VOX exige prohibir el velo en espacios públicos en plenas negociaciones con el PP para sustituir a Mazón en Valencia
- Los de Abascal también piden prohibir el burka "por ser contrario a la dignidad de las mujeres"
- La formación solicita al Gobierno que modifique la ley para sancionar a quienes usen estas prendas
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En plenas negociaciones para sustituir al ya expresident Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, VOX ha registrado este viernes en les Corts una iniciativa para que se rechace el uso en espacios públicos del velo tipo niqab y también el burka. Según la formación de extrema derecha, este tipo de piezas "son contrarias a nuestra cultura y costumbres" y consideran "que atenta contra la dignidad de las mujeres".
Concretamente, el grupo parlamentario de VOX muestra su "rechazo" al uso de este tipo de prendas en el espacio público y pide al Gobierno que se sancione a aquellas personas que porten niqab o burka. También multar a los padres y tutores que obliguen a sus hijos a llevarlas.
Además, se añade un punto en el que se insta a reformar la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros para asegurar que "la reincidencia en dicha conducta" sea sancionada con la expulsión del territorio nacional cuando sea realizada por extranjeros.
El partido argumenta que ya son varios los países de la Unión Europea que han establecido restricciones al uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público, y cita casos como Francia en 2010, Bélgica en 2011 o Suiza en 2021 tras celebrar una consulta popular.
En tiempo de descuento para cerrar un acuerdo
La propuesta llega cuando queda menos de una semana para que PP y VOX logren un acuerdo para investir a un nuevo líder del ejecutivo valenciano. Los populares ya han designado a Juanfran Pérez Llorca como candidato, pero necesitan los votos de la formación de ultraderecha para alcanzar la mayoría necesaria.
La formación de ultraderecha ha anunciado hace pocos días otra de sus exigencias al PP: la construcción de diques y presas en la región. Desde el Gobierno han advertido, sin embargo, que las competencias para construir este tipo de infraestructuras no está delegada a las comunidades autónomas.
