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Nicaragua

La comunidad internacional condena la expulsión de instituciones que velan por los Derechos Humanos en Nicaragua

  • Daniel Ortega ha dado por concluida la presencia del MESENI y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
  • El Gobierno también ha confiscado las propiedades de las ONG nacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos

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Pablo Parenti, miembro del GIEI, deja su hotel después de que el gobierno nicaragüense expulsara del país el seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pablo Parenti, miembro del GIEI, deja su hotel después de que el gobierno nicaragüense expulsara del país el seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta es la secuencia de los hechos: El Gobierno del presidente Daniel Ortega comunicó este miércoles que daba por concluida la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI investigó los sucesos ocurridos durante las protestas que se prolongaron hasta finales de mayo y con las que la ciudadanía reclamaba la salida de Ortega. La presentación de su informe final estaba previsto para este jueves en Managua, pero en lugar de eso sus miembros tuvieron que abandonar el país.

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha dicho este viernes que resulta alarmante la decisión del Gobierno de Nicaragua de forzar la salida del país "de dos importantes instituciones de derechos humanos establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Esto "deja prácticamente al país sin órganos de derechos humanos independientes funcionando en Nicaragua", sostuvo la chilena Bachelet.

Esa medida sigue además a la cancelación de la personalidad jurídica y confiscación de propiedades de ONG nacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos.

La OEA se suma a la condena

El Grupo de Trabajo para Nicaragua, integrado por 12 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó hoy la decisión de Managua de suspender la presencia de dos organismos de la CIDH y lo invitó a reconsiderar la medida.

El Grupo de Trabajo está constituido por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

"Urge al Gobierno de Nicaragua reconsiderar su decisión y permitir a los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, su regreso al país", añadió en su comunicado hecho público este viernes por el Grupo de Trabajo.

Los doce países de la OEA han reiterado su "preocupación por los obstáculos que el MESENI y el GIEI han enfrentado continuamente para llevar a cabo sus respectivos mandatos", así como por "el incumplimiento por parte de Nicaragua de los acuerdos establecidos con ambos mecanismos y la CIDH".

Igualmente, han reprobado la persecución de las últimas semanas contra organizaciones defensoras de derechos humanos, mediante "su criminalización y cancelación de personalidad jurídica, así como las reiteradas violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación".

A tiempo de solidarizarse con el pueblo de Nicaragua, los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, víctimas, presos políticos y sus familiares", el Grupo reiteró su disposición a continuar "trabajando con miras a tener un diálogo constructivo, pacífico, y sincero" con el Gobierno de Daniel Ortega.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, ha calificado de "alarmante" la situación de Nicaragua, que, considera, debe ser seguida con atención por la comunidad internacional

Daniel Ortega, expulsó a dos misiones de la CIDH luego de acusarlas de actuar de manera interferente y parcial en su evaluación del La situación del país en el marco de las protestas antigubernamentales.

Daniel Ortega ha expulsado dos misiones de la CIDH tras acusarlas de actuar de manera parcial en el marco de las protestas antigubernamentales. En la imagen Amerigo Incalcaterra, miembro del GIEI abandonando su hotel. AFP / INTI OCON

Ortega no desea tener "testigos directos de sus crímenes", según los opositores

La decisión del Gobierno de Nicaragua de dar por concluida la misión de dos entes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), busca evitar que haya "testigos directos" de los "crímenes" cometidos por el Ejecutivo en el marco de la crisis que vive el país y que ha dejado centenares de muertos, ha denunciado este viernes un grupo opositor.

"Esta expulsión confirma el rumbo de represión y violaciones a los derechos humanos en que se han embarcado los dictadores y el deseo de no tener testigos directos de sus crímenes", ha señalado el denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora de Nicaragua, en una declaración..

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, comunicó el miércoles al MESENI la suspensión temporal de su misión, y dio por expirado el plazo al GIEI, que investigaba las violaciones a los derechos humanos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

El GIEI tenía previsto presentar este jueves en Managua un informe de 460 páginas sobre los descubrimientos arrojados por su investigación.

La situación ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo a la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 545 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado

Trump rubrica la Nica Act, que afecta a los préstamos a Nicaragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rubricado este viernes el proyecto de ley conocido como Nica Act, que tiene como principal objetivo bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.

La norma fue aprobada en el Congreso con un gran consenso en noviembre, tras cerca de dos años de debate.

La ley impone sanciones individuales para miembros del Gobierno de Daniel Ortega y limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Concretamente, el texto condiciona la aprobación estadounidense de los préstamos a la convocatoria en Nicaragua de elecciones "libres, justas y transparentes" bajo el punto de vista de Washington.

La Nica Act fue promovida en el Congreso por la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen y los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, así como el demócrata Bob Menéndez, todos ellos de origen cubano.

La aprobación de la Nica Act ha sido una preocupación para Ortega, que ha reconocido que perjudicará a la economía nicaragüense.