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Asociaciones de jueces piden consenso y no reformar "en caliente" los delitos sobre libertad de expresión

  • Justicia estudiará cambiar el enaltecimiento de terrorismo y las injurias a la Corona para evitar que se condenen con cárcel
  • Unidas Podemos ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados su propia Proposición de Ley

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Manifestación por la libertad de expresión y contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel
Manifestación por la libertad de expresión y contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel

Las asociaciones de jueces con mayor representación en la Carrera, la Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (AJFV), solicitan consenso entre todas las fuerzas políticas a la hora de reformar delitos sobre libertad de expresión y coinciden en pedir "cautela", profundización y no reformas "en caliente" respecto de cualquier cambio en el Código Penal.

Hacen esta petición tras conocer el anuncio realizado por el Gobierno sobre este asunto. En un breve comunicado, el Ministerio de Justicia ha informado este lunes que está planteando una revisión de los delitos relacionados con la libertad de expresión para que dejen de tener penas de cárcel.

Por otro lado, Unidas Podemos (UP) ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados su propia Proposición de Ley para proteger la libertad de expresión y que incluye, entre otras medidas, derogar los delitos por injurias a la Corona o por enaltecimiento del terrorismo.

Desde el Comité Nacional de AJFV se señala que, como juristas, no deben entrar en si se debe despenalizar o no este tipo de delito, al ser algo que corresponde al legislador. "Lo que sí que podemos decir es que se trata de un debate muy importante, de trascendencia de ley orgánica y que, por tanto, se debe analizar con la máxima cautela, prudencia y tranquilidad. En cualquier caso, se deben evitar reformas del Código Penal a golpe de titular o de casos concretos, la seguridad jurídica es lo primero", añaden en declaraciones a Europa Press.

Un derecho fundamental

Asimismo, indican que la libertad de expresión es clave en una democracia y su regulación tiene que ser cuidadosa para no disuadir de expresar opiniones, pero sin olvidar que a veces se cometen delitos por este medio como por ejemplo, amenazas.

En todo caso, desde AFJV consideran que la libertad de expresión es un derecho fundamental incluido en el núcleo duro de la Constitución y por tanto sus limitaciones deben ser restrictivas, más aún cuando tienen trascendencia penal, "pero eso no puede justificar que se abuse de este derecho fundamental para atentar contra otros bienes jurídicos que son merecedores de protección penal".

"La ponderación y proporcionalidad entre el libre ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la convivencia es lo que debería primar en cualquier nueva regulación de este derecho, que debe hacerse, en todo caso, valorando la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)", añaden.

Requiere mayoría absoluta de las Cámaras

Por parte de la APM, la magistrada portavoz María Jesús de Barco coincide con la cautela apuntada y añade que cualquier reforma del Código Penal requiere mayoría absoluta de las Cámaras, si bien "lo bueno, lo razonable, lo deseables que se alcance una mayoría suficiente entre las fuerzas parlamentarias".

En cuanto a los efectos que pueda tener la reforma, existirán si la reforma beneficia al reo, como puede ser el caso del rapero Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona en la letra de sus canciones, y que está en vísperas de entrar en prisión.

En todo caso, en declaraciones a la agencia Europa Press señala que "no es bueno reformar en caliente, ni para bajar, ni para subir porque tuviéramos ayer a unos artistas mostrando su descontento", en clara alusión al manifiesto de artistas en apoyo al cantante condenado.

Añade que si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es absoluto, tiene unos límites como son las injurias y las calumnias, y deben tenerse en cuenta lo que se denomina delitos de odio si hay canciones que incitan a ello o suponen humillación a las víctimas.

Por todo ello insiste en la cautela necesaria y en la necesidad de ponderar los distintos intereses a la hora de reformar por las consecuencias que ello tiene en los derechos y libertades de los ciudadanos.

El Gobierno admite que legisla urgido por la reacción a la prisión de Hasel

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes la necesidad de reformar "por la vía más rápida posible" los delitos que afectan a la libertad de expresión y ha admitido que es una reacción a la inminente entrada en prisión de Hasel.

La revisión de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía puede incluirse en la reforma global del Código Penal en la que trabaja el Ministerio de Justicia, que prevé retocar la sedición y la rebelión y tipificar la apología del franquismo, pero si ese departamento cree que puede retrasarse, se desgajará y se adelantará la parte que afecta a la libertad de expresión, ha apuntado tras el Consejo de Ministros.

No obstante, "hoy por hoy no hay elemento de urgencia para hacerlo fuera de la reforma global del Código Penal, salvo que el Ministerio de Justicia entienda que habrá sentencias en la misma línea y haya que acelerar", ha añadido.

Montero ha atribuido a la "frescura" y la "capacidad de escucha activa" del Gobierno el sorpresivo anuncio de que se reformarán los delitos que restringen la liberta de expresión y no ha ocultado que tras el sorpresivo anuncio del Gobierno está la condena a Hasel y también el manifiesto de los artistas pidiendo su libertad.

A su juicio, un "gobierno progresista que defiende la libertad de expresión", considera que pueda haber reproche penal a determinadas conductas "pero no desde luego con penas de cárcel como la conocida en los últimos días". Asimismo, ha dicho que una reforma de este calado debe tener "vocación de continuidad" y contar con un "amplio consenso", por lo que lo mejor es presentarla a través de un proyecto de ley del Ejecutivo y consultar a todos los organismos pertinentes.