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La Fiscalía del Supremo abre una tercera investigación a Juan Carlos I tras el hallazgo de dinero oculto en Jersey

  • Respecto a la investigación por el Ave a La Meca, no encuentra indicios de delito y deriva parte del caso a Anticorrupción
  • Además, el emérito está siendo investigado por posibles pagos de un empresario mexicano a través de un militar de su confianza

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La Fiscalía del Supremo abre una tercera investigación al rey emérito aunque no ve indicios de delito en el caso del Ave a La Meca

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han revelado este viernes la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, Juan Carlos I, que se encuentra en estado "embrionario" y de la que se ocupará la Fiscalía del Tribunal Supremo en colaboración con Anticorrupción.

Las pesquisas partirían de una información procedente de "inteligencia financiera" se han limitado a señalar.

Según han informado fuentes de la investigación a TVE las indagaciones se han iniciado tras el hallazgo de dinero oculto en la isla de Jersey.

Por otra parte, la Fiscalía del Supremo no ha encontrado indicios de delito en la investigación por presuntas comisiones del Ave a La Meca.

Durante un encuentro informal con la prensa, Delgado y Luzón no han revelado ningún aspecto relativo al contenido de esta nueva investigación al rey, que se une a la ya abierta por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y la más reciente sobre posibles pagos de un empresario mexicano amigo suyo a través de un militar de confianza del rey emérito. 

A partir de ahora, Luzón se incorpora al equipo de fiscales que investiga al emérito en el Supremo. Anticorrupción ha sido quien ha iniciado, precisamente, las otras dos investigaciónes.

No ve indicios de delito en el caso del AVE a La Meca

La Fiscalía, que asumió en agosto la investigación correspondiente a las presuntas comisiones que se habría llevado el emérito por las adjudicaciones del Ave a La Meca, no ha encontrado indicios de delito y ha enviado la parte que corresponde a personas no aforadas a Anticorrupcion.

En concreto, la investigación trata de aclarar el destino de 80 millones de euros que, según la empresaria Corinna Larsen, se habrían repartido entre otros el rey emérito, Juan Carlos I, por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. Esta investigación está vinculada a un posible delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.

Esta investigación previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna. Al igual que en este caso, sobre los nuevos hechos investigados correspondería al Supremo iniciar un procedimiento al ser el rey emérito aforado ante este órgano.

Precisamente Larsen, que estaba imputada en el caso Villarejo, ha vuelto a ver la semana pasada archivada la pieza número 5 del caso, conocida como 'Carol', que había sido reabierta en julio por sus encargos al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a una asistente. Fue en esas conversaciones en las que habló de presuntas cuentas de Juan Carlos I en Suiza.

Posibles pagos de un empresario mexicano

La última investigación en conocerse hasta este viernes había sido la que pretende esclarecer si el empresario mexicano amigo de Juan Carlos I, Allen Sanginés-Krause, transfirió fondos a cuentas en España que presuntamente estaban a nombre de un militar de confianza del rey emérito, con el que se habrían pagado gastos de don Juan Carlos.

La Fiscalía del Supremo tendrá que esperar la información que llegue de varias comisiones rogatorias, entre ellas una a México, para saber si se pudo cometer algún delito fiscal, aunque para eso las cifras de los pagos deberían rebasar los 120.000 euros al año.

Sobre esta cuestión, elDiario.es apuntó a un posible uso de tarjetas opacas por parte del rey emérito y la reina Sofía, del que habrían sido beneficiarios varios familiares -en ningún caso Felipe VI, la reina Letizia ni sus hijas-.

La Fiscalía General del Estado está llevando al respecto una investigación interna el para esclarecer la filtración de datos de carácter reservado a un medio de comunicación. 

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