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La Justicia de Bolivia ordena la detención del expresidente Evo Morales

  • La Fiscalía pide que sea trasladado desde Argentina para prestar declaración en Bolivia
  • Morales ha obtenido estatuto de refugiado, lo que impide su extradición

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El expresidente de Bolivia Evo Morales durante una rueda de prensa en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
El expresidente de Bolivia Evo Morales durante una rueda de prensa en Buenos Aires (Argentina).

La Fiscalía boliviana ha emitido este miércoles una orden de detención del expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno interino salido del golpe de Estado acusa de supuestos delitos de sedición y terrorismo.

El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, compartió en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales, refugiado en Argentina, y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para "prestar su declaración informativa. El jefe de la Policía Anticorrupción, Luis Fernando Guarachi, lo ha confirmado.

La denuncia del gobierno interino se basa en un vídeo en que supuestamente se escucha la que parece ser la voz de Morales incitando a bloqueos de ciudades en el país.

Morales llegó a Argentina el pasado día 12 procedente de México, país que lo había asilado cuando el pasado 11 de noviembre abandonó La Paz después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar el cargo en medio de acusaciones de fraude electoral. Precisamente este miércoles, Argentina le ha reconocido oficialmente la condición de refugiado, lo que impide su extradición.

Tras su renuncia, se autoproclamó presidenta interina Jeanine Áñez. Tras la renuncia de Morales se produjeron enfrentamientos entre sus partidarios y las fuerzas de seguridad en los que murieron una veintena de personas.

Retraso de las nuevas elecciones

Áñez ha prometido nuevas elecciones pero los comicios pueden retrasarse. Los grupos parlamentarios y el único vocal con que cuenta por ahora el tribunal electoral nacional, Salvador Romero, han acordado este miércoles plantear en el Parlamento varias normas para retrasar la convocatoria electoral, con la consiguiente extensión del mandato del gobierno interino.

La convocatoria de nuevas elecciones podría así retrasarse a comienzos del próximo enero.