El comunicado sobre "las mil y una togas" y las claves de la reforma judicial
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Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que se presenta como un comunicado sobre una asociación de jueces y fiscales que se autodenomina como "las mil y una togas" y que critica la reforma de la carrera judicial que ha impulsado el Gobierno de España. En VerificaRTVE te explicamos qué sabemos sobre este manifiesto y qué dice la nueva ley que se tramita actualmente en el Congreso y por la cual jueces y fiscales han convocado huelgas para los primeros días de julio.
El mensaje que nos habéis remitido circula por WhatsApp y en él se critica que el proyecto de ley presentado por el Gobierno "viene a ‘meter’, cuando no enchufar, a miles de jueces sin haber pasado por una oposición en condiciones de igualdad que los demas (sic)", y también se oponen al incremento del número de jueces de libre designación de forma permanente. "Es una estafa y un soborno porque las oposiciones duras, pero justas, a las que todos nos hemos enfrentado serian casi residuales", señala el texto. La persona que se atribuye la autoría del mensaje afirma que forma parte de una asociación, pero añade que "aparte se ha creado otra entre jueces y fiscales", llamada ‘las mil y una togas’, a la que invita a sumarse. Asegura que cuentan con "2.000 jueces y fiscales con nombres y apellidos" que les apoyan y anuncia que "próximamente" tendrán una cuenta en X y en Instagram.
No existe ninguna asociación judicial llamada 'las mil y una togas'’
En VerificaRTVE hemos comprobado que este mensaje circula, al menos, desde el mes de mayo y lo encontramos difundido en portales web y en X. Sin embargo, a fecha de publicación de este artículo, no encontramos ninguna web oficial de esta supuesta asociación ni ningún perfil en X o en Instagram con este nombre, como anuncia el comunicado.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconoce el derecho de jueces y magistrados de asociarse libremente en asociaciones profesionales. Sin embargo, la citada LOPJ obliga a estas asociaciones a inscribirse en un registro en el Consejo General del Poder Judicial para quedar válidamente constituidas. Este registro se actualizó por última vez en enero de 2025 y en él no aparece ninguna asociación judicial llamada ‘Las mil y una togas’.
Según los últimos datos del CGPJ, las asociaciones profesionales son la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Ágora Judicial y Asociación Nacional de Jueces.
Cinco asociaciones de jueces y fiscales, en huelga por la reforma
Tres de estas asociaciones (APM, AJFV y FJI) se oponen a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al igual que la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). De hecho, todas ellas han convocado huelgas para los días 1, 2 y 3 de julio en protestas contra la reforma legislativa que ha impulsado el Ministerio de Justicia. Tan solo las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se han desmarcado de la protesta.
El sábado 28 de junio, jueces y magistrados ya se manifestaron ante la sede Tribunal Supremo. Los paros se mantienen a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el 26 de junio que la huelga de jueces y fiscales no tiene base legal y rechazó fijar unos servicios mínimos. En el manifiesto que leyeron el sábado, los convocantes señalaron que la reforma del acceso a la carrera judicial "rebaja la excelencia de conocimientos, eliminando contenido esencial". También se oponen a la creación de un "centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno".
Dudas sobre el derecho a huelga de los jueces y sobre si se les descontará el salario
Los paros se mantienen a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el 26 de junio que la huelga de jueces y fiscales no tiene base legal y rechazó fijar unos servicios mínimos. La Constitución de 1978 reconoce el derecho a huelga para todos los trabajadores, pero en el caso de los funcionarios, este derecho se regula a través del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma dice que, en el ámbito judicial, solo hay derecho a huelga si así lo dice su legislación específica, es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esta norma solo lo contempla para los funcionarios de la administración de justicia. No menciona que los jueces, magistrados o fiscales tengan derecho a huelga, aunque tampoco lo prohíbe.
El Ministerio de Justicia tiene la intención de descontar el salario a los huelguistas. Tal y como te contamos en el Telediario y en RTVE Noticias, el departamento que dirige Félix Bolaños solicitó al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado los datos oficiales sobre los jueces y fiscales que han secundado la huelga para "conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario". Sin embargo, al considerar que esta convocatoria no tiene sustento legal, ni el CGPJ ni la Fiscalía han contabilizado los datos y no han enviado ninguna información al Ministerio. La única cifra que existe la aportan las asociaciones convocantes, que este martes informaban de un seguimiento que alcanza "aproximadamente el 75%", aunque el ministro Bolaños asegura que el seguimiento es del 28%, basándose en datos proporcionados por letras de la administración de Justicia. "El número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, les deduciremos el día de salario ha sido exactamente de cero", ha declarado el ministro este miércoles a la Cadena SER.
¿Qué dice exactamente la nueva ley y en qué situación se encuentra?
La reforma por la que protestan es una modificación legislativa que aún no se ha aprobado y que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Congreso comenzó a tramitarla en mayo y, el pasado 12 de junio, rechazó las enmiendas a la totalidad que presentaron el Partido Popular y Vox. Actualmente el texto se encuentra en la Comisión de Justicia y todavía tiene que ser aprobado en el Pleno por mayoría absoluta y, posteriormente, pasar por el Senado.
El mensaje de WhatsApp que nos habéis remitido se refiere al cambio en el acceso a la carrera judicial. La disposición adicional de la ley autoriza un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal para quienes acrediten "al menos cinco años de ejercicio profesional". El Gobierno defiende que se debe estabilizar a los jueces sustitutos y a los fiscales interinos para cumplir con la ley de eficiencia del servicio público de justicia y con los requerimientos de la Unión Europea. Como te explicamos en RTVE, la Comisión Europea escribió una carta en julio de 2024 para exigir al Gobierno que regularizara a los jueces temporales y los convirtiera en fijos. El Consejo General del Poder Judicial se posiciona en contra de ese proceso extraordinario porque consideran que "rebaja considerablemente los requisitos para acceder a las carreras judicial y fiscal".
Un centro público de preparación de oposiciones
La reforma también persigue que el Centro de Estudios Jurídicos funcione como centro público de preparación de oposiciones, mediante la modificación del Título VII de la citada LOPJ. Este centro también se encarga de la concesión de ayudas económicas para la preparación de oposiciones, por la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que pueden prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.
En las oposiciones, el Gobierno introduce cambios para el llamado ‘cuarto turno’ de la carrera judicial, mediante el cual "juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional" dispondrán de un número de plazas de acceso equivalente a un tercio de las ofertadas para el acceso por el turno libre, según la nueva redacción del artículo 306.
Por otra parte, las asociaciones que se manifiestan también se oponen a la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque abre la puerta a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dejar en manos de los fiscales la instrucción de los procesos penales. "No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señaló en el Telediario el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares. En cambio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insiste en que "no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho" y considera que "los motivos de la concentración son infundados".
