El Gobierno central y Canarias ultiman el acuerdo para que el Estado acoja a mil menores solicitantes de asilo
- El Ejecutivo central tiene de plazo hasta este viernes 27 de junio para acreditar avances concretos
- El Supremo ya advirtió al Gobierno de que, de no hacerse cargo de los menores, se impondrían sanciones
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Los gobiernos de España y de Canarias se reunirán este martes para concretar el acuerdo alcanzado entre ambos para la acogida estatal de un millar de menores peticionarios de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.
Según fuentes del Gobierno autonómico a RTVE, el acuerdo incluiría la incorporación inmediata de los menores al sistema nacional de asilo, lo que permitiría garantizar sus derechos como solicitantes de protección internacional. Posteriormente, se estudiaría caso por caso, de forma semanal.
La firma del acuerdo resulta especialmente urgente porque el Tribunal Supremo ha dado de plazo hasta este viernes 27 de junio para que el Gobierno central acredite avances concretos en el cumplimiento de la sentencia de marzo, que le obliga a hacerse cargo de estos menores, en cumplimiento del sistema nacional de protección y asilo. El alto tribunal ya advirtió en mayo que, de no cumplirse la orden, se podrían imponer sanciones contra los responsables.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que existen "avances significativos" en las negociaciones entre el Gobierno y el Ejecutivo canario para reubicar a los cerca de 1.000 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y se encuentran actualmente bajo tutela en el archipiélago. Sin embargo, ha advertido que el acuerdo entre ambas administraciones aún no ha sido firmado.
Torres ha subrayado que el diálogo entre el Estado y Canarias está siendo constante, incluso durante los fines de semana. "Hoy mismo he hablado con el presidente canario, Fernando Clavijo. Hemos cruzado documentos y hay una posición compartida que espero podamos rubricar en los próximos días", ha declarado antes de comparecer en la comisión del Congreso que investiga las compras de material sanitario durante la pandemia.
Compromiso de mantener "la máxima discreción"
Torres ha reafirmado el compromiso de mantener "la máxima discreción" en las negociaciones y ha asegurado que los servicios jurídicos de ambas administraciones están trabajando coordinadamente con los ministerios implicados. Este martes está prevista una reunión telemática con representantes de ambos gobiernos para tratar de cerrar los términos definitivos del acuerdo.
Desde marzo, Canarias ha venido insistiendo en la sobrecarga de su sistema de acogida, alertando de que la tutela de estos menores sobrepasa con creces sus capacidades, especialmente cuando se trata de solicitantes de asilo, cuya gestión corresponde al Estado. Aunque en abril el Gobierno anunció que asumiría la responsabilidad, tres meses después, el compromiso aún no se ha materializado.
La presión sobre el Gobierno central se ha intensificado tras el último requerimiento del Tribunal Supremo, que ha advertido del incumplimiento de su sentencia y ha amenazado con imponer medidas coercitivas si no se adoptan acciones urgentes. El alto tribunal fijó como imprescindible que se permitiera formalizar la solicitud de asilo de los menores en un plazo de seis días desde su manifestación de voluntad, además de exigir una coordinación efectiva con el Ejecutivo canario en un máximo de quince días.
En paralelo a las negociaciones políticas, el Ministerio del Interior ha comenzado a destrabar algunos procedimientos administrativos. En poco más de un mes se han tramitado más de 500 autorizaciones de residencia para menores migrantes en Canarias, además de abrirse nuevos expedientes y renovaciones. También se ha planteado un plan para habilitar 800 nuevas plazas de acogida en el archipiélago, aunque muchas voces críticas advierten que el verdadero reto sigue siendo su reparto solidario entre comunidades autónomas, tal como prevé el marco estatal de asilo.
