Víctimas de la dana trasladan su "indignación" ante el vídeo del Cecopi y piden que se incorpore a la causa
- "Demuestran el desastre monumental que se producía durante la gestión", asegura la Asociación Damnificados Horta Sud
- La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre siente estas informaciones "como una mentira más del Consell"
Varias asociaciones de víctimas de la dana han recibido con "enorme indignación" las grabaciones de la reunión del Cecopi el pasado 29 de octubre en las horas más críticas y han solicitado que se incorporen a la causa judicial. La primera en dar el paso ha sido la Asociación Acció Cultural del País Valenciá, que ha remitido el escrito a los juzgados de Catarroja, aunque a ella se podrían sumar otras.
"Demuestran el desastre monumental que se estaba produciendo", ha declarado el presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud Valencia, Cristian Lesaec, que ha avanzado a RTVE.es que han remitido las imágenes a su equipo legal para que trabajen con ellas y estudiar si pueden solicitar que se incorporen a la causa judicial.
Al igual que él, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha indicado que sus abogados van a solicitar que se incluya la grabación completa, ya que hasta ahora solo estaban las imágenes "mudas". "Espero que la jueza se lo replantee y lo admita como prueba", ha dicho Álvarez, que cree que han mantenido el vídeo sin audio hasta ahora "muy convenientemente".
RTVE emitió este miércoles un vídeo de la reunión, en el que se escucha a la exconsellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert que llegó a los móviles de la población a las 20:11 horas. En la grabación, que corresponde a las 19:00, cuando el barranco del Poyo estaba inundando Paiporta, se oye a Pradas pedir que se incluyan "las vías de comunicación": "Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt", la televisión autonómica valenciana.
Además, también pregunta: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo (presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar)? A mí no me apetece llamarlo".
Las asociaciones ponen también el foco en el Es-Alert
En declaraciones a este medio, Lesaec ha transmitido la "enorme indignación" y la "rabia" que sienten los asociados ante el contenido del vídeo. Aunque no saben si será posible que la jueza acepte el vídeo, ha señalado que "no lo vamos a dejar a un lado": "Después del daño que esas imágenes y esos comentarios hacen a la gente, pues por lo menos que tengan una utilidad, ¿no?". También se ha mostrado indignada Mariló Gradolí, de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre, quien afirma que han recibido estas informaciones "como una mentira más del Consell de la Generalitat Valenciana". "Nos siguen mintiendo e intentan seguir manipulando. Lo que está claro es que, aparte de todo esto, de saber que la dejadez que había en el CECOPI, es que Pradas tuvo que ver con el ES-Alert", ha declarado.
Una posición que comparte Álvarez, quien considera que en los vídeos se aprecia que la exconsellera "sí estaba a cargo" de un mensaje que llegó "tarde y mal y con la que se hubieran salvado muchísimas vidas". Para ella, "el daño de esas imágenes es irreparable", y cuestiona que el medio, À Punt, no las hubiera compartido. "Debe prevalecer el interés público y de las familias", argumenta, "no me vale que se escuden en el código profesional".
No obstante, aclara que sus críticas no van dirigidos a los reporteros. "No me estoy refiriendo a ellos, me refiero más a otro nivel. Tienen el teléfono de las presidentas, de las asociaciones. No dudo que hayan llamado mi compañera, pero a mí no me han llamado, te lo puedo asegurar. Ni me han escrito. Podían haberse puesto en contacto", cuenta.
Gradolí también defiende que esas grabaciones debían hacerse públicas. "Es un momento en el que los medios audiovisuales entran a una reunión, se sabe que está grabando y, aunque ese audio no sea fundamental, no tiene por qué no utilizarse. Entonces, pienso que en ningún momento se ha roto el código deontológico al emitir ese vídeo. Es como cuando un político se deja el micro abierto", sostiene.
"No debemos de cesar en nuestro empeño en reclamar justicia"
Desde la Asociación Damnificados Dana Horta Sud Valencia, por otro lado, vuelven a exponer que consideran que se cometió un delito de omisión de socorro por parte de las administraciones porque los primeros rescates ya se produjeron por la mañana. "En las primeras situaciones, donde ya debería de haber una administración trabajando y actuando y socorriendo a la población, no está. Y durante la tarde, cuando se reúne, lo hace tarde, mal, incomunicada y con actos y gestiones como esta", reprocha.
Por ello, cree que es algo que debería de investigarse "por encima de todo". "Y desde luego nos reafirma en que no debemos de cesar en nuestro empeño en reclamar justicia", añade. Asimismo, consideran que el presidente de la Confederación hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, debería estar imputado porque "hubo momentos en que no estuvo a la altura".
La CHJ ha remitido a Les Corts un informe sobre las horas de la dana como respuesta a la petición de información de la comisión de investigación. Según el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, "ratifica cada frase" de la versión de la Generalitat sobre lo ocurrido el 29O.
En opinión de Mus, dicho documento, que no es público, "dice claramente que, de los 58 policías de agua, solo habían 10 durante ese día trabajando y que a las cinco de la tarde no quedaba ninguno de ellos pendientes de la zona", ha expuesto .
Por su parte, las asociaciones señalan que no tienen constancia del texto y aclaran que sus posiciones se basan en los autos de la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra. "Mientras no veamos todos los documentos, nuestra visión de lo que pasó aquel día es que en el Consell sí que tenían la información para avisar a la población y para tomar las medidas de seguridad necesarias, tal y como hizo la Universidad de Valencia", aclara Gradolí.
"Se quejan de que no tenían información, pero sí la había. Y en la Diputación, que también está gobernada por el PP, enviaron a sus trabajadores al mediodía a casa. O sea, es que no es el color político, son las personas", comparte Álvarez.
