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El juez de la Operación Kitchen considera acreditado que la Policía robó a Bárcenas grabaciones con dirigentes del PP

  • Y asegura que esa operación policial fue pagada con fondos reservados de manera ilegal
  • Habrían robado documentos y audios comprometedores para algunos dirigentes del PP

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Imagen de archivo en la que aparece el extesorero del PP Luis Bárcenas
Imagen de archivo en la que aparece el extesorero del PP Luis Bárcenas. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga la Operación Kitchen, considera acreditado que la Policía robó ilegalmente al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos y grabaciones de audio comprometedores para algunos de dirigentes del PP. Lo dice en una exposición razonada, de noviembre de 2018, que estaba bajo secreto y a la que ha tenido acceso TVE este martes. 

En dicho documento, el juez aseguraba que había tenido "conocimiento de un operativo policial denominado Kitchen o Cocina", que tendría por fin "la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial" relacionada con Luis Barcenas.

"Concretamente", señalaba el magistrado, "se ha tomado conocimiento de la existencia de diversos archivos de audio" albergado en un pendrive intervenido en la finca El Montecillo, domicilio habitual del excomisario José Manuel Villarejo.

Este material confiscado "vendrían a demostrar que dicho operativo excedería del marco legalmente previsto y que se dirigía sin habilitación legal o con exceso manifiesto de la que inicialmente podría haber tenido" a localizar documentos y archivos "que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular".

Según el magistrado, dicho operativo, habría tenido un resultado "positivo", pero sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido aportado al procedimiento judicial que se investiga. 

Con fondos reservados

Además, incide en que la documentación "reflejaría" que en dicha supuesta operación "se habrían empleado fondos reservados" con carácter "formalmente oficial, pero de contenido manifiestamente ilícito", lo que conllevaría a una "desviación de los recursos estatales para la consecución de finalidades espurias".

El juez concluía su escrito solicitando al Consejo de Ministros que se desclasificase la información relativa a esta operación, ya que legalmente estaba "sometida a la legislacion de secretos del Estado, teniendo restringido su acceso", así como también pedía que "se releve del deber de secreto a los funcionarios policiales"  en los hechos investigados. Unas peticiones a las que el Gobierno accedió en diciembre de 2018.

En esta pieza, que se enmarca dentro del caso Villarejo, se investiga una supuesta operación policial diseñada presuntamente desde el Ministerio del Interior en 2013 para espiar y sustraer documentos a Bárcenas con ayuda de su chófer, que fue imputado en la causa.

Aparte de Villarejo y otros ex altos mandos policiales, uno de los investigados en esta pieza es el ex número dos de Interior Francisco Martínez, que el pasado mes de enero se acogió a su derecho a no declarar por estar la pieza bajo secreto y no conocer con detalle las acusaciones contra él.

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