El Gobierno planteará en la Unión Europea la oficialidad plena del euskera, catalán y gallego a partir de 2027
- La medida requiere la aprobación por unanimidad del Consejo de Asuntos Generales de la UE
- España se haría cargo de todos los costes de hacer oficiales las tres lenguas en Bruselas
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El Gobierno planteará el próximo martes ante el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea la oficialidad plena del euskera, catalán y gallego a partir de 2027, según informan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a RTVE. Esta es la última propuesta del Ejecutivo para convencer a sus socios europeos de que permitan el reconocimiento de las lenguas cooficiales de España como lenguas oficiales en la Unión Europea.
En caso de que la propuesta salga adelante, a partir de la fecha indicada se traducirían la legislación comunitaria y los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo.
De esta manera, la oferta que el Gobierno plantea a los 27 países miembro propone una modificación del marco lingüístico para ampliar e incorporar el euskera, catalán y gallego a partir del 2027. Además, la propuesta especifica que esta medida no afectará a los reglamentos, los actos jurídicos que son de aplicación directa en toda la Unión Europea y no necesitan trasposición nacional. Según las propias estadísticas de la UE, durante la última legislatura se tramitaron más de 12.000 actos jurídicos, de los que solamente el 2,6% fueron reglamentos.
España asumirá todos los gastos de esta reforma
Con el objetivo de convencer a los países que muestran reservas sobre el coste de la reforma, el Gobierno ha añadido una declaración en la que afirma que será España quien asuma todos los gastos de hacer oficial las tres lenguas cooficiales del Estado en las instituciones comunitarias.
No obstante, han evitado poner una cifra del coste total al que ascenderá esta reforma. Este compromiso figura como un "considerando", frente al marco actual, que establece que la oficialidad corre a cargo de las arcas comunitarias.
Sin un plan detallado sobre cómo se aplicaría en la práctica el paso de las 24 lenguas oficiales que hay actualmente en la comunidad europea, España ha apuntado que "en los próximos meses" se coordinará con todas las instituciones de la UE para presentar al Consejo una propuesta de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para poder llevar a cabo esta reforma.
La medida requiere unanimidad
El asunto permanece en la agenda como un punto para "adopción" en el Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE del próximo martes 27 de mayo. Se trata de una reforma que requiere la unanimidad de los Estados miembro y, según apuntan fuentes diplomáticas a Europa Press, plantea varias dudas legales y financieras para varias delegaciones.
El Gobierno presentó a los embajadores el miércoles un documento más detallado que los que habían circulado desde que España hizo esta propuesta en septiembre de 2023, que solo incluía la petición de modificar el reglamento de lenguas para incluir estas tres.
Aunque la petición sigue sin cosechar los apoyos suficientes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elevado la presión a las capitales para obtener su voto positivo, según relata un alto diplomático europeo a Europa Press, que admite que el asunto es "muy sensible" y que trasciende las negociaciones en Bruselas.
La unanimidad exige que ningún país se pronuncie en contra, pero la abstención de delegaciones no impediría que se tomara una decisión. En cualquier caso, la votación del martes no es definitiva porque hay margen para que la agenda se modifique sobre la marcha.
Discrepancias de los socios europeos
En los primeros debates a nivel técnico y de embajadores, la propuesta española chocó con la opinión negativa de los servicios jurídicos del Consejo, que han expresado dudas respecto a la base jurídica de una reforma en los términos en que se plantea esta medida, según han confirmado fuentes europeas a Europa Press. Con todo, el dictamen negativo del servicio legal no impide una decisión de los países miembros.
En esta línea, la falta de una evaluación de impacto sobre el coste y las implicaciones prácticas y legales de la reforma que pide España ha sido hasta ahora uno de los principales escollos para los cerca de una decena de países que han expresado dudas en los debates de preparación, incluidos Francia e Italia por su impacto financiero y cómo dejar claro que será España quien asuma el coste.
