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Chile

AI denuncia que las fuerzas de seguridad chilenas violan los derechos humanos para detener las protestas

  • Amnistía Internacional asegura que las graves violaciones "no son hechos aislados ni esporádicos" 
  • El Gobierno de Piñera admite que se han cometido abusos pero niega que se trate de una política deliberada

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Un carabinero tira del pelo a un manifestante detenido en Santiago, el 21 de noviembre de 2019. REUTERS/Pablo Sanhueza
Un carabinero tira del pelo a un manifestante detenido en Santiago. REUTERS/Pablo Sanhueza

Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este jueves un informe en el que acusa a las fuerzas de seguridad de Chile de graves violaciones de los derechos humanos para detener las protestas que duran ya un mes. 

"Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros [la policía nacional] – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta", asegura el informe. 

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta", continúa. 

AI asegura que las graves violaciones (agresiones, violencia sexual, tortura, atropellos y disparos) "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".

El estallido social contra la desigualdad en Chile ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando el aumento en la tarifa del metro desencadenó la ola de protestas.

El acuerdo entre Gobierno y oposición para sustituir la constitución heredada de la dictadura ha calmado los ánimos de los chilenos, anque las manifestaciones se siguen produciendo.

Piñera rechaza el informe y asegura que los abusos serán investigados 

El Gobierno de Piñera ha rechazado categóricamente el informe y ha acusado a AI de "aseveraciones irresponsables" que pretenden "establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes".

La subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, ha asegurado que la ONG ni siquiera solicitó información al Gobierno, a lo que AI ha respondido alegando que solicitaron una reunión con el Ministerio del Interior y con el propio presidente, pero no recibieron respuesta.

Piñera, que llegó a identificar las protestas con una "guerra" y a los manifestantes con el "enemigo", reconoció que se habían cometido abusos en la represión de las manifestaciones, pero lo atribuyó a actuaciones individuales y aisladas, que serán investigadas. 

"Todo eso está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho", dijo Piñera en una reunión con corresponsales de medios extranjeros.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, también cree que no se está siguiendo el protocolo de uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. 

"Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos porque hay indicaciones claras: nunca se debe disparar de la cintura hacia arriba y eso se ha visto mucho", dijo Bachelet en una conversación con chilenos en Cambridge (Reino Unido) el pasado lunes. 

Bachelet, no obstante, no quiso emitir un juicio definitivo a la espera de las conclusiones de una una misión del Alto Comisionado que ha sido enviada al país andino. 

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