La Audiencia anula el archivo y envía a juicio a López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto
- El empresario habría contratado sus servicios para impedir que Pinto le denunciase por acoso
- La Audiencia Nacional llegó a comenzar el juicio contra ambos acusados, si bien lo suspendió a petición de la defensa de Pinto
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La Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la investigación al empresario Javier López Madrid por la supuesta contratación del excomisario José Manuel Villarejo para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, y ha enviado a ambos a juicio por un delito de cohecho por el que la Fiscalía solicita 13 años y dos meses de prisión para los dos.
El procedimiento judicial ha dado un nuevo giro con un reciente auto de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que ha estimado un recurso de la doctora y ha anulado el archivo que decretó la sección cuarta de lo Penal, que estimó que Elisa Pinto no estaba legitimada como acusación particular para dirigirse contra ellos por dicho delito.
En un auto dictado este martes, los magistrados no comparten el criterio del tribunal que decretó el archivo y consideran que "se debe permitir a la representación procesal de la señora Pinto continuar esta causa procesal en calidad de acusación popular con fianza cero, a las alturas en que nos encontramos".
Y resuelto este "dilema", dicen, "es obligado" abrir juicio oral contra ambos por esta pieza separada del caso Tándem, que gira sobre las actividades presuntamente delictivas de Villarejo.
La decisión del sobreseimiento llegó después de que, en noviembre del pasado año, la Audiencia Nacional acordase suspender el juicio que iba a arrancar contra los tres acusados. Lo hizo, en concreto, por enfermedad de la letrada de la doctora Pinto, anunciando el tribunal que resolvería "las cuestiones previas de modo anticipado a la celebración del nuevo juicio".
La Sala de lo Penal dio la razón entonces al empresario y aseguró que "el ejercicio de la acción popular no resulta procedente para la defensa de situaciones jurídicas individualizables o individualizadas, sino para la defensa de intereses supraindividuales, ya sean colectivos o difusos".
Anticorrupción solicitó el archivo de la causa
En este procedimiento solo acusa la doctora Pinto, que pide para los acusados entre dos y seis años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, solicitó el archivo de la causa, al considerar que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y no quedaba "debidamente justificada" la perpetración de un delito de cohecho.
El Ministerio Público defendía en su informe que el objeto de la pieza era indagar en el cohecho y no en el conflicto entre López Madrid y Pinto. "Se trata de hechos que no solo exceden del objeto propio de esta pieza, centrado en exclusiva en el delito de cohecho, sino porque además todas estas circunstancias ya son investigadas en los procedimientos judiciales seguidos en los Juzgados de Instrucción de Madrid, no resultando conforme a Derecho que unos mismos hechos sean investigados en dos juzgados diferentes", indicaba.
La Audiencia Nacional llegó a comenzar el juicio contra ambos acusados, si bien lo suspendió a petición de la abogada de la doctora Pinto por encontrarse de baja médica debido a una enfermedad e inició el trámite de las cuestiones previas por escrito.
Fue entonces cuando López Madrid adujo esa falta de legitimidad de la acusación de Elisa Pinto, un argumento que acogió el tribunal, pero que ahora desestima la Sala de Apelaciones, que envía el procedimiento de nuevo a juicio y pendiente de fijar una nueva fecha.
Impedir que Pinto denunciase a López Madrid por acoso
Durante 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado presuntamente a la doctora realizando seguimientos e intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El juez señalaba que "usó medios policiales" para desacreditarla. "Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte", añadía.
El magistrado daba cuenta de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y sumaba a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto, se refería al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.
El juez apuntaba además en su auto que en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid "una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado".
Y recogía el literal: "Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado para decirme. Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".
