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El juez propone juzgar a 13 supuestos miembros de los CDR por terrorismo

  • García-Catellón les acusa de preparar acciones violentas para el aniversario del 1-O
  • Según el auto, pertenecían al denominado Equipo Táctico de Resistencia (ERT) 

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Centenares de personas participan en una manifestación convocada por los CDR con motivo de la Diada del 11 de septiembre en el Paseo de Gracia de Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta
Centenares de personas participan en una manifestación convocada por los CDR con motivo de la Diada del 11 de septiembre en el Paseo de Gracia de Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por un delito de terrorismo a 13 presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que planearon supuestamente sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales de Cataluña en 2019.

El magistrado ha atendido la petición de la Fiscalía en un auto en el que acuerda procesarles por un delito de pertenencia a organización terrorista, al que suma otros de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista para nueve de ellos.

La mayoría de los procesados, agrupados en el autodenominado Equipo Táctico de Resistencia (ERT), fueron detenidos en septiembre de 2019 en la conocida como Operación Judas por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del referéndum del 1 de octubre.

Entre ellos figura la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), Queralt Casoliva (de la CUP-Amunt).

Grupo radicalizado

El auto indica que los investigados comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical, y añade que su objetivo era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión.

Los investigados habrían conformado "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.

Los detenidos se agrupaban en el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una supuesta célula radical dentro de los CDR creada por la necesidad de contar con un grupo clandestino de máxima confianza.

García Castellón asume en su auto la tesis de la Guardia Civil y de la Fiscalía y recuerda que los miembros del ERT han participado en acciones contundentes como cortes de carretera o levantamiento de barreras de peajes.

El auto considera también que intervinieron en la creación y desarrollo de los centros de coordinación (CECOR) y asumieron el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament.

La ocupación se realizaría por la puerta principal y el plan contemplaba el alquiler de inmuebles para permanecer en el interior al menos una semana, montando antenas para mantener las comunicaciones, con un presupuesto estimado de 6.000 euros.

Vigilancia de objetivos

Tras la investigación, el juez concluye que la célula presuntamente formada por los procesados "elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior", y recuerda que cuando fue desarticulada algunos miembros ya habrían desarrollado actos preparatorios como reconocimiento de objetivos, vigilancia de instalaciones policiales, y la toma de fotografías y vídeos de accesos, cámaras, localización de torres eléctricas, agentes y matrículas de vehículos policiales.

Sobre los presuntos objetivos, el auto menciona la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones policiales, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o el propio Parlament.

El auto destaca el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona que llevó a cabo supuestamente el procesado Jordi Ros, quien también habría realizado diferentes búsquedas en Internet sobre personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un mosso d'Esquadra.

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