La deuda ahoga al sur global: cuando el pago de intereses eclipsa al gasto en servicios públicos
- Hasta 54 países, la gran mayoría en el sur global, gastan más en pagar su deuda que en sanidad o educación
- El actual sistema financiero y el alto coste en intereses dificultan que estos Estados salgan de esa situación
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Unos 3.300 millones de personas —siete veces la población de la Unión Europea— viven en países que gastan más en pagar los intereses de su deuda que en sanidad o educación, la gran mayoría en el sur global. En un contexto de disminución de la ayuda internacional, que cayó un 7% en 2024, la carga de la deuda deja a millones de personas sin acceso a servicios esenciales, mientras que la meta de los objetivos internacionales de desarrollo sostenible se aleja cada vez más.
En 2024, la deuda pública de los países en desarrollo ha alcanzado los 31 billones de dólares, lo que representa el 31% del total mundial, según el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Además, aunque los países en desarrollo representan el 39% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, en ellos vive el 83% de la población global y se enfrentan a "importantes déficits de financiación" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Hasta 54 países se encuentran en "crisis de la deuda", según el informe 'Who owes who?', publicado por Action Aid, que se refiere a ellos como Estados "obligados a recortar su gasto en servicios públicos básicos y acción por el clima para poder pagar la deuda externa". En muchos casos, se trata de los países más vulnerables al cambio climático, como muchos en África, el Caribe o el Pacífico. "Están endeudándose para hacer frente a una crisis, la del cambio climático, que no han generado ellos, sino los países ricos", señala a RTVE.es la coordinadora de políticas de deuda en Eurodad, Iolanda Fresnillo.
¿Una crisis de la deuda?
En total, 29 países de renta baja gastan actualmente más del 20% de sus ingresos en reembolsos a acreedores extranjeros, según recoge el informe de Eurodad 'Jubilee 2025: A year to act on debt justice'. "Desde la sociedad civil hablamos de crisis cuando los pagos de la deuda afectan a los derechos más básicos de la población, que es lo que está sucediendo ahora", explica Fresnillo. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) esa crisis aún no ha comenzado en muchos de esos países, ya que "siguen pagando", es decir, porque aún "no afecta a los acreedores". Sin embargo, sus poblaciones llevan años sufriendo los estragos.
El FMI hablaba en marzo de este año de hasta nueve países en 'debt distress' (que podría traducirse como crisis de la deuda), entre ellos República Democrática del Congo, Etiopía, Malawi, Sudán o Zimbabwe— y de 26 en "riesgo de sobreendeudamiento alto", como Afganistán, Burundi, Chad o Dominica.
"El crédito soberano —el endeudamiento de un Estado con otros países— enfrenta muchas dificultades. Según el programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), en 56 países en desarrollo, los intereses de la deuda representan más de un 10% del presupuesto del Gobierno", señala la responsable regional en el Fondo para el desarrollo de la capitalización (UNCDF en sus siglas en inglés) en África del Oeste y Central y América Latina y Caribe, Laura Muñoz, que considera que parte de la solución pasa por "incentivar el sector privado" y los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BDM), entidades públicas cuyos accionistas son países.
La deuda, una fuente de lucro
"No hemos llegado hasta aquí de un día para otro", explica a este medio la investigadora del Observatorio de la deuda en la globalización (ODG), Nicola Scherer. Por un lado, habla de causas históricas que se asentaron desde la época colonial y menciona la descolonización a cambio de recursos; pero también señala que "la situación del sobreendeudamiento nace en el propio sistema financiero, donde la deuda por sí misma es una fuente de ingresos y de lucro".
Los países más ricos —los del norte global— prestan dinero y obtienen un beneficio a través de intereses que se establecen según lo arriesgado que sea invertir en un país u otro. Sin embargo, a partir de la crisis de 2008, entran en el juego actores privados, como bancos y fondos de inversión, que mueven "muchísimo dinero" y que se lo prestan, sobre todo a los países del sur. "Porque cuanto mayor es el riesgo, mayor es el beneficio [...] Es un negocio riesgoso, pero muy atractivo para aquellos actores privados que quieren lucrarse prestando dinero a países empobrecidos", subraya Scherer.
"Cuando España emite deuda para poder financiar las inversiones públicas, paga en torno a un 2% o 3% de tipos de interés, que ya es más elevado de lo que pagaba hace años, pero es que cuando lo hace Kenia, se endeuda pagando hasta un 10% en intereses", expone Fresnillo. "Para poder devolver esa deuda tendría que crecer a niveles mucho más elevados de lo que es capaz de hacer cualquier Estado, así que ese pago de intereses se está comiendo la mayor parte de los recursos del país", añade.
