Cronología de la demolición de El Algarrobico: un litigio eterno contra el símbolo de la especulación urbanística
- El Gobierno da luz verde para expropiar los terrenos del hotel El Algarrobico y demolerlo
- Organizaciones como Greenpeace llevan años denunciando su impacto sobre la naturaleza del lugar
El hotel El Algarrobico, ubicado en el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata, en la provincia de Almería, vuelve al centro de la actualidad tras confirmarse que será finalmente demolido. Este martes 11 de febrero, el Consejo de Ministros ha iniciado el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos en los que se levantó el polémico complejo, un paso previo para la expropiación y su posterior demolición.
El objetivo es acabar con la larga batalla judicial y la controversia que El Algarrobico ha generado desde el inicio de su construcción, hace ya más de dos décadas.
Para ello, el Gobierno ha pedido a la Junta de Andalucía que siga los mismos pasos y expropie la parte de los terrenos de competencia autonómica, puesto que el Ejecutivo solo puede actuar sobre los primeros 100 metros desde la línea de costa. El Ejecutivo destinará siete millones de euros a la demolición y a los costes para restaurar después la zona, mientras que atribuye a la Junta la inversión necesaria para gestionar los desechos que se generen.
La historia de este hotel fantasma, propiedad de la constructora Azata del Sol, S.L., ha estado repleta de altibajos. Aunque en un principio contaba con permisos municipales y autonómicos, pronto comenzaron a surgir denuncias de organizaciones ecologistas alertando de su ilegalidad por invadir un área de especial protección frente al mar.
En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) paralizó las obras cuando ya estaba casi terminado, augurando, posteriormente, su derribo. Sin embargo, su desenlace se ha encallado una y otra vez en los interminables procesos judiciales que repasamos por medio de esta cronología.
Cronología de la historia de El Algarrobico
La empresa Azata adquiere más de 16 hectáreas en la línea de costa, pagando por ello más de dos millones de euros.
El Ayuntamiento de Carboneras concede la licencia de obras para la construcción del hotel.
La promotora Azata del Sol inicia la edificación del complejo hotelero. Pretende ser un complejo turístico de lujo con 411 apartamentos y un edificio principal de 21 plantas.
Una treintena de activistas del grupo ecologista Greenpeace protagonizan un acto de protesta en el hotel, deplegando varias pancartas para reclamar la demolición del edificio en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar.
El BOE publica el deslinde de costa que afecta al hotel y el Gobierno central comienza el proceso de expropiación.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordena la paralización de las obras tras una demanda presentada por la asociación Salvemos Mojácar.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anuncia la intención de demoler el complejo. El objetivo es restaurar la playa a su estado original y eliminar lo que se considera un símbolo de la destrucción del litoral andaluz.
Una treintena de activistas de Greenpeace desembarcan frente al hotel para pintar la fachada del establecimiento con el lema “hotel ilegal”.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol, ratificando así la suspensión cautelar de las obras del hotel.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería declara nula dicha licencia, argumentando que su concesión vulneraba la normativa urbanística y medioambiental vigente. Esta decisión judicial es un paso significativo hacia su posible demolición, ya que una licencia inválida implica que la construcción carece de amparo legal.
60 activistas de Greenpeace se trasladan al paraje de El Algarrobico para cubrir el polémico hotel que promueve Azata con una tela verde de 18.000 metros cuadrados. La protesta persigue forzar al Ministerio de Medio Ambiente a que "derribe ya" el edificio.
La Fiscalía General del Estado ordena la apertura de diligencias de investigación para dirimir la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en el caso de El Algarrobico.
Greenpeace presenta un recurso legal contra la adaptación de las Normas Subsidiarias del municipio de Carboneras (Almería) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Esta adaptación reclasificaba el paraje de El Algarrobico, donde se ubica el controvertido hotel, como suelo urbanizable.
Greenpeace lleva a cabo otra destacada acción de protesta. Un grupo de activistas de la organización instala una bola de demolición simbólica en una de las grúas ubicadas junto al complejo, con el objetivo de exigir su derrumbe y denunciar su ilegalidad.
El Tribunal Supremo (TS) desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la suspensión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 2008, en lo que respecta a la zona donde se encuentra El Algarrobico. Esta decisión ratifica la medida cautelar que mantenía la protección ambiental de la zona, impidiendo su legalización.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería rechaza la ejecución provisional de la sentencia que declaraba nula la licencia de obras del hotel. El juez argumenta que la demolición causaría "daños irreparables e irreversibles" a la promotora, Azata del Sol.
El TSJA dicta una sentencia en la que ordena al Ayuntamiento de Carboneras a restablecer el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La decisión responde a un recurso interpuesto por Greenpeace, que había impugnado la clasificación de la zona como suelo urbanizable.
