Sánchez Acera desvincula a Moncloa del correo del novio de Ayuso y asegura que le llegó por la prensa

• El Tribunal Supremo interroga también como testigo al que fuera secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés

La exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera ha asegurado este miércoles en el Tribunal Supremo que el mail en el que Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido delitos fiscales le llegó por la prensa, y que lo reenvió al exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato sin que Moncloa le diera orden alguna en ese sentido.

Según han informado fuentes jurídicas, Sánchez Acera ha declarado como testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de ese correo electrónico.

La declaración de este miércoles ha tenido lugar a petición de la acusación popular que ejerce Manos Limpias. El magistrado entendió que su comparecencia sería útil para esclarecer "el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital 'ElPlural.com', y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado".

El instructor dio este paso meses después de interrogar el pasado noviembre como testigo a Lobato, quien aseguró que Sánchez Acera le había enviado el correo en cuestión. Ese día, el exlíder del PSOE madrileño entregó voluntariamente tanto su teléfono móvil como el acta notarial que levantó con el contenido del mismo, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera contrastar el contenido de ambos.

Recibió un "pantallazo" del mail

La que fuera asesora de Moncloa ha declarado que recibió un "pantallazo" -no el correo- en el que Alberto González Amador reconocía estos delitos y en el que no se veía ni el remitente ni en el destinatario, ya que venía tachado. Así, ha dicho que esta información no le llegó del fiscal, ni de la Fiscalía ni de Moncloa.

La actual 'número dos' del PSOE de Madrid ha explicado en sede judicial que ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal. Así, ha descartado que le enviaran desde Fiscalía el correo electrónico con la carta donde la defensa del novio de Díaz Ayuso trasladó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda, Julián Salto, que era "voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos", en referencia a dos delitos fiscales.

Y ha añadido que ella ese pantallazo se lo envió, en calidad de 'número tres' de la Ejecutiva socialista madrileña -era secretaria de política institucional del PSOE madrileño- en aquel momento, a quien era entonces secretario general del partido en la Comunidad, Juan Lobato, y solo a él, para que lo usara contra Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día, porque "era su trabajo".

Fuentes jurídicas han añadido que la testigo no ha sabido precisar qué persona concreta fue la que le envió ese documento y que ha subrayado que fue algo que no se comentó en el partido.

También ha declarado este miércoles en el Supremo como testigo el fuera secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, quien ha asegurado que no tiene casi trato con Sánchez Acera. Según fuentes jurídicas, Vallés ha explicado que le mandó noticias de prensa a Lobato para que estuviesen atentos en la Asamblea de Madrid, pero que él en ese momento estaba más centrado en las elecciones catalanas.

Asimismo ha mostrado su disposición a entregar el móvil si fuera necesario, y que aunque cambió de dispositivo conserva los mensajes de WhatsApp.

La UCO concluyó que Moncloa conocía el correo antes de que se publicara

El juez Hurtado decidió citar a estos dos ex altos cargos de Moncloa después de interrogar a Lobato como testigo, el pasado 29 de noviembre. El Supremo le citó a raíz de que ABC informara el 24 de noviembre por la noche de que "Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso" y trató de implicar al socialista madrileño.

El diario reveló también que este había acudido al notario para protocolizar su conversación de WhatsApp con Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López, que a su vez era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

Según consta en el acta notarial, al que tuvo acceso RTVE, Sánchez Acera envió a las 8:29 horas del 14 de marzo de 2024 un pantallazo a Lobato con el correo de la defensa de González Amador para que lo usara contra Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día.

Lobato preguntó de dónde había salido esa carta de la defensa de González Amador a la Fiscalía de Madrid. "La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía", expuso. Sánchez Acera le contestó que "lo tienen los medios" y le aseguró que antes de que él exhibiera el documento en la Asamblea ya estaría publicado en la prensa.

La Guardia Civil indicó que, "en simultáneo al mensaje a Sánchez Acera, el ex dirigente socialista trasladó la misma pregunta al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés". Según la UCO, este no contestó, sino que 46 minutos después le envió la noticia de El Plural en la que se publicaba el correo.

Posteriormente, en el informe sobre el contenido del teléfono móvil que Lobato entregó voluntariamente, la UCO concluyó que Moncloa tuvo acceso al 'email' en cuestión antes de que se publicara en la prensa y especificó que "al menos" estaba en conocimiento de Lobato, Sánchez Acera, Sánchez Espada, Vallés y Antolín.

La investigación podría prolongarse más de un año

Al margen de estas testificales, el juez, que esta semana acordó prorrogar seis meses la investigación, avanzó que puede prolongarse incluso más de un año debido a su complejidad porque al haber hecho desaparecer el investigado "la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos", esa ausencia de datos "ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad".

De hecho, Hurtado recordó hace unos días al fiscal general que se ha visto obligado a pedir comisiones rogatorias a Google y WhatsApp para solicitar datos de sus cuentas ante su "falta de colaboración".

"Ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos, la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona haya tenido que ser adoptada", explicó.