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El Supremo investiga al magistrado del Constitucional Fernando Valdés por presunta violencia de género

  • El examen de las declaraciones de testigos y las referencias de uno de los agentes "conforman base indiciaria suficiente"
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El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés en una imagen de archivo
El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés en una imagen de archivo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir causa al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de un delito de malos tratos en el ámbito familiar contra su mujer por el que fue detenido el pasado mes de agosto.

La Sala, según un auto notificado este martes, comparte el criterio de la Fiscalía y considera en un auto que hay "una base indiciaria suficiente para descartar cualquier decisión diferente" a la apertura de una causa "con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

La decisión supone seguir con las investigaciones iniciadas por la juez de Majadahonda (Madrid) donde ocurrieron los hechos denunciados. Tras analizar su contenido, el Supremo señala que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito.

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De acuerdo con el auto, la Sala aprecia en la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda "indicios" de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal y designa como instructor de esta causa al magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Añade que el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes "conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias".

Pena de prisión de seis meses a un año

El tipo penal de maltrato en el ámbito familiar, castiga con una pena de prisión de 6 meses a un año o de trabajos a la comunidad a quien "por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico" o una lesión, o "golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia". Una pena que se elevaría si el presunto delito tiene lugar en el domicilio común.

El Supremo ha tomado esta decisión pese a las declaraciones que tanto Valdés como su cónyuge prestaron ante la jueza de guardia y en virtud de la versión de dos testigos y de uno de los agentes actuantes, pues "conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias".

Por ello, nombra instructor, conforme al turno previamente establecido, "para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal".

Valdés fue detenido en agosto

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE y de 75 años, fue arrestado el pasado 11 de agosto en su domicilio de Majadahonda y, tras declarar ante el juzgado, quedó en libertad al valorar la magistrada su estado de salud, su edad, la situación de alerta sanitaria por el coronavirus y también su condición de aforado ante el Supremo.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, se hizo cargo del asunto, pero al estar Valdés aforado ante el Supremo, es la Sala Segunda (de lo Penal) de este tribunal la única que puede investigarle.

malos tratos en el ámbito familiar

La magistrada especializada en violencia sobre la mujer elevó una exposición razonada al Supremo donde apreciaba la eventual comisión del delito de "malos tratos en el ámbito familiar" por el que le investigará ahora el alto tribunal, un criterio que también asumió la Fiscalía.

Tras su arresto, el Tribunal Constitucional emitió un escueto comunicado para pedir que se respetara su presunción de inocencia.

Enmarcado en el sector progresista del tribunal, es uno de los cuatro magistrados cuyo puesto está pendiente de renovación tras concluir su mandato hace ocho meses.