La Audiencia Nacional juzgará por videoconferencia a Jordi Pujol desde su casa: "Estoy a disposición del tribunal"
- Los magistrados lo han comunicado tras escuchar en vista previa al 'expresident y a los médicos que le han examinado
- También han anunciado que podrían revisar su decisión en cualquier momento del juicio
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La Audiencia Nacional ha decidido este lunes juzgar al expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, a pesar de que los forenses hayan ratificado en una vista previa que su "deterioro cognitivo" le impide defenderse. Por tanto, los magistrados han decidido que sea juzgado y le han permitido seguir las sesiones desde su casa. No obstante, el tribunal ha indicado que podrían revisar esta decisión en cualquier momento del juicio y, si se produce "cualquier modificación" en el estado de salud del expresident, de 95 años, decidirá si "está en condiciones de hacerlo".
Los magistrados de la sección primera de lo Penal han adoptado esta decisión tras una breve deliberación y después de escuchar, en dicha vista previa, al propio Pujol por videoconferencia desde su casa y a los médicos forenses que le han examinado y que han ratificado que no estaba en condiciones de ser juzgado. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha preguntado a Pujol si sabía los motivos por los que se encontraba ante la Sala, a lo que el expresidente ha contestado que sí.
Después, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha preguntado al expresident si sería capaz de reconocer su firma en un documento, y Pujol ha contestado que no se encuentra bien y que tiene ciertas "dificultades". No obstante, ha afirmado: "Estoy a disposición del tribunal".
Tal y como ha reiterado el médico personal del exmandatario, este tiene "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)". Además, ha explicado que está llevando a cabo la convalecencia en su domicilio, ya que ha estado hospitalizado desde mediados de noviembre hasta el pasado viernes por una neumonía. Por ello, su médico considera que "no está en condiciones" de afrontar el proceso judicial.
El tribunal también ha dejado claro en la primera sesión de este lunes que el resto de acusados, entre ellos los siete hijos de Jordi Pujol, no tienen porqué ir cada día a la Audiencia Nacional. Solamente, han precisado los magistrados, tendrán que estar presencialmente en el juzgado cuando se les requiera.
Hasta el próximo mes de mayo, el juicio se alargará durante 41 sesiones por las que desfilarán un total de 254 testigos. Los acusados no declararán hasta la fase final del proceso que, previsiblemente, será en el próximo mes de abril. El tribunal juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía pide penas de ocho a 29 años de cárcel para la familia Pujol
Aparte de Jordi Pujol y sus siete hijos (la esposa del expresident Marta Ferrusola, murió en 2024), el banquillo de la Audiencia Nacional aguarda a otros 11 acusados, la mayoría empresarios, a quienes la Fiscalía acusa de haber pagado las comisiones con las que la familia engordó su patrimonio en Andorra o de colaborar con las operaciones de blanqueo de los fondos.
La Fiscalía pide para los Pujol penas que oscilan entre los ocho y los 29 años de cárcel (nueve para el expresident). Los acusa, según los casos, de delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración en la ejecución.
Para la acusación pública, los Pujol conformaron una asociación ilícita, con el expresident y su esposa en la cúspide, para repartirse con empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) los beneficios obtenidos en las adjudicaciones de contratos públicos de administraciones controladas por el partido. El primogénito, según las tesis de la Fiscalía, sería el encargado de recabar esas comisiones, gestionar el patrimonio y blanquearlo con operaciones en el extranjero para después distribuirlo entre la madre y los hermanos, que en el año 2000 cobraron cada uno 126 millones de las antiguas pesetas (757.300 euros al cambio).
La mayoría de los hermanos regularizaron sus fondos gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012. No están acusados de fraude fiscal por el tiempo transcurrido desde los ejercicios en los que tuvieron el dinero oculto en bancos andorranos, de modo que el delito ya está prescrito. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado les acusan de delitos de fraude fiscal, que alcanzarían los 7,7 millones para el primogénito.
Durante la investigación se halló también una cuenta de Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol asumía ser el titular de 307 millones de las antiguas pesetas (1,8 millones de euros) ingresadas en el año 2000. Hacienda cifró este fraude en 885.651 euros, pero lo consideró prescrito.
