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Del Poder Judicial a RTVE, las instituciones sin renovar a causa del bloqueo político entre PSOE y PP

  • La falta de acuerdo y la polarización bloquean la renovación de cargos en órganos e instituciones clave

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El distanciamiento entre PSOE y PP impide la renovación pendiente de varias instituciones
EFE

La primera reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, Pablo Casado, de esta legislatura ha servido para confirmar el desencuentro entre ambos, sin que hayan habido avances importantes en ninguno de los temas en los que es necesario un acuerdo. 

Terminó la parálisis política al menos para formar Gobierno, pero la ausencia de una mayoría sólida en los respectivos bloques de izquierda y derecha y la negativa a entenderse entre los principales partidos, PSOE y PP, hacen muy difícil a día de hoy que se aglutinen las amplias mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para renovar instituciones y órganos públicos que llevan ya mucho tiempo con sus cúpulas caducadas o en estado de provisionalidad.

El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración de RTVE... Son instituciones y entes públicos pendientes de renovación para cuya formación son fundamentales el acuerdo político y también el reparto de cuotas partidistas en función del peso parlamentario (algo criticado a lo largo del tiempo pero en la práctica nunca alterado por ningún gobierno).

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El Consejo General del Poder Judicial está en funciones desde  2018.

El Consejo General del Poder Judicial está en funciones desde 2018. EFE

Es el órgano de gobierno del poder judicial en España y está en funciones desde 2018. Un órgano que emana de la Constitución, colegiado, autónomo, integrado por jueces y juristas, que se encarga del gobierno del Poder Judicial (el tercer poder del Estado, junto al Legislativo y el Ejecutivo) y pretende garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función.

Se encarga de los nombramientos, ascensos y traslados de los jueces, inspecciona el funcionamiento de juzgados y tribunales y dicta la disciplina entre los miembros de la carrera judicial, sin que en ello se inmiscuya el Gobierno de turno. También nombra a los presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los principales órganos judiciales territoriales (Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), y elige a dos de los 21 miembros del Tribunal Constitucional.

Lo forman 20 miembros elegidos por un mandato de cinco años. Diez los elige el Congreso y otros 10 el Senado, con mayoría cualificada de tres quintos. La mayoría son jueces y magistrados, pero hay ocho plazas para expertos juristas, catedráticos, abogados, fiscales... El presidente del CGPJ es también el presidente del Tribunal Supremo.

Es el sistema de elección el que convierte al Poder Judicial en un ámbito para una politización indirecta de la Justicia. En la práctica, la elección de los miembros del CGPJ llega tras el acuerdo entre los partidos, con un habitual reparto de nombres y una consiguiente etiqueta de conservadores y progresistas. Según estas, la mayoría del actual CGPJ es conservadora, con diez de sus vocales nombrados a propuesta del PP cuando gozaba de mayoría absoluta en las Cortes.

A finales de 2018, PSOE y PP llegaron a un acuerdo para renovar el Poder Judicial con un nuevo balance de 11 vocales "progresistas" frente a nueve "conservadores" y poner al frente al juez Manuel Marchena (conservador). Pero unos polémicos mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidódesbarataron el acuerdo y la renovación, un asunto que no ha logrado retomarse y del que ahora se desentienden los 'populares' alegando las decisiones del PSOE de querer nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado fiscal general del Estado o la reforma del delito de sedición por el que se ha condenado a los políticos catalanes en el juicio del 'procés' independentista.

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional tiene que renovar a cuatro de sus magistrados desde noviembre de 2019

El Tribunal Constitucional tiene que renovar a cuatro de sus magistrados desde noviembre de 2019 EFE

El Tribunal Constitucional (TC) es el escalón más alto del edificio judicial en España, el intérprete supremo de la Constitución, un tribunal independiente de los demás poderes del Estado, también del poder judicial. Tiene pendiente de renovar a cuatro de sus doce magistrados desde noviembre de 2019, entre ellos su actual presidente, Juan José González Rivas.

El Constitucional es el que decide si las leyes y normas aprobadas en todos los niveles del Estado (también los tratados internacionales) se atienen a la Carta Magna o si invaden competencias de otras administraciones. Los gobiernos central y autonómico, el Congreso de los Diputados y el Defensor del Pueblo pueden plantear ante el TC recursos y cuestiones de inconstitucionalidad; y cualquier ciudadano puede presentar un recurso de amparo en caso de que crea vulnerados sus derechos fundamentales.

Además de esa importancia capital en el ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha protagonizado algunas de las sentencias con mayor calado político en los últimos años, como las referidas al proceso independentista catalán, al declarar nulos los referendos de 2014 y 2017, o antes, en 2010, al anular parte del Estatut catalán; además ha sido determinante en otras leyes de carácter social, como sus pronunciamientos sobre el matrimonio homosexual, la ley del aborto o la ley de violencia de género.

Lo forman 12 miembros, que deben ser juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio, a los que se designa por nueve años, aunque se renuevan cuatro cada tres años. Cuatro son elegidos por el Congreso, y otros cuatro por el Senado, de nuevo por mayoría cualificada de tres quintos. Otros dos los designa directamente el Gobierno y también dos el CGPJ, por mayoría de tres quintos de sus miembros.

