Los tres imputados por el atentado contra Cristina Fernández van a juicio oral

• En su resolución, la jueza había solicitado que la causa no fuera elevada a juicio oral
• La vicepresidenta ya criticó en mayo la investigación: "un intento por evitar hallar la posible participación de terceros"

Imagen de archivo de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Una jueza de Argentina ha enviado a juicio oral a los tres detenidos por el atentado que en septiembre del año pasado sufrió la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, han confirmado este lunes a EFE fuentes judiciales.

La decisión ha sido adoptada por la jueza a cargo del caso en la etapa de instrucción, María Eugenia Capuchetti, en línea con el dictamen del fiscal del caso, Carlos Rívolo, quien había solicitado dar por cerrada la investigación y elevarla a juicio oral.

Los tres imputados por el intento de asesinato que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre del año pasado son Fernando Sabag Montiel, Gabriel Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte.

El ataque fue perpetrado cuando Sabag Montiel, brasileño de entonces 35 años, se acercó a Fernández mientras la vicepresidenta saludaba a seguidores a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, que le mostraban su apoyo pocos días después de que un fiscal lanzara un duro alegato contra ella en el juicio en el que estaba acusada de delitos de corrupción en su tiempo como presidenta (2007-2015).

Uliarte era la novia de Sabag Montiel, en tanto que Carrizo fue detenido tras detectarse comunicaciones vía chat relativas al ataque con Sabag Montiel, Uriarte y otras personas.

Los tres participaban de la venta de copos de azúcar (algodón dulce) en las inmediaciones del domicilio de Fernández, una actividad que lideraba Carrizo y por la que la prensa denominó al grupo como la "banda de los copitos".

Fernández asegura que se evitó conocer la verdad

En su resolución, la jueza rechazó además las presentaciones de la querella, que había solicitado que la causa no fuera elevada a juicio oral con vistas a profundizar la investigación sobre los posibles instigadores del ataque y sus eventuales vínculos políticos.

Según expresó la magistrada, "más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional", de todos los teléfonos incautados y analizados "no surgió vínculo alguno" de los imputados "con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso".

Cristina Fernández afirmó a finales de mayo pasado que toda esta investigación "se caracterizó por evitar conocer la verdad", con "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

La vicepresidenta ha apuntado en varias ocasiones a los presuntos nexos del ataque con políticos de la oposición, entre ellos Patricia Bullrich, precandidata presidencial por la principal coalición opositora del país. A su juicio, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022.