El Senado aprueba la nueva ley del Juego: estas son las claves

• La reforma ha salido adelante con 146 votos a favor y 113 abstenciones
• La nueva ley refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude de apuestas

Vista de una sala de juegos y apuestas en Palma de Mallorca.

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma de la Ley del Juego que refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude de apuestas, a través del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma), y que amplia la protección de los jugadores en riesgo y la prevención de conductas adictivas.

La reforma, que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, ha salido adelante de forma definitiva con 146 votos a favor y 113 abstenciones, mientras que se han rechazado las 22 enmiendas que permanecían vivas y que se han debatido en el pleno de este miércoles.

En concreto, las diez del Grupo Parlamentario Democrático del Senado (GPD); dos del Grupo Mixto; una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC); tres del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu (GPERB); una del Grupo Nacionalista (GPN) y cinco del Grupo Parlamentario Popular.

Las enmiendas rechazadas

Entre las propuestas de los populares estaba la de aprobar un plan nacional de actuación en el sector del juego que fijara criterios homogéneos en relación a la prevención de los usuarios y la publicidad, y que garantizara la libertad de empresa en la economía de mercado.

También se han rechazado las enmiendas de Esquerra Republicana-Bildu y las del grupo de Izquierda Confederal, que habían propuesto, entre otras cuestiones, subir el tipo de gravamen al sector del juego al 30%. "Seguirá tributando menos, incluso, que los servicios funerarios o que una bicicleta u otros servicios", ha advertido Josep Rufà, quien ha ahondado en los índices de ludopatía.

El senador socialista Alfonso Escudero cree que este miércoles 'no tocaba' esa cuestión,  pero cuando se den las circunstancias para hablar de ese asuntos, el PSOE -ha dicho- estará "a la altura".

Tampoco se han incorporado las enmiendas del GPD, entre ellas las de Ciudadanos, que planteaba, entre otras medidas, que existiera una serie de controles de edad antes de que se empezarán a jugar y que se establecieran unos límites diarios de pérdidas para evitar que una persona que pueda entrar en una conducta impulsiva pueda arruinarse por no poder parar, según Miguel Sánchez López.

El grupo socialista ha agradecido las aportaciones que este grupo hizo en el Congreso, pero ha rechazado las enmiendas actuales al considerarlas reiterativas y que contradicen el espíritu de la ley del juego y ponen en peligro los acuerdos con las comunidades autónomas.

Los socialistas también han rechazado las presentadas por Vox, en una de las cuales, según Escudero, se pretende "impedir el acceso a la información de las policías autonómicas", que reconocen los Estatutos de Autonomía.

Las claves de la ley del Juego

Estas son algunas de las claves de la reforma:

1 - Trata de formalizar con rango de ley un instrumento técnico, gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el llamado Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma), en el que se almacenarán por un tiempo máximo de un año datos de personas que puedan haber incurrido en algún tipo de comportamiento o posible fraude vinculados a la competición.

A esta red de cooperación interactiva y accesible por vía telemática se podrán adherir todas las entidades interesadas en erradicar el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas: el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales, los operadores del juego y las fuerzas de seguridad del Estado y autonómicas.

2 - La publicidad de los operadores de juego se deberá hacer bajo el principio de "responsabilidad social", con lo que quedarán prohibidas:

• Las que inciten a actitudes o comportamientos antisociales o violentos de cualquier tipo, discriminatorios por razones de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión o convicción, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• Las que inciten a actitudes o comportamientos humillantes, denigratorios o vejatorios y las que relacionen de forma positiva o atractiva las actividades de juego con actividades o conductas ilícitas o perjudiciales para la salud pública.
• Las que den lugar a daños económicos, sociales o emocionales, desacrediten a las personas que no juegan u otorguen una superioridad social a aquellas que juegan, sugieran que el juego puede mejorar las habilidades personales o el reconocimiento social o incluyan contenido sexual y vinculen el juego a la seducción, el éxito sexual o el incremento del atractivo.
• Las que presenten el juego como indispensable, prioritario o importante en la vida.

3.- El Gobierno pondrá en marcha un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (registro de prohibidos) e instará a las autoridades autonómicas a que interconexionen la información de sus correspondientes registros.

4.- El Gobierno establecerá unas directrices, en el ámbito digital para el uso más seguro y responsable de los "activos digitales no fungibles", es decir las cajas botín o mecánicas de monetización de los usuarios de videojuegos. Los 'botines' se reciben a cambio de un pago con moneda virtual del videojuego al superar retos, aunque también, si no se quiere esperar a conseguirla se puede obtener con dinero real.

5.- Con la reforma además se modificará la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ya se reformó hace siete meses, para que las sanciones que se impongan se puedan adecuar a la capacidad económica de la empresa infractora, siendo estas efectivas y disuasorias. Las infracciones podrán ser de leves (entre 150 y 10.000 euros), graves (entre 10.001 y 100.000) hasta las muy graves (de 100.001 a 1.000.000 euros), en las que se el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios por un plazo máximo de cinco años.