Formación, inserción sociolaboral y reparación: así es el plan contra la explotación sexual de menores tuteladas

• Las medidas llegan tras los abusos a niñas y adolescentes del sistema de protección que han salido a la luz en los últimos meses
• Se han comprometido a que en 2026 ningún menor de seis años tutelado por las Administraciones viva en centros residenciales

La iniciativa busca combatir la explotación sexual de menores en el sistema de protección a la infancia.

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este jueves, por unanimidad, un plan para luchar contra la explotación sexual de menores en el sistema de protección a la infancia, un catálogo de medidas diseñadas tras los abusos a niñas y adolescentes tuteladas que han salido a la luz en los últimos meses en varias regiones.

Las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Derechos Sociales, Ione Belarra, han presidido una Conferencia Sectorial extraordinaria, con participación telemática de los consejeros de ambas áreas para dar luz verde al plan, que incluye la formación de los profesionales que trabajan con menores, una guía de actuación para los casos que se detecten y programas de inserción sociolaboral.

"Proteger a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de la violencia sexual es una obligación del Estado. Por eso hoy en la Conferencia Sectorial con las CCAA aprobamos por unanimidad el Plan de acción contra la explotación sexual en el sistema de protección a la infancia", ha escrito Montero en una publicación de Twitter en la que ha ofrecido algunos detalles sobre lo que contempla la iniciativa.

En declaraciones a los medios tras la reunión, los secretarios de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales, Ángela Rodríguez y Nacho Álvarez, respectivamente, han calificado de "buenísima noticia" el haber llegado a un acuerdo en esta materia tras meses de trabajo.

En una primera reunión, el 4 de febrero, se puso sobre la mesa la necesidad de reforzar las herramientas existentes para garantizar que el sistema de acogida vela por los derechos de los menores, con especial énfasis en la prevención y la detección de posibles casos de explotación sexual o violencia. Se dieron un mes para para presentar el "plan de choque" aprobado este jueves.

Reforzar la protección de los menores

El objetivo del plan aprobado por Gobierno y autonomías es prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas, y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan en un futuro.

Este plan de choque se basa en varios principios de intervención: el enfoque de género, ya que en este tipo de violencia las menores son un "blanco de preferencia para los abusadores, proxenetas o explotadores"; la coordinación institucional; la atención individualizada de carácter terapéutico; y el acogimiento familiar como alternativa habitacional frente al centro residencial.

Según ha explicado la ministra en redes sociales, el plan incluye un itinerario específico para niñas y adolescentes víctimas vinculado al I Plan de Inserción Sociolaboral para víctimas de trata, explotación sexual o mujeres en situación de prostitución y también un programa de acompañamiento y recuperación integral para víctimas tuteladas por la Administración, "para que puedan acudir de forma segura y confidencial a un lugar fuera del espacio de tutela donde ser creídas".

Además, se mejorará la formación de los profesionales del sistema de tutela "para que sepan cómo actuar para asistir y ayudar a estas niñas y adolescentes" y se reforzarán todas las vías de detección precoz, asistencia, acompañamiento y reparación.

Según los últimos datos disponibles, en 2020, el número de menores cuya guarda o tutela estaba en manos del sistema público de protección a la infancia era de 35.883: 18.892 (el 53 %) vivían en acogimiento familiar, y 16.991 (un 47%) se encontraban en acogimiento residencial.

Del total de menores en acogimiento residencial un tercio son niñas (5.666 niñas o chicas adolescentes) y un 6% (1.030) tiene alguna discapacidad.

Compromiso para que en 2026 no haya menores de 6 años en centros tutelados

Gobierno y comunidades consideran que la mejor forma de proteger a las niñas vulnerables de las redes de explotación es que crezcan en familias o "en recursos pequeños, flexibles y que permiten un seguimiento personalizado" y por ello propone que antes de 2026 las instituciones se comprometan a que "ningún niño o niña menor de 6 años en situación de guarda o tutela por las Entidades Públicas de Protección a la Infancia viva en recurso residencial".

También se comprometen a que "antes de 2031, ningún niño o niña menor de 10 años vivirá en un centro residencial", para ello, el Ministerio de Derechos Sociales elaborará un estudio sobre "los cuellos de botella" que están impidiendo "el despegue" del acogimiento familiar.

En 2020, el número de menores atendidos por el sistema público de protección a la infancia era de 49.171 (50.272 el año anterior), según los últimos datos del Ministerio que dirige Belarra.

Álvarez ha señalado que este compromiso de fortalecer las redes de acogida familiar requiere de un impulso de financiación que emanará del fondo europeo social plus relativo a la garantía infantil.

Al mismo tiempo, ha señalado Álvarez, su Ministerio ya tiene una línea de financiación con las comunidades vinculada al uso de los fondos europeos para impulsar las redes de acogimiento familiar que evite el paso de los menores por los centros de acogida. De hecho, el Plan también prevé el desarrollo y despliegue del acogimiento familiar de "dedicación exclusiva".

Servicios especializados para víctimas

Las medidas del plan están dirigidas por un lado a reducir a corto plazo la incidencia de la explotación sexual en los centros de acogida pero también a llevar a cabo, a medio y largo plazo, "modificaciones estructurales" del sistema de protección dirigidas para solventar las debilidades del sistema que impiden prevenir este tipo de violencia.

El Plan contempla la formación especializada a todos los trabajadores de los alrededor de 1.300 centros que hay en las comunidades.

Asimismo incluye algunas de las herramientas contempladas en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia como la elaboración de un protocolo contra la explotación sexual en los centros, y una guía que le acompañará de actuación, detección, notificación y derivación de casos.

Esta guía comprenderá, entre otros, un catálogo común de indicios e indicadores para la detección de víctimas, pautas concretas sobre notificación y derivación de casos y un procedimiento de intervención coordinada que garantice la recuperación de las víctimas.

Se crearán servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, que se pondrán en marcha en el primer semestre de este año, según el plan.

El pasado mes una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Baleares para analizar diversas denuncias de explotación sexual de menores tutelados por el Consell de Mallorca.

Protocolo ante la fuga de menores de centros

Incluye un "sistema de monitoreo" de la calidad de la transición a la vida adulta de los menores y el desarrollo de un protocolo de actuación para todas las comunidades ante la desaparición y fuga, que articule el sistema de protección, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Fiscalía; y que cuente con un formulario único de notificación de casos de desaparición.

Además, contempla la reducción antes de 2031 del número medio de plazas por centros hasta 15 en todo el territorio y transformación progresiva de los centros de más de 30 plazas, "ya sea cerrándose o convirtiéndolos en centros de protección con hogares independientes".