Un juez de California bloquea la suspensión del Estatus de Protección Temporal ordenada por Trump

• Trump había ordenado la deportación de los inmigrantes de Honduras, El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán para 2019
• El juez se apoya en los graves daños para los afectados y el perjuicio para la economía

Protestas en Los Ángeles contra la suspensión del programa TPS.

Un juez federal de California ha prohibido este jueves implementar el plan migratorio de la administración Trump que pretendía retirar la protección a más de 300.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y Sudán en Estados Unidos.

La decisión ha entrado en vigor "de inmediato", ya que el cese del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) , previsto para los próximos meses, supondría según el magistrado de San Francisco Edward Chen un "daño irreparable" para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar Estados Unidos.

"De hecho, en todo caso, los demandantes han establecido que la economía local y nacionalidad se verán perjudicadas si cientos de miles de beneficiarios del TPS son expulsados", ha explicado el juez.

En un comunicado, el Departamento de Justicia asegura que el fallo judicial "usurpa el papel del poder Ejecutivo" y ha anunciado que "seguirá luchando" por el cumplimiento de las leyes de inmigración y por la seguridad nacional.

Trump ordenó la expulsión para 2019

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Estados Unidos concedió el TPS a El Salvador en 2001 por varios terremotos, mientras que Nicaragua y Honduras se benefician desde 1998 tras el devastador huracán Mitch, Haití estaba incluido desde el terremoto de 2010 que provocó 300.000 muertos y los sudaneses obtuvieron la protección en 2014 a raíz del conflicto de Sudán del Sur.

En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por períodos de 18 meses, pero el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

Trump ordenó a los 263.000 beneficiarios del TPS de El Salvador, 86.000 hondureños, 58.000 haitianos, 5.300 nicaragüenses y 1.000 sudaneses que preparasen "su salida" de EE.UU. o buscasen una alternativa migratoria legal. Todos se enfrentaban a la expulsión en 2019, aunque los sudaneses debían abandonar el país el próximo mes de noviembre.

La Administración también había avisado a los países de origen -Trump se refirió a El Salvador y Haití como "agujeros de mierda- que tuviesen listo el "regreso y reintegración de sus ciudadanos".