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El Govern crea un fondo de 10 millones para pagar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas

  • Se denominará Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT)
  • Convivencia Cívica Catalana denuncia a Aragonès y al resto del Govern por la creación del fondo

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El Govern crea un fondo para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a exaltos cargos de la Generalitat

El Govern catalán ha creado un fondo para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros. El Tribunal de Cuentas considera que promocionaron el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

Este fondo, que llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros que se actualizará "anualmente". 

El conseller de Economía defiende la "solidez jurídica" de la medida

El fondo, al que podrán acogerse todos los funcionarios y altos cargos, "tiene como objetivo hacer frente a las obligaciones legales que no queden cubiertas por pólizas de seguros que la Generalitat tiene suscritas", explica el Govern en un comunicado. "El decreto se basa en el principio de indemnidad que obliga a las administraciones a defender a los trabajadores públicos mientras no haya sentencia firme".

Si se agotan las vías judiciales y "se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero" y las costas puntualiza el comunicado.

Durante su presentación, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha destacado la "solidez jurídica" de esta iniciativa, y ha declarado que solo se trata de "bloquear dinero para un aval, "no de dar 10 millones a nadie". Giró ha especificado que los fondos saldrán del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). 

Denuncia de Convivencia Cívica Catalana 

Tras anunciarse la creación del fondo, la organización Convivencia Cívica Catalana ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia
de Barcelona
 contra todos los consejeros del Govern por "asumir ilegalmente el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas".

"A juicio de la organización constituye malversación de caudales públicos y prevaricación", afirma Convivencia Cívica en un comunicado. La organización considera que estos gastos "no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat, toda vez que se está acusando
a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos, hecho este manifiestamente antijurídico".

"La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de estos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal", añade. 

Casado anuncia que recurrirá el fondo del Govern

Por su parte el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "evite esta inadmisible malversación" y ha adelantado que su partido solicitará la inhabilitación de quienes aprueben el fondo. De este modo, los 'populares' interpondrán recurso y además denunciarán a la Generalitat por prevaricación y malversación.

En un vídeo remitido a los medios, Casado ha denunciado "graves irregularidades" que a su juicio se están competiendo en esta ocasión con "la complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque se siguen incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales", ha recalcado el presidente del PP.

El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que su Gobierno siempre ha defendido que todas las acciones de los gobiernos autonómicos han de estar sujetas a derecho. Por ello, ha señalado que estudiarán la decisión y a partir de ahí "si está sujeto a derecho nada que objetar y, si no está sujeto a derecho, -ha precisado-, evidentemente tendremos que recurrirlo".

El Tribunal reclama el dinero a 40 exaltos cargos de la Generalitat 

El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879,48 euros a 40 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Una cantidad que se sumaría a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calculó que costó la consulta ilegal del 1-O. La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta según su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo.

La cantidad más importante recae en el ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones de euros. Le siguen el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.

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