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Análisis | EE.UU.

Donald Trump, la libertad de expresión y la censura empresarial

  • La censura al programa de Jimmy Kimmel deja al descubierto el entramado de intereses empresariales tras los medios
  • El Gobierno Trump apela a la libertad de expresión contra la corrección política, pero amenaza a los medios desfavorables
Trump, la libertad de expresión y la censura empresarial
El periodista Jimmy Kimmel, en el plató de su programa el martes en Los Ángeles. RANDY HOLMES / DISNEY VIA AP

"Follow the money" (sigue -el rastro de- el dinero) es uno de los legados de la película sobre el Watergate, de la película, no de la realidad del caso porque Garganta Profunda, Mark Felt, nunca pronunció esa frase para darle pistas a Bob Woodward, interpretado por Robert Redford, ni consta en el libro Todos los hombres del presidente, que los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein escribieron sobre la investigación que a ellos les valió un Pulitzer y que a Richard Nixon le costó la presidencia de los Estados Unidos. Pero, al incluirla en el guion, esa frase se convirtió en uno de los lemas del periodismo y, en general, de la vida: sigue el rastro del dinero y entenderás el por qué o uno de los por qué.

La frase se puede aplicar a la censura en medios en manos de grandes empresas, cuyos intereses superan al periódico o la cadena de televisión que tienen en su grupo. ¿The Washington Post? Propiedad de Jeff Bezos, propietario de Amazon y Blue Origin, entre otros ¿La ABC? De Disney. ¿CBS? De Paramount Skydance; ¿NBC? De la Universal y Comcast. La censura preocupa de manera creciente en los EE.UU. y Donald Trump la ejerce vía judicial y empresarial, amenazando los intereses económicos de esas grandes corporaciones.

Por supuesto que ese tipo de censura se practica en todas partes y no sólo en los Estados Unidos, pero no conozco ningún otro país donde el derecho a la libertad de expresión esté tan unido a la misma creación y filosofía del país, de ahí la trascendencia de la censura.

Libertad de expresión, un pilar de la democracia estadounidense

Lo recoge la primera enmienda a la Constitución, ratificada en 1791, y dice así en su traducción oficial al español: "El Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios".

He sido testigo de cómo ese texto constitucional ha amparado a un telepredicador alentar al asesinato, cómo ni en el momento más reciente de furor patriótico, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un grupo de senadores, entre ellos Hillary Clinton, logró que prosperara una propuesta de ley para que la quema de la bandera de los Estados Unidos fuera delito. No, en en nombre de la Primera Enmienda, en los Estados Unidos no es delito el ultraje a los símbolos nacionales, ni la apología del terrorismo, ni hay delito de odio. Por ahora.

La filosofía de las distintas sentencias del Tribunal Supremo, que cumple funciones de Constitucional, es que se castigan los hechos cometidos, no la expresión. Si no se demuestra un vínculo directo entre las palabras y los hechos, a las palabras las ampara el derecho a la libertad de expresión.

Cancelan el programa del humorista Jimmy Kimmel tras un comentario sobre la muerte de Charlie Kirk

Según para qué y para quién

El mismo día en que volvió a tomar posesión como presidente, Trump firmó un decreto cuyo pomposo título es "Restaurar la libertad de expresión y acabar con la censura [del Gobierno] federal". Según el texto, "en los últimos cuatro años", es decir, durante el Gobierno de Joe Biden, se cercenó la libertad de expresión "al censurar discursos de estadounidenses en las plataformas digitales, coaccionando a las empresas para que moderaran o suprimieran discursos que el Gobierno desaprobaba, bajo el disfraz de combatir la desinformación (...) La censura gubernamental es intolerable en una sociedad libre". 20 de enero de 2025.

Contextualizado, el propósito de ese decreto es que lo políticamente incorrecto, lo machista, lo racista, lo xenófobo y los bulos tengan vía libre. Es parte de la cruzada de la derecha contra lo que consideran excesos del progresismo y la corrección política, contra lo que se ha dado en llamar política de "cancelación" y cultura woke.

Sin embargo, en agosto, Trump firmó un decreto que pretende limitar la libertad de expresión a una cuestión sobre la que también hay ya jurisprudencia, la quema de la bandera. En esa orden ejecutivael presidente encarga al fiscal general "priorizar la persecución penal contra actos que profanen la bandera americana". "Mi Gobierno -anuncia el decreto- restaurará el respeto y la santidad de la bandera americana". Al presentarlo, Trump declaró: "Cuando quemas una bandera americana, provocas altercados a niveles que nunca hemos visto antes". Lo dijo el mes pasado sin sonrojarse, el mismo presidente que alentó el asalto violento al Congreso en enero de 2021, y luego ha indultado a quienes la Justicia consideró culpables de delitos.

