electoral, políticas que -según denuncian- contribuyeron a las consecuencias mortales de las riadas, que dejaron 230 víctimas según el último balance.
Durante la concentración, las portavoces de las asociaciones han subrayado que, un año después, todavía quedan muchas tareas pendientes para recuperar la normalidad en las zonas afectadas. Han señalado, entre otros ejemplos, que algunos alumnos continúan recibiendo clases en barracones debido a que sus centros educativos no han sido reconstruidos. Las víctimas reclaman una mayor inversión pública y medidas efectivas para que los municipios damnificados puedan volver a la situación previa a la tragedia sufrida en octubre de 2024.
