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La familia de Franco anuncia al Gobierno que recurrirá al Supremo y le pide parar la exhumación hasta el fallo

  • El Gobierno había dado un plazo de 15 días para que la familia comunicara un lugar diferente de la Almudena para enterrarlo

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Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, en una imagen de septiembre de 2018.
Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, en una imagen de septiembre de 2018.

El abogado de la familia de Francisco Franco han remitido un escrito al Gobierno en el que advierten de que recurrirán la orden de exhumación del dictador del Valle de los Caídos ante el Tribunal Supremo y que pedirán con ello medidas cautelares, por lo que instan al Ejecutivo a no iniciar el proceso hasta que no falle el Alto Tribunal.

El pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros determinó que la sepultura que la familia de Franco tiene en la Catedral de la Almudena es "inidónea" y pidió a los familiares un plazo de 15 días para comunicar un nuevo lugar para enterrar de nuevo los restos de Franco. Según dicho acuerdo, en caso contrario sería el propio Ejecutivo quien determinaría el sitio donde serían enterrados nuevamente.

Sin embargo, en el escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, los nietos del dictador, a través de su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, piden al Gobierno que "tenga por anunciada a los efectos oportunos la interposición de recurso contencioso-administrativo" ante el Supremo, así como "la solicitud de medidas cautelares tendentes a la suspensión del citado acuerdo en su totalidad, incluyendo expresamente la suspensión del plazo concedido para designar un nuevo lugar de reinhumación".

No indican un lugar alternativo a La Almudena

Determinan que "sólo en el hipotético caso" de que el Supremo desestimase su recurso, la familia "señalaría un lugar alternativo" para enterrar los restos mortales del dictador, "para lo cual deberá concederse un plazo razonable, habida cuenta de los requisitos que ha de cumplir dicho emplazamiento para que sea de agrado del Gobierno". Especifica también su deseo de que en este caso, el entierro sea católico.

Señala además, que los restos de Francisco Franco "no son de su propiedad ni constituyen un buen de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo".

También recuerda que el acuerdo del Consejo de Ministros establece que el proceso"no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva incluida la cautelar y esta Sala se haya pronunciado al respecto".

Por todo ello, y remitiéndose a un auto del Alto Tribunal del 17 de diciembre de 2018, exige al Ejecutivo que se abstenga "de realizar actuación alguna tendente a la ejecución del referido acuerdo de exhumación así como a adoptar ninguna decisión relativa a una eventual de los restos mortales" de Francisco Franco hasta que no se pronuncie el Supremo.

Creen que el acuerdo del Gobierno es "contrario a la ley"

Insisten los nietos de Franco en que el acuerdo para el traslado de sus restos es "nulo de pleno derecho por ser claramente contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales" mediante una "grave violación" de los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y la intimidad personal y familiar".

Argumentan que no hay precedentes en la historia de España de "ningún cadáver español respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares".

Y a renglón seguido sostienen que son "absolutamente gratuitas y carentes de rigor alguno" las razones con las que el Gobierno pretende justificar esa "insólita e ilegal" privación del derecho de los nietos a "disponer de los restos mortales de su abuelo".