Entra en vigor la medida que prohíbe la entrada en EE.UU. desde 12 países y restringe el acceso desde otros siete
- El Gobierno estadounidense asegura que la norma va a proteger la seguridad nacional
- El nuevo decreto no afectará a atletas, diplomáticos o miembros de equipos deportivos
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La decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir la entrada a EEUU desde 12 países y el aumento de restricciones a la entrada de ciudadanos de otras siete naciones ha entrado en vigor este lunes. Este nuevo decreto presidencial prohíbe totalmente el acceso al país norteamericano a los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Al mismo tiempo, restringe de forma parcial el acceso desde Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Sin embargo, la proclamación del decreto contempla varias excepciones, entre ellas las personas que ya tienen una visa vigente y se encuentran dentro del territorio estadounidense y los ciudadanos que tengan una residencia permanente en EEUU o la doble nacionalidad no se verán afectadas. Además, están excluidas las personas con visas diplomáticas, los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajen a importantes eventos como los Juegos Olímpicos o el Mundial.
Trump ha argumentado que la medida es necesaria para proteger la "seguridad nacional" del país, recordando una medida que tomó su ejecutivo durante su primer mandato, cuando prohibió la entrada de ciudadanos procedentes de siete países con mayoría musulmana.
Para la implantar la norma, el Gobierno estadounidense argumenta que "las naciones afectadas no comparten información con Washington sobre sus ciudadanos para evaluar los riesgos de terrorismo o a la seguridad pública. Esto es una deficiencia en materia de evaluación e investigación de antecedentes, y representan un riesgo muy alto para Estados Unidos", según un comunicado de la Casa Blanca.
Aunque el decreto prohíbe la entrada de cubanos y venezolanos que tengan visas de turismo (B-2), negocios (B-1), estudios (F, M) o de intercambio cultural o académico (J); ha ordenado a las embajadas y consulados de estadounidenses a "reducir la vigencia" de cualquier visa para los ciudadanos de estos países “en la medida que lo permita la ley”.
La ONU exige respeto por la dignidad humana
Tras conocer la intención de instaurar el decreto presidencial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha comentado que “cada país tiene derecho a decidir” cómo controla el flujo migratorio, sin embargo ha resaltado la importancia de "respetar la dignidad humana de las personas".
Durante la rueda de prensa diaria, Stéphane Dujarric, portavoz de secretaría de la organización, ha comentado que "la migración es algo que debe gestionarse adecuadamente, respetando los derechos de los migrantes, que se desplazan, y en ocasiones afrontan un gran riesgo para encontrar una vida mejor".
El portavoz ha asegurado que conseguir que la migración favorezca a los países de destino y origen es factible, "existe un pacto mundial para la migración que cuando no se gestiona adecuadamente puede conducir a que el fenómeno migratorio esté en manos de bandas criminales".
Indignación internacional
Los gobiernos de los países afectados han mostrado su descontento tras la implantación de este decreto. El canciller cubano tilda la medida de "racista" y de ser apoyada por políticos "anticubanos".
La Comisión de la Unión Africana (UA), un organismo que reúne a los 55 países del continente, ha expresado su preocupación por la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas restricciones de viaje a ciudadanos africanos.
En un comunicado, la UA ha afirmado que reconoce "el derecho soberano de todas las naciones a proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos" pero insta a Estados Unidos a aplicar estas medidas de forma equilibrada y mediante el diálogo entre naciones, utilizando "un enfoque equilibrado y basado en la evidencia".
Las organizaciones internacionales a favor de los derechos humanos también han sido criticas con esta medida. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado que "la nueva prohibición de viajar impuesta por el presidente Trump es discriminatoria, racista y absolutamente cruel. Al actuar selectivamente contra personas procedentes de países de población predominantemente negra, parda y musulmana, basándose en la raza, la región o la nacionalidad, esta prohibición general constituye una discriminación racial en virtud del derecho internacional de los derechos humanos".
