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Condenado a ocho años de cárcel por corrupción el expresidente ecuatoriano Rafael Correa

  • El tribunal le ha condenado a ocho años de prisión y a 25 años de inhabilitación política
  • Correa denuncia que las autoridades quieren inhabilitarlo para los próximos comicios de 2021

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Rafael Correa durante una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas
Rafael Correa durante una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha sido condenado este martes a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que perdería, además, sus derechos políticos durante 25 años, según ha dictaminado el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia.

De acuerdo a la sentencia, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, quien fuera su estrecho colaborador, han sido condenados como autores del delito de cohecho, mientras que la mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa han sido declarados coautores del mismo y dos exfuncionarias de la Presidencia como cómplices.

El panel de tres jueces que compone el tribunal ha emitido tanto para Correa como para Glas una condena de ocho años de prisión y la inhabilitación política durante 25 años. "La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena esta ejecutoriada. Esto debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme", ha explicado a la agencia Efe una fuente judicial sobre el alcance de la condena.

El exmandatario enfrenta asimismo el pago de una suma por daños y perjuicios, además de una reparación integral con la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.

Acusado de liderar una red de corrupción

La sentencia acusa a Correa de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de contratos millonarios del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.

El expresidente, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, ha calificado "de payasada" el juicio y su defensa cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.

En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: "Todo estaba organizado desde arriba", dijo. Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.

Correa denuncia que quieren inhabilitarlo para los próximos comicios

Correa ha denuciado este martes la "judicialización de la política" en su país para inhabilitarlo antes de que pueda inscribirse como candidato para las elecciones de 2021.

"Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente", ha indicado Correa en declaraciones a Efe, en las que ha criticado la "urgencia" del fallo del tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia en plena crisis por la pandemia de coronavirus.

"Y yo regreso, así me metan preso, pero que me dejen registrar como candidato. No lo van a hacer", ha agregado. El exmandatario ha dicho que "es un atentado a los derechos humanos y a la democracia" y ha considerado el caso de "ridículo". "No existen sobornos por ningún lado", ha asegurado.

El expresidente ha dicho que no tiene "ninguna esperanza en el sistema de justicia ecuatoriano", al que "nadie hace caso a nivel internacional" y confía en que "esto cambie cuando cambie la situación política", en concreto "si ganamos las próximas elecciones", ya que considera que son la principal fuerza política de Ecuador.

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