Una prioridad frente al gasto público
En 2015, en plena crisis de la deuda, Grecia preguntó a su población a través de un referéndum si priorizar o no el pago de la deuda. Los griegos votaron que no, pero no importó porque la comunidad internacional, económica, política y financiera "no se lo permitió". "Si un país no devuelve la deuda, si cambia las reglas, no va a recibir más financiación, lo que conducirá a la bancarrota. [...] Esta es la presión que se utiliza cuando un Estado está en apuros", apunta Scherer.
Años antes, en 2011, España cambió su Constitución para priorizar el pago de la deuda pública sobre otros gastos. Lo hizo como respuesta a la mencionada crisis y con el objetivo de tranquilizar a los acreedores y "salvaguardar la estabilidad presupuestaria", según el BOE. Es un principio vigente en la mayoría de países. "Al final, el sistema financiero internacional, quien tiene el dinero y lo presta, tiene el poder de decidir sobre cómo y cuándo se devuelve y sobre qué priorizar a nivel interno en relación con los gastos", explica la investigadora de ODG.
Lo que ocurrió en Grecia es lo "mismo que pasa con mayor dimensión y mucha más pobreza de base en los países del sur. En un sistema de salud que ya no es suficiente, le aplican medidas de austeridad, recortes de plantilla, de salario de los trabajadores públicos", señala Fresnillo. "No hay inversión para hacer infraestructuras y la inversión que pueda haber es a través de nuevos créditos y, por lo tanto, más deuda. Es el pez que se muerde la cola", lamenta.
En 2024, países como Angola (64,7%) destinaron más de un tercio de los ingresos públicos al pago de la deuda. En contraste, el país africano destinó una partida del 8,78% a sanidad y un 13% a educación. Otro ejemplo es Bután, que frente al 48,5% de los ingresos destinados al pago de intereses, solo dedicó un 5,61% a sanidad y un 19,6% a educación. En Egipto, un 42,9% del gasto público se dedicó a la deuda, mientras que las partidas destinadas a salud y educación supusieron un 6,8% y un 12%, respectivamente.
Hacia la justicia de la deuda
La solución pasa por lo que se denomina "justicia de la deuda", es decir, por poner la "supervivencia de las poblaciones" de los países endeudados en el centro. "Se deben encontrar soluciones al problema que no solo tengan en cuenta los intereses de los acreedores, que es lo que sucede ahora. Todas las medidas que se ponen sobre la mesa están destinadas a que los acreedores sigan cobrando", subraya la experta de Eurodad.
Ahora, señala Fresnillo, "para muchos países, no todos, es necesaria una cancelación de la deuda hasta que sea sostenible", tanto por parte de acreedores públicos como privados. Esa condonación fue el mecanismo que se utilizó en el año 2000, cuando se destinaron millones de dólares a nivel global para reducir la carga de la deuda externa de los países más pobres. "Eso les permitió salir adelante, pero 25 años después estamos en la misma situación porque no se han cambiado las bases de la economía y de las relaciones internacionales", añade.
Scherer denuncia la infrarrepresentación de los países del sur global en organismos como el FMI o el Banco Mundial, pero subraya que no son estas organizaciones quienes deberían tomar las decisiones relacionadas con la deuda. "Deberían ser tomadas entre toda la comunidad internacional bajo el marco de las Naciones Unidas —donde todos los países cuentan con un voto— porque es la ONU quien tiene el mandato de negociar las reglas del juego, aunque no lo ejerza", sostiene.
"Uno de los puntos claves a nivel de derecho internacional es conseguir que haya una Convención Marco de Naciones Unidas sobre la resolución de la deuda", señala Scherer, aunque todavía no se ha conseguido. Además, se ha pedido establecer un proceso intergubernamental de negociación de la deuda, es decir, "que haya un espacio conjunto con una mesa de negociación con los acreedores que hoy en día no existe", bajo unas reglas internacionales fijadas y alcanzando acuerdos "vinculantes".
Estas eran algunas de las reclamaciones planteadas por organizaciones de la sociedad civil de cara a la cumbre sobre financiación al desarrollo que arranca en Sevilla este lunes. Sin embargo, aunque con algunos avances y compromisos, el documento final —'Compromiso de Sevilla'— ya está cerrado y no ha incluido las principales demandas. Ahora, lo importante serán los próximos pasos: "La pregunta es cuáles serán los anuncios de los diferentes países y partes negociantes, para saber si sus ambiciones van más allá, o no, de ese documento".