El veredicto de la organización Reporteros Sin Fronteras es claro y desalentador: "La libertad de expresión según Trump es a expensas de la libertad de prensa. Por una parte, da vía libre a la propagación de bulos y todo tipo de desinformación, de la que él es el máximo exponente, y de otra sigue su campaña contra la prensa que le es desfavorable", acusándola de ser noticias falsas, amenazando con represalias y querellándose. RSF subraya que los asaltos contra periodistas en los EE.UU. casi se doblaron el año pasado, año de campaña electoral, comparado con el año anterior.

Autopsia del caso Jimmy Kimmel y otros

En los intentos de castigar a aquellos medios que publican o emiten información que Trump considera desfavorable, los intereses empresariales de los propietarios de esos medios están jugando un papel importante. El candidato Trump ya lo puso en práctica durante la campaña electoral. Pero esta semana el acoso a los contenidos que no gustan ha dado un salto, y ha provocado tal indignación que ha frenado, en parte, la censura. Ha sido la suspensión del programa de Jimmy Kimmel en la cadena ABC, una de las tres grandes cadenas históricas y privadas.

La cronología de los hechos es ilustrativa: el 10 de septiembre, un hombre asesina a Charlie Kirk, activista cercano a Trump; el 15 de septiembre, el humorista Jimmy Kimmel hace una broma -de gusto y oportunidad muy cuestionables- sobre ese asesinato y el movimiento MAGA (Make America Great Again), los trumpistas. Dos días después, el 17, el presidente de la Comisión Federal de Comunicación (FCC), Brendan Carr, hace las siguientes declaraciones sobre la cadena ABC y sus afiliadas: "Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar la conducta, de tomar medidas con Kimmel o, de lo contrario, en la FCC tendremos más trabajo". En cuestión de horas dos empresas propietarias de algunas emisoras locales, afiliadas, de ABC, Nexstar Media Group y Sinclair Broadcast, anunciaron que retiraban el programa de Kimmel de sus emisiones. Al poco, esa misma noche, ABC, el buque insignia y cadena madre, tomó la misma decisión. Suspendidos, el programa y los monólogos de Jimmy Kimmel.

Al día siguiente, Trump se lamentó de que "el 97% de los medios están contra mí, solo me dan mala prensa", y añadió que "tienen una licencia para emitir, tal vez habría que quitársela. Lo decidirá Brendan Carr. Es un patriota, ama nuestro país y es un tipo duro. Veremos".

El de Kimmel es el caso más reciente y ha sido el más escandaloso y que más rechazo ha producido, pero no ha sido el primer humorista con un despido dudoso. En julio CBS, otra de las tres grandes históricas, anunció que no renovará el contrato a su estrella de la noche, Stephen Colbert, para quien Trump es también objeto de critica y ridículo cada noche.

El comediante Jimmy Kimmel recupera su programa

Follow the money

Nexstar, Sinclair y Disney (propietaria de la cadena madre ABC) tenían todas fusiones y negocios pendientes que requerían la aprobación de la FCC o de otros organismos federales. En el caso de Nexstar, los primeros en quitarse de encima a Kimmel, una fusión por valor de 6,2 mil millones de dólares.

En el caso del programa de Colbert CBS arguyó motivos meramente económicos, que perdían dinero con él, las audiencias y los anunciantes, ya saben. Pero de nuevo la cronología y los intereses empresariales alimentan sospechas, se da la circunstancia de que poco después de que pusieran fecha de caducidad al humorista, la FCC aprobó la venta de Paramount (propietaria de CBS) al grupo Skydance Media. Una fusión que el amigo "patriota" de Trump, Brendan Carr consideró "una oportunidad para equilibrar el sesgo de CBS".

Y más casualidades. En cuanto el grupo Skydance tomó posesión, cambió al defensor de la audiencia que revisa las coberturas de CBS. ¿Y a quién nombraron? A un candidato de Trump para embajador en Japón, abiertamente trumpista y donante para su campaña electoral.

Previamente, durante la campaña, el candidato Trump demandó a ABC y a CBS por informaciones que le disgustaron. No llegaron a juicio, ambas empresas prefirieron un acuerdo con el ya presidente electo: ABC pagó a Trump 15 millones de dólares y CBS, 16 millones.

Más casualidades, Carr ha abierto investigaciones sobre todos los grandes medios estadounidenses, incluida la corporación pública (PBS y NPR), pero no sobre la Fox, propiedad de Rupert Murdoch, aliado de Trump, y de línea muy conservadora, hasta el punto de difundir algunas de las tesis conspirativas infundadas del movimiento MAGA.