El TS confirma que el hotel invade parcialmente la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, contraviniendo la Ley de Costas.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía insta al Gobierno central a reactivar el proceso de expropiación. La solicitud se basa en la reciente sentencia del TS que declaraba ilegal su construcción, argumentando que la edificación infringía la Ley de Costas y se encontraba en una zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La Abogacía del Estado niega que el Gobierno sea competente para derribar el hotel. El Ministerio de Medio Ambiente deja en manos de la Junta el futuro del complejo.
La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense solicita al Ministerio y a la Junta un acuerdo para concluir las obras y abrir el hotel ilegal.
El tribunal andaluz anula la "triquiñuela" que permitió a la Junta cambiar la protección de la zona y resuelve que el suelo del hotel no es urbanizable.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas alcanzan un acuerdo para proceder a la demolición de El Algarrobico.
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, es acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente por un delito de prevaricación y desobediencia.
El Tribunal Supremo confirma la protección de la costa de 100 metros desde el mar y a lo largo del tramo de El Lacón a Mojácar.
El TS desestima un incidente de nulidad presentado por la promotora del hotel de El Algarrobico y dictamina que no tiene derecho a indemnización en caso de derribo, al considerar que debió adaptar el proyecto a la Ley de Costas.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vera (Almería) imputa al exregidor de Carboneras Cristóbal Fernández y a los miembros que conforman su equipo de gobierno (PSOE) por declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico.
El TSJA rechaza los recursos de la promotora y la constructora del hotel y confirma que la propiedad del suelo en el que se asienta es de la Junta andaluza.
La Abogacía del Estado y la Junta de Andalucía solicitan al TSJA que ordene la revisión de oficio la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras a la constructora.
Dos secciones del tribunal se pronuncian de forma contradictoria sobre el caso y aseguran que está en zona urbanizable.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, despeja cualquier duda que pudiera haber sobre la postura que mantiene su Gobierno ante el volantazo que ha dado el TSJA. Asegura que van a recurrir por el cambio de criterio.
El TSJA ratifica que la Junta era la legítima propietaria del suelo donde se construyó el hotel. Las otras dos sentencias son recurridas en casación ante el Tribunal Supremo por la constructora.
La manifestación convocada en Almería capital por la plataforma Desmontando el Algarrobico aglutina a 25 colectivos sociales, ecologistas y políticos. Cientos de personas exigen que se cumpla el protocolo de derribo.
Un centenar de activistas de Greenpeace terminan de pintar de negro un enorme punto negro en la fachada del complejo. Dichos activistas, posteriormente, tuvieron que sentarse en el banquillo.
La Junta se opone a que los magistrados del TSJA que han fallado a favor del hotel asuman otras causas sobre el parque de Cabo de Gata-Níjar.
El TSJA desestima la recusación contra tres magistrados del alto tribunal que deben decidir sobre la licencia de obras. El alto tribunal argumenta que no se dan los requisitos exigidos.
El TS no considera que haya prevaricación en la declaración de suelo urbanizable planteada por los magistrados.
El TSJA establece que el permiso no viola ni la ley de costas ni la normativa de Cabo de Gata. La sentencia afirma que se concedió conforme al planeamiento urbanístico existente en ese momento que no se recurrió, y que, por ello, es firme.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, anuncia que la Junta presentará ante el TS un recurso extraordinario de casación y pedirá medidas cautelares de suspensión de la última sentencia del TSJA.
El Gobierno andaluz (PSOE e IU) se convierte legalmente en la dueño de los suelos para impedir que la promotora del complejo pueda entrar y rematar la construcción del edificio.
El TS determina que el hotel se construyó en suelos no urbanizables y que los terrenos son propiedad de la Junta de Andalucía, acercando la posibilidad de su demolición.
La Audiencia Nacional rechaza que las Administraciones indemnicen con 70 millones a la promotora del hotel.
El TSJA deniega la demolición pedida por Greenpeace tras la mochila de sentencias contrarias a su legalidad que ha acumulado durante 15 años.
El TS rechaza el recurso presentado por la ONG para obtener la nulidad de la licencia del complejo, lo que supone su demolición.
El Ayuntamiento de Carboneras, en un pleno, declara el suelo del hotel no urbanizable de especial protección por enclavarse en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, tal y como obligaba en firme desde 2018 una sentencia del TS.
El caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que decide investigar las presuntas irregularidades en las decisiones judiciales españolas relacionadas con el hotel.
El Gobierno inicia los trámites para declarar de utilidad pública de parte de los terrenos donde se ubica el hotel, con el objetivo de expropiarlos y proceder a su demolición definitiva.
Finalmente, el Gobierno da luz verde en el Consejo de Ministros al acuerdo para la declaración de dichos terrenos, un paso significativo para la demolición final. Deja ahora en manos de la Junta de Andalucía la decisión de expropiar la parte que está fuera del dominio público marítimo-terrestre y que es potestad autonómica.
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