El Gobierno adjudicó 46 contratos de material militar a empresas israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza
- Defensa e Interior adquirieron chalecos antibalas, morteros, balas, lanzacohetes y misiles, en otros productos
- En octubre de 2024, el Gobierno aseguró que iba a excluir de sus licitaciones a las firmas israelíes
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La polémica compra de munición para la Guardia Civil a una compañía de Israel el pasado 16 de abril ha dejado al descubierto que esa no fue la única adquisición de material militar israelí. El Gobierno se había comprometido hace un año a suspenderla en respuesta a la guerra en Gaza, pero desde el 7 de octubre de 2023, ha adjudicado un total de 46 contratos por valor de más de un millón de euros a empresas asentadas o vinculadas comercialmente con el país hebreo.
Así lo expone un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, que ha recogido en un listado todos los contratos adjudicados a industrias militares israelíes desde que comenzó la guerra en Gaza, de los cuales diez aún están a la espera de ser formalizados, según los datos de este jueves de la Plataforma de Contratación del Estado, dependiente de Hacienda.
Estas licitaciones incluyen desde la adquisición de chalecos antibalas para la Guardia Civil, hasta la compra de morteros, balas, lanzacohetes SILAM y misiles Spike para el Ejército, pasando por servicios de mantenimiento y modernización de productos adquiridos en el pasado. También la adhesión a nuevos acuerdos "que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización" de la industria militar israelí, como advierte el Centro Delàs.
Los contratos para adquirir suministros
Aunque habían pasado desapercibidos ante la opinión pública, estos contratos no son algo nuevo; en la plataforma de Hacienda aparecen licitaciones de varias Administraciones públicas y Ayuntamientos que se remontan hasta ocho años atrás. La clave está en que todos aquellos fechados con posterioridad al 7 de octubre de 2023, día de los ataques de Hamás y del inicio de la guerra en Gaza, constatan que el Gobierno no está cumpliendo uno de sus compromisos para no "no contribuir de ninguna manera a la expansión de la guerra en Oriente Medio", como manifestó Pedro Sánchez.
El Ejecutivo inicialmente aseguró que iba a suspender las licencias de exportación de armamento. Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negaron en sede parlamentaria y ante los medios que se estuvieran produciendo envíos destino a Israel de material militar, sin desvelar que, en realidad, lo que se mantenían eran las adquisiciones.
Por ejemplo, apenas un mes después del comienzo de la guerra, se formalizó un contrato de 496.000 euros (con fecha de adjudicación del 5 de octubre) con Elbit Systems Land, una compañía asentada en Israel y especializada en seguridad, para comprar mortero Cardom. En noviembre de ese año, también se licitó por 82.644 euros el mantenimiento de una Torre RCWS –un sistema de armamento israelí– del Ejército de Tierra por parte del proveedor español PAP Tecnos Innovación. Y, apenas una semana después de que Albares compareciera en el Congreso para descartar las exportaciones a Israel, el Ministerio de Defensa estaba cerrando la compra de un sistema de radiografía portátil para EOD por 190.350 euros.
Así, a lo largo de 2023 y 2024, el Ministerio del Interior, Defensa, la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad locales continuaron comprando suministros, repuestos y equipos de diversa índole tanto a firmas israelíes –como Netline Communications Technologies o Guardian Homeland Security– como a nacionales con producción o distribución de productos desarrollados en Israel. Es el caso de Escribano, socio de Indra, que fabrica lanzacohetes de alta movilidad con tecnología del país hebreo y que tiene un contrato sin formalizar desde el 15 de diciembre de 2023.
Fuentes del Ministerio de Interior han confirmado a RTVE la compra de chalecos antibalas a la empresa israelí IMI SYSTEMS LTD, esgrimiendo que este material no se consideran sujetos al compromiso de no suscribir contratos de compraventa de armas con empresas israelíes.
Asimismo, dichas fuentes explican que las ofertas de otras tres empresas concursantes fueron declaradas 'no aptas' por la Mesa de Contratación porque sus productos no cumplían los requisitos técnicos fijados en el pliego de licitación.
La polémica: Interior licita un contrato que iba a anular
Todo cambió en octubre de 2024, cuando saltó la primera alarma entre la oposición al hacerse público que la Guardia Civil iba a adquirir balas de MI SYSTEMS LTD, vinculada con Guardian Defense & Homeland Security. Esta información desató la rápida reacción de los socios de izquierda del PSOE, que exigieron explicaciones y la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En respuesta a la polémica, el Ministerio informó que no solo habían decidido cancelar ese contrato, sino que a partir de ese momento iban a excluir de las ofertas en el futuro a otras empresas de Israel –al menos mientras continuara el conflicto armado–, al tiempo que recordó su "compromiso de no vender armamento al Estado israelí". Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió a Sumar con una misiva para garantizar que todos los contratos de compraventa de armamento israelí estaban suspendidos.
Pero este miércoles, seis meses después, Cadena Ser desveló que el contrato finalmente sí había sido formalizado en la Plataforma de Contratación del Estado, una información que desembocó de nuevo en una crisis entre socios. Sumar exigió la "inmediata rectificación" y la comparecencia del ministro Marlaska en las Cortes, mientras que IU puso en cuestión su futuro en el Gobierno.
Interior, por su parte, alegó que habían optado por seguir adelante con el trámite tras consultar con la Abogacía del Estado, ya que esta advirtió de que, de romper el acuerdo, podrían tener que pagar una gran indemnización pero sin recibir el material. Ante la polémica, Moncloa avanzó que iban a rectificar y a buscar fórmulas para rescindir de manera unilateral el contrato, mostrando no obstante un apoyo sin fisuras a su ministro del Interior.
Según ha podido saber RTVE, el escenario más probable ahora es que el Gobierno retire a la empresa israelí el permiso para vender material militar en España alegando circunstancias del orden internacional. En caso de que la compañía opte por ir a los tribunales para reclamar una indemnización, tendría que ser por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, aunque fuentes jurídicas apuntan a que ni superarían el 3% del importe del contrato. Esta cuantía se basaría en un precedente judicial del Tribunal Supremo que establece que solo se puede reclamar el beneficio industrial, que en este caso alcanzaría los 180.000 euros.
Las compras pendientes
En estos momentos, hay diez compras pendientes de ser formalizadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado: una con la firma española Escribano, dos con IMI Systens, uno con PAP Tecnos, otro con Netline Communications y cinco con Guardian Homland Security.
Según fuentes de la Moncloa, estos contratos van a ser descartados, a excepción de dos, ya que, el Ministerio de Defensa alega que son para conseguir un componente tecnológico necesario para lanzacohetes y misiles que solo es fabricado en Israel.
De hecho, el nuevo plan de seguridad anunciado esta semana por Sánchez establece como objetivo de dedicar el 87% del gasto en defensa a la industria española. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo avanzó que se podría gastar un 5% en compañías de otros países para adquirir repuestos en otros países no europeos cuando solo fueran producidos allí. Aunque no especificó ninguna región en concreto, abrió la puerta a los contratos comerciales con firmas israelíes.
El Centro Dèlas pide aplicar un embargo vía decreto-ley
El centro de estudios a cargo del informe sostiene que si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel, ninguno de estos contratos se hubiera celebrado. "Si el Gobierno tuviera voluntad política, podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros", han sugerido.
Además, ha reclamado centrar el análisis en un "prisma político, humanitario y ético", en vez del impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga. "Hay de más de 50.000 víctimas civiles directas por la acción militar israelí desde el 7 de octubre de 2023", recuerda la institución.
De este modo, ha reclamado cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución "que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania".