De nuevo, esta fórmula da pie al uso de etiquetas de 'conservadores' y 'progresistas'. En la actualidad, hay siete jueces conservadores y cinco progresistas. Los cuatro que hay que renovar son los que nombró el Congreso (Juan José González Rivas, presidente; Encarnación Roca, vicepresidenta; y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés), pero la mayoría de tres quintos necesaria (210 votos en la Cámara Baja), obligaría a un apoyo no solo de PSOE y PP, sino que incluya a partidos del resto del arco parlamentario.

Tribunal de Cuentas

Desde 2018 está pendiente la renovación de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Desde 2018 está pendiente la renovación de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas. EFE

El Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado con una función fiscalizadora y jurisdiccional. Desde 2018 está pendiente la renovación de la vacante de uno de sus 12 consejeros, Lluís Armet i Coma, que renunció al cargo. El resto ha de renovarse en 2021.

Dicho brevemente, el Tribunal de Cuentas se encarga del control externo del sector público en España. Emite informes, memorias, mociones y notas, y tiene capacidad para enjuiciar y sancionar a quienes incurran en faltas contables en el manejo de fondos públicos. Depende de las Cortes Generales y ejerce su función por delegación de estas, aunque con independencia. Al margen del Tribunal de Cuentas, existen órganos de control externo de las comunidades autónomas, para estas mismas funciones a nivel autonómico y local.

El Tribunal de Cuentas lo forman 12 consejeros, seis nombrados por el Congreso y otros seis por el Senado, por mayoría de tres quintos, para un período de nueve años, entre funcionarios del propio Tribunal, magistrados, fiscales, profesores universitarios y funcionarios de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio.

Defensor del Pueblo

Francisco Fernández Marugán ejerce como Defensor del Pueblo en funciones desde julio de 2017.

Francisco Fernández Marugán ejerce como Defensor del Pueblo en funciones desde julio de 2017. EFE

El Defensor del Pueblo es el órgano más provisional de todos en la actualidad. El actual defensor, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán lleva ejerciendo el cargo en funciones tres años, desde julio de 2017, cuando acabó el mandato de Soledad Becerril y él, como adjunto, ocupó provisionalmente el puesto.

El Defensor del Pueblo, según lo describe la Constitución, es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante la Administración. Recibe las quejas de cualquier ciudadano que cree que se han vulnerado sus derechos para pedir una investigación al respecto, aunque también tiene capacidad para actuar de oficio en los asuntos que considere y son de su competencia, entre ellos el funcionamiento de las cárceles, y puede elevar recursos ante el Tribunal Constitucional, como hizo cuando recurrió la ley que permitía a los partidos políticos recopilar datos de internet para crear perfiles para su publicidad electoral.

La comisión mixta parlamentaria que se encarga de las relaciones con el Defensor también es la que propone el nombre del candidato, que debe ser ratificado en el Congreso y en el Senado por una mayoría de tres quintos en cada cámara. El mandato del Defensor del Pueblo dura cinco años

Consejo de administración de RTVE

RTVE lleva sin consejo de administración desde verano de 2018.

RTVE lleva sin consejo de administración desde verano de 2018. EFE

En la corporación pública de radio y televisión, RTVE, la situación es de interinidad, sin consejo de administración y con una administradora única provisional desde julio de 2018. 

Como toda empresa, la corporación pública precisa de un consejo de administración para desarrollar sus planes estratégicos, nombrar a sus directivos, organizar su estructura (canales de televisión, emisoras de radio y la web RTVE.es) y administrar y supervisar la labor del presidente. El consejo de administración de RTVE lo forman diez consejeros, elegido para seis años y renovable por mitades cada tres años. De los consejeros, uno ejerce la labor de presidente de la corporación.

A la espera de la resolución del concurso público que debía renovar el consejo, un concurso que sigue paralizado, la periodista Rosa María Mateo fue nombrada como "administradora provisional única", y aún sigue en el cargo pese a haberlo puesto a disposición del Gobierno para ser relevada ante la persistencia de la provisionalidad, debido al bloqueo político, las dificultades derivadas del propio proceso y la paralización de la actividad parlamentaria que lo rige.

La nueva ley para formar el consejo de administración estableció que seis de los diez consejeros fueran elegidos en el Congreso y cuatro en el Senado, por mayoría de dos tercios en primera votación, o mayoría absoluta en segunda votación, con el respaldo de al menos la mitad de los grupos. 

Pero antes, los candidatos han de salir de un concurso público en el que han sido previamente evaluados por un comité de expertos (designados a su vez por los partidos políticos). El proceso se puso en marcha en el verano de 2018 sin haber logrado formar un consejo de administración interino, por lo que Pedro Sánchez optó por la figura de la administradora única provisionalPensado para culminarse en tres meses, el proceso de renovación del consejo de administración de RTVE sigue bloqueado, con 20 candidatos ya seleccionados, pero con impugnaciones de algunos.

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