Simultáneamente a esta serie de "casualidades", el Congreso, con mayoría trumpista, ha retirado la subvención a la radio y la televisión públicas porque consideran que tiene un sesgo progresista, e incluso lo han llegado a calificar de "antiamericano", sí, con el término de la infame caza de brujas del macartismo de los años 50. La supervivencia de la corporación pública, que es un modelo profesional para el periodismo desde hace décadas, depende ahora de los patrocinadores y de las donaciones del público.

Brendan Carr, "un campeón de la libertad de expresión" según Trump, es uno de los ideólogos que contribuyó al "Proyecto 2025" que redactó la ultraconservadora Heritage Foundation, que casi todo el mundo interpretó como la base ideológica del programa de Trump 2, algo que el Gobierno niega.

La reacción contra la decisión de retirar el programa de entretenimiento de Kimmel, entre otros, amenazando con un boicot contra Disney, ha tenido éxito. Disney recuperó el programa para ABC el martes, una semana después de suspenderlo, pero Nexstar y Sinclair se han resistido hasta este viernes, entre ambas operan 62 de las cadenas afiliadas a ABC. Las amenazas del gobierno funcionaron, las amenazas de boicot, también. Follow the money.

Vuelve Jimmy Kimmel, después de la suspensión de su programa por unas polémicas declaraciones

El poder y la debilidad de las grandes empresas

La izquierda en los Estados Unidos lleva tiempo alertando de lo que considera una deriva de la democracia a la plutocracia, el poder en manos de unos pocos ricos. Esas voces se han disparado desde el mismo momento en que Trump juró el cargo por segunda vez y se rodeó de los grandes magnates de la tecnología. El decreto sobre la libertad de información se interpreta en ese contexto, el del interés mutuo en esparcir desinformación y de "llevarse bien", los efectos se ven en el cambio de contenido que circula por plataformas como X o Facebook, y en el tipo de mensajes que se benefician de la selección de los algoritmos. El algoritmo favorece el contenido radical porque genera más actividad y con ello...dinero a la plataforma. Follow the money.

Mal panorama mediático para distinguir entre la información veraz y el bulo interesado, y mal para la libertad de prensa y de expresión. Es también el análisis de un antiguo miembro de la FCC nombrado por el Partido Demócrata: "Con la concentración de medios en poder de pocas empresas, se ha reducido el número de objetivos contra los que ir, y estas grandes corporaciones a sus vez tienen múltiples vulnerabilidades".

¿En Europa, y en España, no se dan estas presiones, intereses y cambios editoriales? Sí, desde luego, y es una prueba más de que el hecho de que un medio sea de propiedad privada no es ninguna garantía de mayor independencia. A este lado del Atlántico también se da, lo que ocurre es que los Estados Unidos siguen siendo el escenario con mayor proyección en el planeta, y ofrecen el espectáculo de esa lucha de poder y control de los contenidos de una manera explícita, diáfana.

El doble rasero

Aún retumba en los oídos y la memoria de quienes la escuchamos la arenga del vicepresidente JD Vance en la conferencia de seguridad de Múnich en febrero. No vino en calidad de aliado, de líder de la seguridad de Occidente, sino como un tutor con ganas de echar la bronca y castigar a unos malos alumnos. Vance declaró, nada más y nada menos, que la principal amenaza para Europa no eran Rusia ni China, sino la propia Europa, su falta de libertad, y en concreto de libertad de expresión.

Denunció los llamados "cordones sanitarios" a la extrema derecha y la persecución a los contenidos de odio. "En Gran Bretaña y en toda Europa retrocede la libertad de expresión (...) debo admitir que a veces las voces más fuertes a favor de la censura se han dado en mi país, el Gobierno anterior amenazó y acosó a las empresas de las redes sociales para que censuraran la llamada desinformación".

En Londres le preguntaron la semana pasada al presidente Trump, a raíz del caso Kimmel, si había un problema de libertad de expresión en los Estados Unidos, y lo negó rotundamente. Un presidente que celebra en público que cancelen un programa de televisión y hace igualmente público su enojo cuando dan marcha atrás. Un presidente que se erige en defensor de la libertad de expresión para que la desinformación corra a sus anchas, y a la vez amenaza a quienes discrepan de él o lo critican.

Si queremos ser honestos, tal vez deberíamos plantearnos cuán extendido está ese doble rasero, esa hipocresía, cuándo defendemos la libertad de expresión y cuándo pedimos se le pongan límites.