La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno y otras 54 personas por estafar a bancos y blanqueo
- En un auto, el magistrado ve indicios de la existencia de una presunta red criminal activa desde 2017
- Moreno habría utilizado su fama para ganarse la confianza de los bancos y obtener financiación
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El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto en un auto sentar en el banquillo al empresario y productor José Luis Moreno por integrar presuntamente una organización criminal dedicada a conseguir financiación de bancos e inversores para "lucrarse de manera ilegítima". Concretamente, el magistrado plantea juzgarle a él y a otras 54 personas investigadas por delitos como estafa en concurso con falsedad, blanqueo, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución.
Todo ello, cuatro años después de ejecutarse la 'operación Titella' (marioneta en catalán) en la que el popular ventrílocuo fue detenido en el verano de 2021 y salió de la Audiencia Nacional con la obligación de presentar una fianza de tres millones de euros que, posteriormente, fue rebajada a dos.
En su auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el juez cree que también hay indicios para juzgar a José Luis Moreno y a quien fuese su pareja, el actor Martín Czehmester, por presunto fraude a Hacienda entre 2019 y 2020.
Una red de fraude activa desde 2017
En el texto, el juez desglosa los indicios de la existencia de una presunta red criminal activa, al menos, desde 2017 y en la que sitúa en un "primer nivel" a José Luis Moreno. Con una actividad de "extraordinaria complejidad", el magistrado indica que la organización se diversificaba en especialidades, desde el fraude y estafa a bancos e inversores hasta la falsificación de efectos bancarios y el blanqueo de los beneficios.
Para el juez, el objetivo era obtener lucro aparentando solvencia económica para lograr créditos a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.
Moreno habría empleado su fama como "tarjeta de visita"
José Luis Moreno, "necesitado de financiación privada" a la vista de "sus numerosas deudas" con Hacienda y que le cerraban la puerta al crédito de los bancos, contactó con uno de los presuntos líderes de la organización, Antonio Luis Aguilera, y "colaboró con él para obtener financiación fraudulenta", indica el juez.
Según el auto, "una de sus funciones esenciales era generar confianza en las entidades financieras al tratarse de un personaje público". Por tanto, usaba su nombre como "tarjeta de visita" para que fuese más fácil obtener financiación. Como explica el juez, él era el principal destinatario de los fondos y el encargado de presentar los proyectos audiovisuales para los que pedía recursos.
Aguilera y otro de los procesados, Antonio José Salazar, estaban también en el primer nivel y, según el juez, eran los encargados de conseguir las sociedades pantalla, maquillarlas y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación. Para ello, necesitaban valerse de terceras personas como abogados, gestores financieros, empleados de banca y "otras personas de su especial confianza".
Sin ellos, considera el juez que hubiese sido imposible organizar, planificar y ejecutar la mayoría de estafas, teniendo en cuenta el gran número de sociedades involucradas.
Un entramado de sociedades pantalla
Como explica el juez en el auto, la red empleaba empresas pantalla y testaferros para simular relaciones comerciales y económicas entre empresas, entre las que se transferían dinero para impedir su rastreo. En definitiva, resume el juez, era una organización en la que cada miembro "mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas" para después "simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros". De esta manera, se creaba un entramado de empresas con apariencia solvente, utilizada para engañar a bancos.
Entre las víctimas de la red hay varias entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda pública y también inversores particulares.
