Un tribunal de Guatemala condena a 40 años de cárcel a tres exparamilitares por violar a seis mujeres indígenas
- Los hechos se produjeron entre 1981 y 1983, durante uno de los períodos más cruentos de la guerra civil guatemalteca
- "Fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos mediante violencia sexual", ha defendido la jueza
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Un tribunal de Guatemala ha condenado este viernes a tres exparamilitares a 40 años de prisión cada uno. Fueron hallados culpables de cometer violaciones sexuales sistemáticas contra seis mujeres indígenas Maya Achi entre 1981 y 1983, durante uno de los períodos más cruentos de la guerra civil guatemalteca.
Los condenados, Sánchez Cortez, Enríquez Gómez y Tum Ramírez, formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos armados organizados y reclutados por el Ejército con el objetivo de apoyar operaciones militares en comunidades rurales. Muchas veces mediante la represión violenta de la población civil.
El juicio, que se ha extendido por cuatro meses, incluyó la presentación de 168 pruebas, entre ellos testimonios directos, peritajes y evidencia documental. La jueza María Eugenia Castellanos ha explicado al dictar sentencia que “las mujeres reconocieron a los perpetradores, reconocieron los lugares donde ocurrieron los hechos. Fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos mediante violencia sexual”.
Mujeres indígenas del grupo Achí han participado en una ceremonia de bendición maya frente al edificio de la Corte Suprema. CRISTINA CHIQUIN / REUTERS
"El daño sufrido es irreversible"
Castellanos ha recordado durante su argumentación del veredicto que entre las seis víctimas de la violación sexual había mujeres embarazadas que "perdieron a su hijo" y "hasta el día de hoy están con problemas de salud". La jueza ha añadido que "el daño" sufrido por las seis mujeres víctimas de las violaciones sexuales "es irreversible", además de ser tratadas de manera "grotesca y vulgar".
De igual manera, el tribunal, compuesto por otras dos juezas, además de Castellanos, ha puntualizado que quedaron probados los cargos en contra de Cortez, Gómez y Ramírez.
Los tres exparamilitares fueron dejados en libertad en 2019 por una jueza por el mismo delito, pero debieron enfrentar un nuevo debate público y oral debido a que la defensa de las víctimas accionó una apelación que fue aceptada por considerar que la liberación fue arbitraria.
Las violaciones tuvieron lugar entre 1981 y 1983 en la provincia de Alta Verapaz, específicamente en el municipio de Rabinal, unos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala. Dicho periodo fue uno de los más sangrientos del conflicto armado interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 y que dejó más de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas, la mayoría a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.
Este es el segundo proceso penal relacionado con el caso conocido como "Mujeres Achí", iniciado a partir de denuncias presentadas entre 2011 y 2015 por 36 mujeres indígenas contra exmilitares, comisionados militares y miembros de las PAC. Los cargos incluyen violencia sexual y otras atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno, que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos, en su mayoría indígenas.
"Me tiraron al suelo y me violaron [...] toda la noche"
Uno de los testimonios que más destaca es el de Paulina Ixpatá, quien relató cómo fue capturada por soldados, detenida durante 25 días en un destacamento militar y violada repetidamente. “Ya entrando la noche llegaron los soldados, me tiraron al suelo y me violaron sexualmente. Así pasó toda la noche”, declaró con la voz quebrada durante su intervención en el juicio.
El primer juicio, celebrado en enero de 2022, concluyó con la condena de cinco expatrulleros a 30 años de prisión, cada uno por crímenes similares. Ese proceso ya había marcado un precedente importante en la lucha contra la impunidad en Guatemala, al visibilizar los delitos sexuales como parte de una estrategia sistemática de represión estatal.
El caso se suma a otros emblemáticos
El caso se suma a otros emblemáticos, como el de Sepur Zarco, en el que dos oficiales del Ejército fueron sentenciados en 2016 a un total de 360 años de prisión por mantener como esclavas sexuales a 15 mujeres indígenas Q’eqchi, también de origen maya, en una base militar del mismo nombre. Fue el primero en la historia del país en reconocer la esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado.
En ese caso, además de las condenas, el tribunal ordenó un programa de reparaciones simbólicas y materiales para las víctimas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que el avance en la implementación de esas reparaciones ha sido limitado y lento, a pesar de la lucha incansable de las mujeres sobrevivientes, conocidas como "Las Abuelas de Sepur Zarco".
Varias mujeres indígenes se han congregado para celebrar la decisión tribunal. MOISÉS CASTILLO / AP
La condena de este viernes representa un nuevo hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado y reafirma la importancia del testimonio de las mujeres indígenas, quienes durante décadas enfrentaron el silencio, el estigma y el temor para contar su verdad ante los tribunales. La Fiscalía y organizaciones de derechos humanos han celebrado el fallo como una victoria histórica para la memoria y la dignidad del pueblo maya.
